LA PLAZA DE BOLÍVAR ES PÚBLICA

Peñalosa delira…

Está bien que se vaya inquilino tan indeseable. Pero, que pretenda “tumbar el rancho”, sí que no puede: ni la constitución ni la ley ni el pueblo se lo van a permitir.

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Editorial REDGES

Fuente: El Satélite

Octavio Quintero

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Es evidente que el alcalde Peñalosa se está despidiendo definitivamente de toda posibilidad de volver a la vida pública por decisión popular. Puede que sea reencauchado por decreto en algún cargo ejecutivo o diplomático en pago a sus buenos oficios, cosa hasta comprensible en un Gobierno que ratifica el nombramiento de la señora Blum en la Cancillería, sostiene a Pachito en Washington y nos avergüenza en la OEA con Ordoñez.

Solo alguien que se está despidiendo, para no volver, se puede dar licencia de maltratar, con ingratitud, al anfitrión que le hospedó con largueza. A menos de un mes de entregar el cargo, Peñalosa ha prohibido (de palabra, por ahora), las concentraciones en la plaza de Bolívar porque, según los medios de prensa, en los próximos días se ocupará con diversas rumbas navideñas.

Semejante chambonada se lleva por delante la Constitución y, peor, exacerba los ya explosivos ánimos registrados estos días en todo el país, con persistencia en Bogotá. Cualquier desgracia que pueda pasar como consecuencia de esa provocación, sería responsabilidad directa del ya triste mandato Peñalosa en la capital del país.

¿Qué se trata de un aberrante constreñimiento a la libertad de expresión?, no cabe duda. Está fresca la tinta de la sentencia C-009/2018, sobre el Código de Policía, en donde se aclara que no hay que pedir permiso a la “primera autoridad administrativa del lugar”, para manifestarse pública y pacíficamente, sino dar aviso, y al respecto se lee:

“El requisito del aviso a la primera autoridad administrativa del lugar contenido en el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, es razonable y proporcionado en los casos de reuniones y manifestaciones en el espacio público que aglomeren a un número importante de personas o pretendan generar una disrupción en el espacio público. Este aviso, como un requisito de carácter informativo y no como un permiso, tiene el objetivo de que la administración despliegue la logística necesaria para garantizar el ejercicio de los derechos a la reunión y a las manifestaciones en espacios públicos, el debido acompañamiento y, además, asegurar el orden público y social”.

Y, más importante, cuando dicha autoridad administrativa pretenda restringir un espacio público a la libertad de expresión ciudadana, debe hacerlo mediante acto motivado, y al respecto se lee en la citada sentencia de la CC:

“Las circunstancias excepcionales y la fuerza mayor como causales para no autorizar el uso de vías públicas (…) exige que se motive (…) para que no se presenten restricciones desproporcionadas o arbitrarias al ejercicio del derecho. Por lo anterior, en uso de las facultades constitucionales la Corte condiciona la expresión en el entendido de que la no autorización debe motivarse para hacer explícitas las razones que lo fundamentan”.

No creo que una rumba navideña sea una expresión democrática que pueda ponerse por encima del derecho a la libertad de expresión, como para que prevalezca la decisión oral del alcalde de cerrar la plaza de Bolívar a las manifestaciones pacíficas que vienen desarrollando las distintas fuerzas vivas del país en el despertar de una nueva conciencia social.

Está bien que se vaya, inquilino público tan indeseable. Pero, que pretenda “tumbar el rancho”, sí que no puede: ni la Constitución ni la ley ni el pueblo se lo van a permitir.