En alto riesgo sanitario

Varios municipios de Cundinamarca, entre ellos los de Sabana Centro, estarían en alto riesgo en materia de saneamiento básico, al haber sido obligados a recibir la operación de sus propias  plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), sin ninguna capacitación técnica y sin asignación de recursos específicos para el caso.

Cuando la CAR operaba estas plantas destinaba a ello un presupuesto de cerca de 8 mil millones de pesos al año, se indicó en medios oficiales, lo que quiere decir que esos recursos tendrán que salir ahora del bolsillo de los consumidores  por la vía de un nuevo incremento en las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo.

La alarma la prendió el propio gobernador Álvaro Cruz, al intervenir en un seminario convocado de urgencia sobre el particular, en el que también estuvieron presentes el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, la directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Silvia Yepes, algunos alcaldes y funcionarios del Ministerio de Vivienda.

Según el Gobernador, hay 23 PTAR que ya se han recibido  los municipios sin haberse estructurado un proceso de transición para ello. “Por esto nos reunimos con la Superintendencia de Servicios Públicos y la CRA para buscar fórmulas de corto plazo con el fin de que los municipios puedan utilizar recursos propios para operar las plantas, mientras se puede resolver el tema tarifario”, señaló Cruz.

Según las cuentas hechas, los municipios necesitarían aproximadamente de 50 a 100 millones de pesos mensuales para operar las PTAR, pero legalmente no se tiene claro de qué rubro podían tomar esos recursos. “No queremos que los actuales alcaldes se puedan ver afectados por investigaciones futuras, y por esta razón hemos solicitado a las diferentes entidades nos indiquen al respecto qué debe hacerse en este periodo de transición”, advirtió el Gobernador.

Por su parte, el director de la CAR anunció que por parte de la CRA y la Superintendencia de Servicios Públicos,  debe establecerse un régimen de transición que les permita a los municipios  operar las PTAR con cargo a su presupuesto, hasta que cuenten con unos esquemas tarifarios actualizados, debidamente aprobados.