A NADIE TIENEN QUE DECIRLE QUE HAGA LO QUE BIEN SABE QUE TIENE QUE HACER

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El Satélite -Editorial

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La fallida reforma a la justicia del 2012 fue “hundida” ante la indignación que levantó entre la gente de bien los micos que le colgó a última hora la comisión congresional conciliadora.

Un mico, en lenguaje legislativo, es el inserto de un tema específico en un proyecto de ley o acto legislativo que puede beneficiar en particular a determinada persona o clan, pero en sí, no es ilegal, si el tema tiene que ver con el fondo de la norma en cuestión

Cuando se califica de “mico” algún tema, la censura implícita solo es de orden ético y moral, más no legal. Por eso, la reforma a la justicia “hundida” por el presidente Santos, está “vivita y coleando”, tal como se viene insistiendo por respetables juristas desde el mismo instante en que se expidió el decreto convocando a extras al Congreso que de inmediato, en forma arbitraria y apresurada, echó atrás en un solo debate lo que constitucionalmente requiere de ocho sesiones en dos legislaturas ordinarias seguidas.

Pero el colmo de este adefesio jurídico es que el Consejo de Estado, buscando el esguince jurídico que amparara la violación de la Constitución por parte del presidente Santos, le haya dado extensión a la “ley de la selva”, matando el mico con un orangután.

Entre los palos ha quedado metido el presidente del Congreso porque, si resultó inconstitucional el decreto del gobierno, eso quiere decir que sigue en pie la reforma a la justicia del 2012, aunque el Consejo de Estado diga lo contrario. Y como, de lógica, no se espera que el Presidente ordene su publicación en el Diario Oficial, lo que sigue, de acuerdo con la hermenéutica jurídica, es que “cuando el presidente de la república no sanciona las leyes en las condiciones establecidas en la Constitución, el presidente del Congreso debe sancionarlas y promulgarlas”.

Pero el presidente del Congreso, José David Name, parece dispuesto a complicar más el asunto porque viene diciendo a los medios que el Consejo de Estado no le ha ordenado que deba publicar la reforma... Es que no tiene que ordenárselo el Consejo de Estado porque ya se le tiene ordenado por la Constitución.

Cuando los periodistas le insisten en su obligación, el presidente del legislativo se desmonta por las orejas diciendo que “lo que pasa es que Colombia es un país de abogados, cada abogado tiene su propia teoría”. Y él, que no es abogado, ni en su currículo exhibe título profesional alguno, también tiene su teoría al respecto cuando revela que no solo no ha sido notificado por el Consejo de Estado sino que “ni voy a ser notificado”.

¿Por qué está tan seguro de que no va a ser notificado? A menos que haya una proterva intención entre el Presidente de la República, el Consejo de Estado y el Presidente del Congreso para pasarse por la faja la Constitución Nacional, lo que debiera esperarse es desenredar este galimatías jurídico y aprovechar ese adefesio que tratan de abortar grotescamente para emprender de nuevo un estudio serio sobre una reforma a la justicia que clama al cielo.