GUILLERMO MEJÍA MEJÍA

Las vallas de Francisco Santos:

El precandidato a la Presidencia de la República por el grupo significativo de ciudadanos denominado Centro Democrático, FRANCISCO SANTOS, ha comenzado a instalar en varias ciudades del País unas vallas en las cuales  aparecen las fotografías de Pablo Escobar y de Iván Márquez, uno de los negociadores de La Habana, con una frase que dice “ADIVINE QUIÉN HA MATADO MÁS POLICÍAS”. En un recuadro entre las dos fotos de los personajes mencionados hay una frase que dice: “Queremos la paz sin impunidad” y el nombre del precandidato. Sin la menor duda esta es una valla  que contiene un mensaje político con miras a posicionar el nombre de un aspirante a la Presidencia, que compite con otros cuatro precandidatos dentro de su mismo grupo político. Desde este punto de vista ya existe una clara ventaja sobre los demás precandidatos pues el tema de la paz, sin lugar a dudas,  será el que ocupe el mayor espacio dentro de la próxima campaña presidencial. Sería ingenuo pensar que este hecho político,  lo va a interpretar, el común de las gentes, como la expresión desprevenida de un ciudadano común y corriente que realiza semejante inversión por altruismo, solamente por defender unos principios.

Extraña que un movimiento político en el cual militan distinguidos juristas no le hagan ver al precandidato Santos que con su conducta está violando las leyes 130 de 1994, artículo 24 y la 1475 de 2011, artículo 35, que prohíben la propaganda electoral en el espacio público por fuera de los tres meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. Las sanciones que impone en estos casos el Consejo Nacional Electoral son multas que oscilan entre los 11 y los 113 millones de pesos por cada infracción. Ahora bien corresponde a los alcaldes municipales y a los registradores municipales, (art. 29 de la misma ley 130) regular todo lo concerniente al espacio público cuando de propaganda política se trate y por lógica, se supone, que vallas políticas que violen las leyes electorales deben ser retiradas por dichas autoridades so pena de incurrir en sanciones disciplinarias.

Es indudable que el precandidato Francisco Santos puede escribir columnas en los periódicos como habitualmente lo hace, hablar por radio y televisión como también es frecuente, difundir su pensamiento y opiniones, por las redes sociales, porque allí no se coloca en posición ventajosa frente a los otros precandidatos y porque así lo ampara el derecho a la libre expresión que garantiza el artículo 20 de la Constitución Política, pero no se puede salir de los precisos términos que exigen estas leyes cuando se refieren a la propaganda política  pagada o donada.

Lo que asusta en estos casos es esgrimir argumentos leguleyos  para defender lo indefensable o lo que es peor “el todo vale”, por personas que aspiran a la conducción del Estado.

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Fuente: remitido por Armando Cardona