INFAMIA FISCAL A LA COLOMBIANA

La puerta falsa de la “Regla Fiscal”:

Lo ancho para el 1%, lo estrecho para el 99%

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Colombia debe ser el único país del mundo en donde la propia Corte Constitucional atropella burdamente la misma Constitución. El último atropello avasalló a los pensionados.

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Editorial RED-GES/EL SATÉLITE

Octavio Quintero

Director

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Bueno, solo en Colombia debe ocurrir que las gabelas tributarias que se otorgan a las personas naturales y jurídicas sobre el impuesto de renta y complementarios sean superiores al recaudo obtenido por ese mismo impuesto en un año.

Según el marco fiscal de mediano plazo del 2017, la cifra de 72,3 billones de pesos de beneficios tributarios concedidos en el 2016, resulta superior a los 43,4 billones del recaudo obtenido por ese mismo impuesto en el mismo año, según la DIAN. Es decir, ahí se configura un déficit fiscal de 17,9 billones de pesos.

¿Qué es el “Impuesto sobre la Renta (1) y Complementarios (2)?

1.- El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos del contribuyente en el año, susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción.

2.-  En los impuestos complementarios hay dos ítems:

                a) Las ganancias ocasionales. Son ingresos que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias. Se obtienen por el acontecimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente: el azar o por la mera liberalidad de las personas.

                b) Las remesas. Son las transferencias al exterior a cualquier persona o empresa, de rentas obtenidas en Colombia.

Es tan absurda, desde el punto de vista social esta política tributaria, que la misma comisión de expertos que formuló recomendaciones al Gobierno para confeccionar la reforma tributaria del 2016, calificó estas gabelas de “abultadas e inequitativas” y sugirió eliminarlas… Pero los mismos oídos alcabaleros que acogieron la recomendación de incrementar el IVA del 16 al 19%, se volvieron sordos al momento de considerar esta otra posibilidad, socialmente más equitativa.

Estos son los impuestos que promete reducir más el presidente electo, Iván Duque, dizque para que las empresas, al bajarle su carga tributaria, puedan ser más competitivas y generar más empleo y mejor remunerado.

La misma carreta que antes… Muchas de las gabelas que se conceden a las empresas no generan empleo porque su problema no es de excesiva carga tributaria sino de baja demanda interna, y la baja demanda es precisamente porque la gente no tiene trabajo, y la que tiene no gana mayor cosa.

No se requiere demasiado esfuerzo mental para comprender lo errático de propender por la generación de empleo bajando los impuestos a las empresas. Los líderes del estado plutocrático lo saben, pero les resulta una buena excusa para seguir concentrando el poder económico en el 1% de los más ricos a costa de las clases altas, que se están volviendo medias; las medias que caen en la pobreza y las pobres que entran en pauperización.

¡Es cosa de volverse locos! Pero, cuando se entiende que dentro de una sociedad, en cuanto más necesitada más se le puede manipular electoralmente para conservar el poder, la razón vuelve a la mente… Esa es la razón de aquellos que salieron a votar el pasado 17 de junio en contra de los mismos con las mismas, y por primera vez los tuvieron a un papirotazo. Y no es tiempo de seguir llorando sobre la leche derramada, sino de seguir explicando lo diabólico del sistema, a ver si la gota que rebosa el vaso cae en la próxima oportunidad.

La ley del embudo

La mala cara de la política fiscal (a la colombiana) la soportan las clases de media tabla hacia abajo,  víctimas de la ingeniosa “Regla Fiscal” (ley 1473 del 2011), una norma netamente neoliberal practicada en Colombia desde el 2003 (gobierno de Uribe -ley 189 de responsabilidad fiscal), refinada en el gobierno de Santos, los mismos –Uribe-Santos-- que montaron la pantomima política de Gobierno-Oposición, otra curiosidad a la colombiana, en donde la “Oposición” al retomar el poder en este 2018, lo primero que asegura es el “bienestar” de la plutocracia.

Las autoridades económicas, encabezadas por el ministro de Hacienda, tienen la regla fiscal como obsesión mental, pero solo cuando puedan activar beneficios sociales… porque, cuando se trata de más beneficios a las clases dominantes, las alarmas se desactivan, y la prueba reina es este informe del marco fiscal de mediano plazo en el que se revela que las gabelas tributarias a la renta y complementarios en el 2016, superaron los recaudos por el mismo concepto en el mismo año, tal como se informa arriba.

Las víctimas más recientes del celo fiscal del Minhacienda, obviamente en connivencia con el presidente-saliente y últimamente con la Corte Constitucional, fueron los dos millones de pensionados con ingresos que no rebasan los tres salarios mínimos, a quienes se les denegó el derecho fundamental a la igualdad, reduciéndoles del 12 al 4% los aportes a salud, como todos los demás trabajadores – cotizantes.

Para llegar a esta infamia, el Presidente constriñó el voto de los pensionados en el 2014 al prometerles apoyar la reducción, lo que, finalmente no hizo, sino que la objetó cuando el Congreso la expidió; el ministro de Hacienda alegó la falta de aval del Gobierno a una ley que ponía en riesgo el sostenimiento fiscal, lo cual, se aducía, era inconstitucional y, de contera, la Corte declaró fundadas esa objeciones pasando por encima de la misma Constitución que en el parágrafo del artículo 334 prescribe que…

“Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

Pues, esa es la principal razón que se despliega a lo largo de la sentencia pre-elaborada por una magistrada que, antes de llegar a la Corte, fue asesora jurídica de la Presidencia. Primó el concepto del Minhacienda: que el costo de esa reducción ascendía a 3 billones de pesos, aproximadamente y, por tanto, significaba una carga presupuestal que ponía en riesgo el principio de la “Regla Fiscal”.

Pero los 17,9 billones que debe apropiar el presupuesto anualmente para sostener las gabelas tributarias del 1% dominante, eso no lo ven ni el presidente-saliente ni el entrante, ni los altos togados de la Corte Constitucional.

Con tal de que los 8 millones de electores que le apostaron al cambio en las pasadas elecciones presidenciales sigan viendo la injusticia social, la inminencia de que las cosas cambien podría estar a la vuelta de la esquina: la esperanza es lo último que se pierde.