Procuraduría interviene en defensa comunidad asediada en Tocancipá

La Procuraduría General de la Nación acaba de instruir al personero de Tocancipá, Jickson Rodríguez, sobre la denuncia disciplinaria “por conflicto de interés”, que un grupo de familias (los Soto-Martínez) adelanta contra el alcalde de este municipio, Carlos Julio Rozo por el encerramiento a que han sido sometidas por el empresario-arenero, Pedro Pablo Rozo, hermano del alcalde, bajo la aparente pasividad de la administración local.

La denuncia de los ciudadanos ante el Ministerio Público se produjo el 3 de septiembre, y hasta el 7 de noviembre, el Personero Municipal se dio por enterado y llamó a los querellantes a rendir declaración juramentada “para ratificación de la queja”, dice la nota del Personero a los involucrados en este conflicto, calificado en la edición 43 de El Satélite como (…) “Una chispa encendida que tiene en ascuas a la población”.

Las declaraciones juramentadas se llevarán a cabo mañana martes ante el despacho del Personero, y de allí en adelante, la Procuraduría General tendrá argumentos suficientes para fallar sobre el asunto que involucra no solo al Alcalde Rozo, sino también al Personero, al Concejo Municipal y a la Procuraduría Provincial con sede en Zipaquirá, a donde ha acudido en distintas oportunidades la comunidad en busca de justicia, sin haber sido atendidas, según se desprende de la propia denuncia ante la Procuraduría General.

En las últimas hora se supo que el señor, Pablo Rozo, se mostró en disposición de reabrir nuevamente la vía por donde se comunicaba la comunidad, cerrada por él mismo bajo el concepto de “invasión a propiedad privada”, pero la comunidad se negó a concertar el asunto y seguir el curso de las investigaciones que alcanzan ya al más alto nivel de la Procuraduría General.