Petro nos quiere matar de sed

«Ave, Caesar, morituri te salutant»

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La polémica creada en torno a la decisión de Bogotá de no venderle agua en bloque a los municipios vecinos, dizque con el fin de limitar la urbanización de la Sabana, no es cualquier “lagaña de mico”, como dice el docto vulgo.

La pelea no es nueva: data de un acuerdo del Concejo de Bogotá (el 06 de 1990) que prohibió de manera tajante la venta de agua en bloque a los municipios vecinos. Ese acuerdo fue revocado por el mismo Concejo en 1997, cuando ya estaba en vigencia la Constitución del ’91, a cuyo amparo (artículos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369 y 370), se expidió la ley 142 de 1994 que regula desde entonces toda la actividad de los servicios públicos en Colombia.

Y como dice también el mismo vulgo… “A buen entendedor, pocas palabras”.  Es decir, la revocatoria resultaba inconstitucional por haber perdido los concejos toda potestad de legislar sobre los servicios públicos.

La pilatuna de Petro podría ser: “Yo solo hago cumplir la ley” porque, ciertamente, ese viejo acuerdo, en lógica jurídica, parece vigente.

Pero, como tanto la Constitución como la Ley son cosas de interpretación, la aplicación de ese viejo acuerdo pudiera estar en contradicción con el Derecho Fundamental al Agua que tiene todo ser humano…

Y ahora resultaría importante saber si Petro como senador apoyó el famoso referendo por el derecho al agua que fue negado en la Cámara de Representantes en junio del 2011, en cuyo caso, ahora como alcalde, se estaría contradiciendo. Aunque en los últimos tiempos hay tantas contradicciones en el Petro de ayer a hoy, que nada raro sería…

 Otro argumento en contra de la prohibición, seria la legislación que también ha avanzado desde las Constitución del ’91 sobre la “Ciudad Región”. Y la pregunta sería obvia: ¿Cómo así que Bogotá prohíbe la venta de agua a unos vecinos con los que conforma una Ciudad Región natural y de hecho?

Pero, lo más importante que puede suscitar esta polémica hacia adelante, es la definición del tipo de relación que los municipios vecinos a Bogotá deben tener con la gran capital, pues, no se compadece que, si la gran urbe se puede nutrir a discreción de los recursos naturales de sus vecinos, ahora estos pobres vecinos no puedan beneficiarse de un recurso que se genera en sus territorios, ni comprándoselo al “usurpador”, por decir lo menos.

Ya el alcalde Petro se ganó una: que la gran Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) le sirva a Bogotá sin tocar a Bogotá. Ahora quiere imponer la aplicación de una vieja norma que niega un Derecho Fundamental y desdice mucho de un mandatario sedicente defensor de los derechos humanos, sociales y económicos de la gente.

Salve, Petro: los que van a morir te saludan