Por la boca muere el pez

La vida privada de los funcionarios públicos es inversamente proporcional a la responsabilidad e importancia de sus cargos.

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No queda bien a una mujer de tanta proyección jurídica, como debe ser la nueva Fiscal General (encargada), Martha Lucía Zamora, decir que las mujeres que ocupan altos cargos (en Colombia), son víctimas de prejuicios e intromisiones en su vida personal.

Esa no es una acusación cualquiera. Es una acusación de la Fiscal General. Y es una acusación que nos indiza en una cultura reprochable, condenada por normas nacionales e internacionales que mandan a recoger costumbres medievales.

No le queda bien a la Fiscal entrar con esa ligera apreciación populista a un cargo que demanda mucha seriedad, aplomo e imparcialidad, con el fin de que la aplicación debida de la justicia no vaya a sesgarse por ningún lado, como por ejemplo, por el lado en que la confesa subjetividad de la Fiscal pueda incidir inconscientemente en sus decisiones.

Esa acusación, así tan generalizada, resulta temeraria en boca de tan alta autoridad: si es cierta, desdice de la cultura de género de este país; y si no lo es,  desdice de la ponderación emotiva de la nueva Fiscal.

Porque, en el caso de la caída de la Fiscal Viviane Morales, todo el mundo admite, sin mayor discusión, que el embate fue más de tipo político que personal o jurídico, sin que ello indique que asuntos personales y jurídicos no hayan influido también en el asunto.

Pero, si le quitamos la carga de género que le imprime la Fiscal a su declaración, quedamos en medio de una discusión que parece defensable por aquellos que piensan que el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos se va perdiendo en la medida en que mayor sea su exposición social.  

Sí, es cierto: en la medida en que la responsabilidad del cargo sea superior con la sociedad, en esa misma medida el titular debe guardar la compostura ética y moral prevalentes, por aquello de que a uno no le basta con ser honesto sino que también tiene que parecerlo.