La Justicia no entró por casa

Una frase del presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, resulta más que suficiente para medir el tamaño de la reforma a la justicia que acaba de aprobar el Congreso de Colombia: “La razón se fue de vacaciones”…

Y si faltara algo para que el lector tome conciencia del asunto, el mismo magistrado agrega: “Esperamos que la razón vuelva de vacaciones y pase por los pasillos de la Corte Constitucional”.

Las declaraciones del presidente del Consejo de Estado se dieron al noticiero CM& momentos antes de que el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, declarara su insatisfacción por algunos aspectos de la reforma, especialmente el relativo a la pérdida de investidura de los congresistas.

Si en el pasado reciente la opinión pública quedó estupefacta cuando se reveló que los paramilitares tenían un control sobre aproximadamente el 35 por ciento del Congreso, ahora el asunto es que, con la nueva reforma, no se pueda depurar el sagrado recinto de las leyes.

No se requiere mucho esfuerzo mental para entender que, en medio de una democracia tan débil e imperfecta como la nuestra, puedan llegar al Congreso estos y otros indeseables que, en aras de la nueva reforma a la justicia, adquieran ciertas garantías de procesamiento penal, disciplinario y de pérdida de investidura que los hagan realmente invulnerables a la aplicación de la Constitución y la Ley.

“Esta reforma a la justicia es una vergüenza”, se dijo desde el comienzo del debate: y nada valió. La misma posición del ministro Esguerra parece ambigua, pues, nadie duda tampoco que en el seno de un “Congreso voluntarista”, se aprobó exactamente lo que el gobierno quiso.

Ni siquiera las altas cortes parecen salir inmaculadas, pues, resulta evidente que también el aumento del periodo de los magistrados de 8 a 12 años, y de 65 a 70 la edad de retiro forzoso, debió amortiguar la férrea oposición que en principio mostraron.

Por eso tampoco puede albergarse mucha esperanza de que la razón regrese de vacaciones cuando la Corte Constitucional aboque la revisión de la norma.