Jorge Humberto Botero

Contra la reelección de Ordóñez

(Fuente: La Silla Vacía)

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No ha transcurrido mucho tiempo desde que la movilización ciudadana forzó al Gobierno a intervenir para cerrar el camino a una su-puesta reforma de la Justicia, que, con la complicidad de la cúpula del poder estatal, se fue convirtiendo en un mecanismo de impunidad para altos funcionarios y de inter-cambio de favores entre el Congreso y el poder judicial.

El Presidente de la República pagó un precio elevado por su tardía intervención. Perdió popularidad, tuvo que sacrificar a uno de sus ministros, desplazar otro a cartera diferente, y padecer una severa lesión en sus rela-ciones con el Congreso al que terminó adjudicando la responsabilidad por el estropicio.

A propósito de la elección del Procurador, el Presidente Santos, me parece, no puede caer en la misma trampa; tiene que proponer un candidato -deseablemente mujer- que pueda competir por el cargo con el actual Procurador, el cual, como se sabe, con no poca arrogancia ha salido a decir que ya se siente ungido por el Senado.

Las razones son obvias: Ordóñez ha expresado sin ambages sus reservas con relación al proceso de paz, la carta más importante del proyecto gubernamental; y, fiel a su idea-rio católico, se opondría, en caso de ser reelegido, a la despenalización amplia del aborto que la Ministra de Justicia ha anunciado. No puede, pues, el Presidente permitir que con los votos de la Unidad Nacional, se elija a quien se perfila, con creciente nitidez, como un adversario poderoso.

Desde una perspectiva formal, el Jefe del Ministerio Público, ha cumplido la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó rectificar algunos de sus pronunciamientos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, es decir, de nadie menos que la mitad de la población. (No se le olvide que al Gobierno que ellas tienden a votar más que los hombres). Pero la introducción de un recurso de nulidad contra esa decisión judicial demuestra que ha dado marcha atrás para nada distinto de tomar impulso. Como buen cruzado sabe que lo que importa es ganar la guerra, así se pierdan batallas.

Otro problema que debería impedir la reelección de Ordóñez, es que ha nombrado para altos cargos en la Procuraduría a parientes cercanos de integrantes del Senado y de la Corte Suprema de Justicia. Sucede que los senadores son competentes para elegir al Procurador, mientras que este ejerce sobre ellos el poder disciplinario, en tanto que la

Corte Suprema tiene competencia para juzgar al Procurador. De este modo, tales nombramientos tienen el perverso efecto de restar independencia y objetividad a unos para elegir y a otros para juzgar. Si esto no es corrupción, hay que redefinir el alcance del concepto.

Todavía cabe un argumento contra la aspiración del Dr. Ordóñez. En su condición de Consejero de Estado hizo retirar del recinto de sesiones el óleo del General Santander, quien, no sobra recordarlo, es el fundador de la República, al que sustituyó por un crucifijo. Legítima determinación referida al comedor de su casa, pero inadmisible cuando se instrumenta en la sede de un tribunal que administra la justicia legal, no la que deriva de los evangelios. Tan simple como esto: el cambio de símbolos subordina los valores propios del Estado de Derecho y de la sociedad plural a una fe religiosa. Liberar, de una vez y para siempre, al Estado Colombiano del yugo de la Iglesia Católica fue una de los objetivos de la Carta de 1991. Que a todos nos pertenece y protege, sean cuales fueren las convicciones religiosas que profesemos o la ausencia de ellas.

Cumplida la integración de la terna, es preciso movilizarse frente al Senado para pedirle que la votación sea nominal y transmitida por televisión. Y, por supuesto, para que no se vote por Ordóñez.