La viga en el ojo…

Ahora que la Fiscalía anda de cacería de expedientes engavetados, quizás le interesaría saber en qué anda la denuncia presentada hace un año (abril de 2014) ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra un expresidente de la Corte Constitucional llamado, Eduardo Montealegre Lynett, por evasión tributaria y falsedad en documento público.

La denuncia fue presentada por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien aseguró que existen pruebas que relacionan a Montealegre con una serie de irregularidades cuando fungió como asesor jurídico del Grupo SaludCoop, la EPS que, contando con tan respetable asesoría, se robó muchos miles de millones de pesos de los recursos destinados a la salud.

Camino al abismo

En 2010, cuando el actual presidente Santos asumió el mando, Colombia era un país en vía de corrupción… Cinco años después, Colombia es un país abrasado por la corrupción pública y privada.

En el 2010 ocupaba el puesto 80, y en el 2014, ascendió al 94, pasando a ser el país más corrupto en la región latinoamericana.

Estos indeseables índices se dieron antes del último escándalo del magistrado Pretelt y los intríngulis que en el desenvolvimiento de este ovillo se vienen dando. Seguramente, la percepción de corrupción en Colombia, hoy por hoy, nos debe haber enviado al fondo de la tabla, rozando ya el primer puesto entre los más ladrones del mundo.

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Redacción El Satélite/Fuentes: Barómetro Internacional/Transparencia Internacional/Seminario: El culto al avispado, La Ceja, Antioquia. Corresponsal: Manuel José Quintero.

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Estados Unidos mantiene en Afganistán la guerra más larga de toda su historia, con un saldo macabro de muchos miles de afganos muertos, tal como lo revela el informe “Body Count” (Conteo de bajas), realizado por la organización ganadora del premio Nobel de Paz, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, publicado en Estados Unidos por la organización Physicians for Social Responsibility (Médicos por la responsabilidad social).

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Desde los social

Así como nos ufanamos en Colombia de tener uno de los mejores crecimientos económicos de Suramérica (4,6% el año pasado), también debiéramos competir con nuestros vecinos en materia de desarrollo social.

Por ejemplo, qué bueno sería tener al menos un sistema de salud como el de Uruguay en donde el nuevo gobierno de Tabaré, acaba de presentar al Congreso un proyecto de ley denominado “Sistema Nacional de Cuidados”, destinado a atender a toda la población dependiente, desde los bebés hasta los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Esto constituye “un imperativo ético y un mandato constitucional”, dice el Presidente.

Y mientras en nuestro sistema de salud colombiano se busca a ver cómo se tapa definitivamente el robo a la salud de las EPS, en Uruguay se propone la disminución de los tickets (copagos) y se asumen nuevos compromisos con la gente de menores recursos como la cirugía de vesícula por vía laparoscópica y ecografía estructural para las madres.

Mamándoles gallo

El gobierno nacional, desde Gaviria en adelante (1990), viene mamándole gallo a los indígenas del norte del Cauca con una comisión continuada que nunca termina por definir la ancestral propiedad de las tierras que ocupan.

“Gaviria mandó dos comisiones; Samper dos; Pastrana una; Uribe tres y Santos lleva dos... Ya es una tradición de la Casa de Nariño”, dice el columnista, Julio César Londoño, en El Espectador.

Su conclusión es patética: “De cara al posconflicto, no es muy estimulante ver cómo una sociedad que pretende resolver el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, lleva 24 años (digamos) sin resolver el problema en el norte del Cauca”.

El insólito mundo de Macondo

65 años (desde el 29 de abril de 1952), la siderúrgica Paz del Río disfrutó, ¡gratis!, las aguas del Lago de Tota, en virtud del decreto 1111 de 1952 que acaba de declarar inexequible la Corte Constitucional.

Al momento de expedirse el citado decreto, Paz del Río era la promisoria empresa estatal que aún se recuerda con cariño y agradecimiento en el mundo laboral. Pero hoy es una empresa del sector privado y, con más veras, resultaba insólito que siguiera disfrutando de un privilegio que ya nadie tiene, ni siquiera los pobres de las grandes ciudades a los que se les cobra el agua gota a gota…

No obstante la contundencia del argumento jurídico que se esbozó para tumbar el decreto, los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza, salvaron parcialmente su voto, aduciendo que la Corte debía simultáneamente “adoptar medidas encaminadas a evitar un cambio abrupto e injustificado en la situación del hasta ahora concesionario del uso de estas aguas”.

Por su parte, los magistrados Gloria Stella Ortiz y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (sí el mismo del escándalo de corrupción), anunciaron la presentación de aclaraciones de voto sobre algunos de los fundamentos de esta providencia, al tiempo que los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio se reservaron la posibilidad de presentar también aclaraciones de voto.

¿Cuál equidad?

