NO SUBSIDIAR GASOLINA

Un cambio doloroso

“Los subsidios a los combustibles fósiles son uno de los instrumentos más ineficientes, inequitativos y caros para apoyar a los más vulnerables": BID

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Por: Jorge Vergara Carbó

Edición: Octavio Quintero

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El precio que pagamos los colombianos por la gasolina ha sido un dolor de cabeza desde el momento en que se decidió fijarlo teniendo como referente precio internacional y la tasa de cambio representativa del mercado colombiano (TRM).
En septiembre 2002, el entonces presidente Uribe Vélez, decidió desmontar el subsidio a la gasolina, argumentando que generaría mayores recursos para la inversión social en educación y salud; en 2007 creó el Fondo de Estabilización de los combustibles (FEPC), que empezó a operar en 2009 con una capitalización de $431.000 millones aportados por Ecopetrol para cubrir el faltante que se originaba entre el precio internacional y el precio nacional, pagando a los productores e importadores dicha diferencia, que de no cubrirse tenía que ser pagado por el gobierno nacional. Luego a principios del año 2010, Uribe Vélez notificó que el Estado no contaba con recursos suficientes para absorber el subsidio a los combustibles, razón por la cual, para preservar las finanzas públicas, tenía que aumentar los precios los combustibles. Posteriormente, el gobierno Santos autorizó al FEPC a recibir recursos del presupuesto nacional, y Duque, extinguió el déficit emitiendo deuda.

Producto de la pandemia, el gobierno congeló los precios de los combustibles, incrementando el déficit del FEPC, a tal punto, que a julio de este año alcanzó la cifra de $33 billones, de los cuales, pagó $8 billones con las utilidades de Ecopetrol, bajando el déficit a $25 billones. Solo en julio de este año autorizó un aumento del precio de la gasolina de $150 por galón, pero no se aplicó en agosto.

La realidad es que tenemos un déficit que, de no empezar a cubrirse aumentando el precio de los combustibles, al final de año escalaría a $34 billones, es decir, ni la reforma tributaria en trámite alcanzaría a cubrirlo.

Como bien dice el presidente Petro: “¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”.
No hay duda que el aumento a la gasolina incide en el costo de vida. Pero si el gobierno decide, como lo ha planteado, que no se aumentará el precio del ACPM, combustible que utiliza el transporte de carga (64.8%), el impacto sobre la inflación será menor. Subsidiar el combustible al transporte urbano (no público) favorece, principalmente, a estratos medios y altos y genera una señal errada a la economía, porque incentiva el consumo, cuando justamente lo que se está buscando en el mundo es una transición energética para un desarrollo bajo en carbono.

Parece justo, desde el punto de vista macroeconómico y ambiental, incrementar el precio que redundaría, primero, en mejor movilidad urbana al disminuir el número de vehículos circulando en las ciudades; segundo, menor contaminación y mayor salud al respirar un aire más puro. Es indudable que esas familias que disponen de uno, dos y hasta tres carros, van a pensar en hacer un uso más racional de sus vehículos.

La medida es impopular, por supuesto, pero los escasos recursos públicos no pueden destinarse a favorecer a los más ricos y pudientes del país. Tal y como dijera Christine Lagarde, cuando era directora-gerente del FMI: "los subsidios energéticos son enormes en escala y ayudan a la gente que menos los necesita. Llevar a cabo acciones en este sentido sería bueno para el presupuesto, bueno para le economía y bueno para el planeta".