José Gregorio Hernández

Pelea de novios

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Parece que se han deteriorado en grado sumo las relaciones entre
Gobierno y Congreso, a raíz de la crisis generada por la aprobación y
posterior archivo del proyecto de reforma a la justicia.

Infortunadamente, esta parece ser, en vez de una ocasión para que la
Rama Legislativa deje de ser -como lo viene siendo- un apéndice del
Ejecutivo y para que ejerza en el futuro sus atribuciones con la
independencia que le corresponde, una especie de “pelea de novios”, y
ya veremos que en los próximos días vendrá la reconciliación.

En Colombia, está visto, los miembros del Congreso no pueden vivir sin
los estímulos burocráticos y presupuestales que les otorga el Gobierno
a cambio de su “buen comportamiento”, que se traduce en aprobarle sin
reparos todos sus proyectos, en abstenerse de censurar a los
funcionarios oficiales y en guardarse mucho de ejercer el control
político que les atañe.

Al Gobierno, en cambio, según se desprende de la última declaración
presidencial, eso no parece importarle, y está considerando la
posibilidad de no presentar los proyectos de reforma tributaria y
pensional, que según él mismo eran trascendentales. Eso dice el
Presidente, aunque no lo piense en realidad, porque todavía hay mucho
camino por recorrer y sabe que no le conviene perder las mayorías con
las que actualmente arrasa en las cámaras.
Entonces, mutuamente se necesitan.
Ahora bien, un sistema genuinamente democrático es imposible si
Gobierno y Congreso no toman conciencia acerca de la preceptiva
constitucional que contempla dos principios básicos perfectamente
compatibles: 1) Separación funcional e independencia entre las ramas y
órganos del poder público; 2) Colaboración armónica entre ellos, con
miras al logro de los fines estatales.

Si se aplica correctamente la Carta Política, ninguna de las ramas
puede convertirse en una dependencia de la otra, lo que no impide el
buen trato y la respetuosa cooperación entre sus integrantes, dentro
de un sistema jurídico equilibrado que facilite una labor fructífera
en beneficio de la colectividad.
Pero ese objetivo institucional ha sido difícil de lograr últimamente
porque los presidentes se han empeñado más en sus particulares
propósitos políticos -la reelección, por ejemplo- que en el servicio a
la comunidad o en el adecuado ejercicio de sus atribuciones. Y porque
los congresistas -y ahora algunos magistrados- parecen tener en su
agenda, más que el desarrollo de una función pública, la obtención de
beneficios personales.