José Gregorio Hernández

Enterrando al monstruo

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Aunque culpable por haber incurrido en una falta de carácter
-extraña en él-, el exministro Juan Carlos Esguerra no debe ser el
único que responda políticamente por el estropicio denominado
“reforma” a la justicia. Tampoco deben serlo exclusivamente los
congresistas que integraron las comisiones de conciliación, sino todos
aquellos que en la plenaria de Senado y Cámara votaron favorablemente
el texto conciliado. Al respecto, no hay excusa. Menos todavía la
invocada por el representante Simón Gaviria, consistente en haber
leído apenas por encima el instrumento materia de votación. Esa, por
si acaso, es una muestra de la total irresponsabilidad de nuestros
congresistas en el ejercicio de sus funciones, particularmente en lo
que atañe a las modificaciones de la Constitución.
Allí radica -en esa irresponsabilidad- el motivo principal de la
incoherencia que hoy acusa el texto de la Carta Política, que lleva ya
treinta y siete reformas, además de las varias que se tramitarán en la
siguiente legislatura. Diríase que tanto los gobiernos que han
presentado e impulsado las reformas como los congresistas que las han
aprobado con esa inaceptable falta de seriedad, han sido inferiores a
la confianza que en ellos depositaron la Asamblea Constituyente y el
pueblo colombiano.
Por causa del descuido en unos casos, y de la obcecación en otros, y
por el deseo de nuestros gobernantes de pasar a la historia o de
eternizarse en el poder, se ha venido manoseando el Estatuto
Fundamental hasta el punto de convertirlo en una masa normativa
deforme, provisional y carente de un hilo conductor.
El último escándalo, provocado por el Gobierno aunque ahora pretenda
lavarse las manos, es una demostración palpable de lo que decimos.
El Ejecutivo, con el Presidente a la cabeza, al convocar al Congreso a
sesiones extraordinarias para resolver acerca de las objeciones
formuladas contra el Acto Legislativo -que no es un simple proyecto-
aprobado y no promulgado, viola de manera flagrante la Constitución
Política.
En efecto, el artículo 375 de la Carta, cuando enuncia los requisitos
necesarios para modificar sus disposiciones por la vía del Congreso,
establece perentoriamente que la enmienda sólo puede adelantarse en
dos períodos ordinarios y consecutivos. Pero, con unos procedimientos
de facto, el Gobierno aspira a deshacer lo hecho, enterrando al
monstruo creado por él, con la ilusión de no perder puntos en las
encuestas. Aunque de todas maneras los perderá.
A quienes participen en tales sesiones les convendría leer, no por
encima, el artículo 149 de la Constitución.