Puede entenderse que el Estado deba tener unos sueldos competitivos con la empresa privada con el fin de  que atraigan a los mejores talentos a los altos cargos… Pero el Estado, a más de tener que ser bien administrado, tiene también que ser equitativo en todas sus partes.

Una empresa privada puede tener un presidente que gane, digamos, 100 veces más que el vigilante… Ella es dueña de su plata y el riesgo del negocio corre contra el patrimonio de sus inversionistas… Pero el Estado, siendo una empresa de todos los conciudadanos, resulta una ofensa social que un presidente de una compañía como Ecopetrol gane casi 120 veces más que lo que gana un trabajador de salario mínimo que, en el país, es la inmensa mayoría de los colombianos.

Tras de ladrón bufón

Y ahora resulta que Ecopetrol considera que la información de los ingresos de sus altos ejecutivos es un asunto de “Secreto de Estado” y ha puesto bajo investigación con amenaza de despido al dirigente sindical, Edwin Palma, por haber subido a su cuenta en Facebook la información sobre los $60’518.347 mensuales (94 salarios mínimos) que se gana el vicepresidente de desarrollo y Producción, Héctor Manosalva Rojas.

Póngase atención que la dura crisis económica que se abate sobre Colombia por la caída internacional de los precios del petróleo será enjugada con más impuestos sobre las clases media y baja a tiempos que los privilegios de la élite pública se mantendrán intocables… Y entonces hablamos de parlamentarios, magistrados, ministros, gerentes, superintendentes y directores que, a más de ganar bien, tienen las manos libres para meterlas al presupuesto nacional.

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No tan de acuerdo

Si el Congreso fuera autónomo en sus decisiones, es decir, no estuviera tan influenciado por la mermelada palaciega, las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, estarían enzarzadas en serias disquisiciones de orden político.

Una encuesta de la Misión de Observación Electoral (MOE), llevada a cabo en noviembre del año pasado, entrevistó –cara a cara—a 211 senadores y representantes que conforman el 80 por ciento del Congreso, con los siguientes resultados sobre el particular:

1. El 55% rechaza la participación en política de las Farc.

2. El 65% rechaza la creación de circunscripciones especiales en territorios de conflicto.

3. Un 86% de los congresistas encuestados considera un adefesio que se les pretenda prohibir a los partidos políticos hacer proselitismo en las circunscripciones electorales que se les asignen a las Farc.

4. El 71% no cree que las negociaciones de paz vayan a conducir a la desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil de las Farc.

De las preguntas realizadas a los congresistas, el único tema donde hay un consenso general es en que los acuerdos de La Habana sean refrendados por la ciudadanía.

Cabeza y cola

Según la encuesta de MOE, el tema que más apoya el Congreso con un 82%, es la refrendación ciudadana a todo lo que se acuerde en las negociaciones de paz en La Habana. Y el de mayor rechazo es la eutanasia con el 57%, más 13% de congresistas que no quiso responder la pregunta: total, 70%.

Antropofagia sindical

¡Insólito!: la CGT denuncia que la CUT persigue a sus afiliados a la UTEN (Unión de Trabajadores de la industria Energética); y ésta responde que lo que pasa es que la UTEN se ha aliado con las empresas para romper la unidad gremial de la USO (Unión Sindical Obrera), la más tradicional en el sector petrolero, afiliada a la CUT.

En sendos comunicados, las centrales obreras más importantes de Colombia desnudan sus diferencias: la CGT dice que… “nuevamente se ve en la penosa obligación de reiterar la violencia y matoneo a que vienen siendo sometidos los directivos y trabajadores afiliados a la UTEN por parte de la USO”; y la CUT le responde… “¿Matoneo de quién a quién? Lo pasa es que la UTEN-CGT representan el sindicalismo patronal-empresarial”.

En su denuncia, la CGT se arroga el derecho moral de  “asumir la defensa de los trabajadores sin tener que acudir a medios proscritos por la ley, y para rechazar la antropofagia sindical que se practica desde otras orillas”, a lo que la CUT le responde que resulta “lamentable que una central sindical, esté acolitando en Colombia el sindicalismo empresarial en contra de los derechos básicos de libertad de asociación y negociación laboral”.

A todas estas, lo que se deduce de esta “antropofagia”, es la orfandad sindical de los trabajadores colombianos, sometidos hoy en día a una política neoliberal que privilegia la eficiencia empresarial por encima de la equidad laboral.

Un voto útil

Gracias al dirigente social de los pensionados, Édgar Victoria González, se recuerda una nota periodística de El Satélite en que se resaltan los parlamentarios que de una u otra forma se han puesto de lado de los jubilados en su lucha de reivindicación pensional.

