Mal está el enfermo ni come ni hay que darle

Quizás, la paradoja más irónica que encierra este año la negociación del Salario Mínimo (SM) en Colombia es que, ante el avance de la informalidad laboral, resultaría inocua un alza cicatera porque ya cobija a muy poca gente y, por ende, su impacto en la demanda agregada sería irrelevante. Por lo demás, la reciente praxis nos ha puesto de bruces ante una disyuntiva perversa en ambos lados: si se incrementa el mínimo, se eleva la informalidad y si se deja rezagar, que es lo que ha venido ocurriendo, se deprime la demanda.

La lacónica conclusión es que, en las circunstancias actuales, el problema de la gente ya no es el desempleo sino la pauperización del trabajo con bajas remuneraciones.

La CUT y los pensionados (CPC) ya se retiraron de la mesa de negociación del salario mínimo (SM). Quedó la CGT y la CTC con una última propuesta de alza del salario mínimo que ronda el 8 por ciento, frente al 2,5 ofrecido por el gobierno y el 3 de los empresarios.

La negociación anual del salario mínimo ha pasado a ser una especie de rito demagógico que concluye, casi siempre, con un decreto del gobierno nacional que se rige por la inflación, y eso porque la Corte Constitucional ordenó que el alza en ningún caso podría ser inferior.

El Secretario General de la CGT, Julio Roberto Gómez, está este año más optimista que nunca. En la clausura de actividades de su filial Fetraboc, dijo que espera que el gobierno decrete un alza en el Salario Mínimo de por lo menos el 5 por ciento, lo que vendría a dar entre unos 25 o 30 mil pesos mensuales.

Pero el más reconocido analista económico que tiene el país, Eduardo Sarmiento, considera que el incremento del SM debiera estar por encima del 10 por ciento, es decir, aproximándose a la CUT y la CPC que antes de retirarse dejaron sobre la mesa a consideración del gobierno y los empresarios una propuesta del 12 por ciento.

Un fuerte incremento en el SM es un viraje de política económica que ya dio Brasil en el gobierno de Lulla con evidentes resultados sociales que le permitió elevar la demanda interna y reducir la pobreza, política que, por demás, se espera que prosiga en el próximo gobierno de su sucesora, Dilma Russef. Decisiones en este mismo sentido han seguido también los gobiernos de Argentina, Bolivia y Venezuela, en donde también  se han registrado avances importantes en la reducción de la pobreza.

Aquí en Colombia venimos haciendo todo lo contrario y no parece que la plana pueda enmendarse en el presente gobierno: hemos dado en estimular a las empresas, especialmente las multinacionales, dizque para generar empleo formal y nos hemos encontrado con que lo que estamos estimulando es la informalidad. En efecto, acosados por una invasión de dólares atraídos por la “confianza inversionista”, las autoridades económicas buscaron compensar la reducción de los ingresos de las empresas  con bajos aranceles, subsidios al capital y proliferación de zonas francas. Resultado: masivas importaciones que al desplazar la producción nacional lo que hacen es provocar desempleo, deprimir la demanda interna y empujar a la gente a la informalidad.

Basados en el ejemplo de Brasil, que entre otras cosas es lo que hemos venido pregonando desde que acometimos la crítica al modelo económico neoliberal, ya no resulta populista afirmar que el país está perdiendo la oportunidad de influir en una de las variables que tienen mayor impacto sobre la pobreza y la informalidad”, como es un fuerte incremento en el salario mínimo que, necesariamente, deberá ser complementado con otras medidas de manejo monetario y cambiario y  aún de administración de precios en algunas esferas de productos esenciales.

Pero, entonces, ya estamos hablando de empezar a  desmontar el modelo, y estas son blasfemias dentro del templo neoliberal donde se oficia actualmente la política económica de los últimos 30 años.