La falacia estadística

El término “justicia social” lo encontramos con frecuencia en muchos análisis socioeconómicos, y corre de boca en boca de todos los políticos en boga y en trance. A pesar de su popularización, no parece que tuviéramos mucha conciencia real de lo que significa.

Justicia social es dar tratamiento desigual a desiguales. Y esto que parece tan sencillo es lo que nos enreda en términos ideológicos porque la derecha ha defendido, por su parte, el principio de igualdad.

El tratamiento desigual a desiguales precisa que hay que darle más al que tiene menos; y el derecho a la igualdad obliga a dar lo mismo a todos. Como estamos hablando en términos socio-económicos, el primero indica estratificación y el segundo globalización. Pero si fuera en términos de mercado, que tal vez comprendemos mejor, el primero indica segmentar y el segundo promediar.

El costo de vida y el salario mínimo son buenos ejemplos (y están en boga), para ver las injusticias sociales que se cometen cuando se trata de aplicar el principio de igualdad en todo. Como el primero marca el sendero del segundo, ello quiere decir que al globalizar el costo de vida, el promedio deja a todos en la misma cama aunque muchos, por lo general la mayoría, estén en el suelo.

Ese ejemplo ramplón del país en donde el novel economista encontró que su población compuesta por dos personas tenía un consumo per cápita de un pollo, simplemente porque uno de ellos se comía dos y el otro nada, es válido en todo el espectro del libre mercado en el que se desenvuelve actualmente la política económica mundial.

Así, en Colombia, para el caso, el salario mínimo acaba de ser reajustado en 3,4 por ciento frente a una inflación anual del 3,17, con lo que los analistas proclives al modelo neoliberal dirán que el salario de los más pobres ganó unos puntos de poder adquisitivo con relación al IPC.

¿Y fue así?

No, de ninguna manera. Si usted segmenta los precios y, digamos, busca el costo de vida de los productos de consumo esencial, esos que usted tiene que comprar si quiere sobrevivir, encontrará que su incremento en el año, y así año tras año en los últimos años, ha estado muy por encima del promedio inflacionario.

El mismo DANE avala el aserto: cuatro grupos de bienes y servicios presentaron crecimientos superiores al IPC en el año 2010: salud (4,31%); alimentos (4,09%); educación (4,01%) y vivienda (3,69%), y téngase en cuenta que en estos términos porcentuales ya se encierra también un promedio, es decir, estamos metiendo en la misma bolsa el incremento de precios de un apartamento de estrato seis con el de una vivienda de interés social (VIS); o el incremento en la carne con el caviar o el de la aspirina con el condón.

Si aplicáramos la justicia social debiéramos incrementar el salario mínimo de los trabajadores por un IPC más cercano a los precios de los productos que el pobre tiene obligatoriamente que consumir. La luz, por ejemplo, en Bogotá, tuvo un incremento anual del 18,6%. Y hay productos de la canasta alimenticia como el arroz, papa, carne y pastas que subieron más del 12% en el año.

Pero, más que discutir esto, que es importante, lo contundente sería que alguien explicara con alguna lógica, ¿por qué el ingreso de un parlamentario, medido en salarios mínimos, era de 15 a 1 en 1980 y hoy es de 38 a 1; y el de un gerente de banco pasó de 30/1 a 60/1?

En un país con principio de justicia social debiera haberse dado en ese lapso una ecuación contraria, buscando cerrar la brecha, quizás, menguando un poco los ingresos altos y acelerando al máximo los ingresos bajos. Esa es la gran discusión de política económica y social que debiéramos darnos en el futuro inmediato.