Vale la pena tenerlos en cuenta en las elecciones locales del próximo 25 de octubre, apoyando a aquellos candidatos a gobernaciones y alcaldías; asambleas y concejos que cuenten con su respaldo, en reconocimiento a su gestión legislativa en pro de los pensionados.

En la referida nota, que se puede ver en… “Los amigos de los pensionados”, se mencionan los nombres del representante Didier Burgos Ramírez, risaraldense; los senadores antioqueños Carlos Enrique Soto y Mauricio Lizcano; el valluno, Jimmy Chamorro; la llanera, Maritza Martínez; Eduardo Enrique Pulgar (barranquillero) y el nariñense, Manuel Enríquez Rosero, todos del Partido Social de Unidad (U); Alexander López Maya (valluno) y Jesús Alberto Castilla (nortesantandereano), ambos del Polo; Luis Evelis Andrade (chocoano, del MAIS –Movimiento Alternativo Indígena y Social); Sofía Gaviria Correa (antioqueña, liberal); Jorge Iván Ospina (valluno, de la Alianza Verde); y, Yamina del Carmen Pestana (cordobesa), conservadora.

Y la referida nota termina con esta advertencia: “A vuelo de pájaro, se encuentran amigos en todos los partidos: Polo, Liberal, Conservador, de la U y Alianza Verde y hasta de los indígenas, menos del Centro Democrático que han venido votando negativamente todo beneficio en pro de los pensionados, Opción Ciudadana (reciclamiento de ‘paracos’) y Cambio Radical que ni fu ni fa… La mesa va a servirse: muchos son los invitados y pocos los escogidos”.

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Dos paradojas y un interrogante

El presidente del Congreso, José David Name, admitió que el presidente Uribe doblegó al terrorismo imperante en Colombia entre el 2002 y el 2010, y que gracias a ello, el presidente Santos pudo abrir las puertas de la reconciliación nacional.

La paradoja de esta simbiosis gubernamental entre Uribe-Santos que ha hecho posible la “reconciliación nacional”, en palabras del senador Name,  es que hoy son ellos dos, los nuevos mejores enemigos públicos reconocidos por todos”.

Por tanto, resulta paradójica, también, la conclusión del presidente del Congreso en su discurso ante el foro de “Equilibrio de poderes”, llevado a cabo el pasado jueves 05 en Cartagena con el auspicio de los ministerios del Interior y Justicia y el BID, cuando dice:

… “Una Nación con todos sus estamentos unidos por un nuevo país, tiene derecho a vivir en paz”…

Y la pregunta del millón sería: ¿Puede haber paz en Colombia sin darse la paz entre Uribe-Santos?

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Tan simpático el señor Mockus…

“Dimos papaya y se la comieron toda”, fue todo lo que dijo como aceptación de que efectivamente su marcha por la paz es una especie de “publicidad política pagada”. Y nadie le ha preguntado nada más.

Y así como todos los medios de comunicación, con sobradas razones, acogen las demandas de renuncia que se le exige al presidente de la Corte Constitucional, al menos mientras aclara su enredo corruptivo, también el señor Mockus debiera suspender esa marcha, al menos mientras explica por qué recibió plata a cuenta de ese evento, y si todos esos millones se gastarán en la logística de la marcha o alguna buena parte se quedará en su bolsillo.

El inmaculado Mockus, el mismo que condena los atajos o que canta “Yo vine porque quise, a mi no me pagaron”, más que nadie, está moralmente obligado a dar explicaciones sobre el particular.

En medio de corruptos

Según la ONG, Barómetro de las Américas, la percepción de corrupción en Colombia viene aumentando hasta alcanzar en el 2011 un nivel del 81%, frente al 78,2% en 2010.

En este último dato de Barómetro, este 81% es el grado de corrupción más alto que se ha encontrado desde 2004, el primer año en que se realizó el estudio.

La paradoja es que a pesar de que el nivel de percepción de la corrupción es tan alto (81%), solo el 12% de los colombianos considera que este es un problema prioritario.

Otro estudio, el conocido como ‘Doing Business’, del Banco Mundial, en su último informe del 2012 indica que en opinión de los empresarios colombianos, la corrupción es el factor que más dificulta la competitividad para las empresas privadas.

Pero otra paradoja es que en la encuesta de Barómetro, un alto número de empresarios (el 93%) admite que hay colegas que ofrecen sobornos en sus negocios.

Los partidos políticos y el Congreso reciben la más alta calificación de corruptos con un 4,2 sobre 5. Los sectores mejor calificados por los colombianos encuestados son la educación con 2,5/5; las ONG con 2,6/5 y los medios de comunicación con 2,7/5.

“¿Qué hacer con la salud?”

Se pregunta la exministra Cecilia López en la habitual columna que le acogen distintos medios de comunicación.

La exministra se esfuerza en dejar bien parado al ministro de Salud en este galimatías sanitario que opera en Colombia… Y al respecto dice:

“Es justo reconocer que el ministro de Salud ha tomado decisiones importantes, como por ejemplo controlar el precio de algunos medicamentos y frenar la obsesión de ganancias de multinacionales y laboratorios en general”…

Tomar una decisión “importante”, significa, además, tomarla oportunamente, y el ministro todo lo que ha hecho es bajo presión política del Polo Democrático, y el senador Robledo, principalmente, que ni siquiera bajo el peso de las crecientes “quejas de los pacientes que no cesan y están llegando a situaciones extremas para obtener la atención que se merecen”, dice la misma exministra, que a esto el ministro le tiene sin cuidado porque no es partidario de que en materia de salud todos los colombianos “coman langosta”.

El barril de los puercos

Cuando de exculpar al gobierno de su mal gobierno se trata, lo mejor es achacar todo a esos políticos corruptos que no dejan hacer nada bueno…

Y eso es lo que hace la expertísima exministra Cecilia cuando en la misma nota sobre “Qué hacer con la salud”, dice que “no obstante los esfuerzos del gobierno” la politiquería sigue acabando con la calidad y oportunidad de los servicios médicos…

¿Y quién maneja hoy en día las cuerdas de este Congreso-títere?

Y como si nunca hubiera leído todo lo que sobre la crisis de salud se ha dicho y escrito, la exministra, candorosamente, pide un apoyo masivo de la ciudadanía al gobierno... “Sus voces y las propuestas sensatas de expertos en el tema deben salir a la luz, a ver si es posible que Colombia se aproxime a un sistema de salud que cumpla con el principio ya establecido de que ‘la salud es un derecho’”.

Cecilia, ¡por Dios!... Si eso es lo que estamos haciendo hace mucho rato y lo que tendremos que seguir haciendo a ver si por fin logramos romper la resistencia del gobierno.

Ricos-ricos versus pobres-pobres

En 12 años (2002 y 2014) el número de kilomillonarios de América Latina (ricos por encima de 1.000 millones de dólares), pasó de 25 a 114, es decir, casi se quintuplicaron.

Su fortuna se calcula en 440.000 millones de dólares, casi 4.000 millones per cápita, con un crecimiento superior al 8 por ciento, que viene a ser el más alto del mundo.

Es de advertir que esta misma región de América Latina está considerada en todas las estadísticas confiables de los organismos internacionales como la más desigual del mundo, en donde existen 167 millones de pobres correspondientes a un 28 por ciento de la población total.

EL fin no justifica los medios

Dice el senador Name, presidente del Congreso, que los argumentos con los que combatió la injusta propuesta de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), de elevar hasta en el 25%, de un tajo, los precios del gas en la Costa Caribe, “siempre fueron “ basados en la técnica y la jurisprudencia”...

Nadie, con razón, podría censurar la actitud regionalista del senador Name, pero no ejercida desde la presidencia del Congreso desde la cual amenazó al presidente Santos con no dejar avanzar el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, si no hacía echar atrás la proyectada alza de los precios del gas.

Esa no fue una actitud “técnica y jurídica” sino chantajista, y por eso estamos como estamos, porque en el país “traga más hojaldre el que más saliva tenga”.

Probablemente los costeños le estén muy agradecido al senador Name pero el ejemplo que dio es el testimonio fehaciente de que el gobierno de Santos solo marcha mediante presiones, chantajes y acciones de hecho (huegas, paros, marchas, plantones)…

MACONDO PRESS

Si no se dice, de entrada, que esto ocurre en Colombia, es muy probable que en ninguna otra parte del mundo entiendan que en Barraquilla, capital del departamento del Atlántico, considerada la cuarta ciudad más importante del país, fue cerrada una vía hace seis años por un deslizamiento de tierra y todavía permanece cerrada.

Los habitan dicen que cuando la carrera 38 estaba en servicio, tardaban entre 10 minutos y un cuarto de hora para desplazarse hasta el centro de la ciudad; hoy gastan hasta una hora, y más…

El abogado, Carlos Arturo Causil, residente en el sector hace 25 años, que se supone debe conocer y dominar todas las herramientas jurídicas que están a su alcance para hacer que se les reivindique a los habitantes su derechos a la movilidad,  dice que están cansados de tantas promesas incumplidas y no ven solución a la vista, hasta el punto que en próximos días, de manera simbólica, celebrarán con una torta los seis años y medio del “derrumbe de la vía” para llamar la atención del gobierno distrital y nacional.

En Barraquilla están pasando tantas cosas, a juzgar por las continuas denuncias que llegan a la Red Social de El Satélite (RESES) que no sería nada raro que a la “celebración” de que habla el abogado Causil, asista la propia alcaldesa y hasta el presidente del Congreso.

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Fuente: Diario La Libertad/Subido a RESES por corderechos@gmail.com

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