Un miserable salario mínimo

envuelto en mentiras y perjurio

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Editorial RED-GES/El Satélite

Octavio Quintero: Director

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anuncia que demandará el decreto de Salario Mínimo (SM) que incrementó en 5,9% el ingreso de los trabajadores este año, hasta llevarlo a 781.242 pesos mensuales. Ocurre que en la última reunión de la llamada Comisión de Concertación presidida por el propio Santos, de donde salió el acuerdo, esta central obrera, que integra formalmente la Comisión, no fue invitada.

En razón a que la CUT, de tendencia centro-izquierda, año tras año cuestiona el aumento del SM,  la viveza del Presidente fue invitar solo a la Confederación General del Trabajo (CGT), de tendencia centro-derecha, que siempre se queda hasta el final de las negociaciones, avalando el robo continuado al salario de los trabajadores que, en ausencia de concertación, puede decretar el gobierno.

No parece que tenga futuro jurídico la demanda de la CUT. De hecho, la Comisión ya había fracasado dos días antes. Pero la pantomima de Santos y los empresarios, junto a la comadrona CGT, descresta y despista a mucha gente al hacer aparecer la decisión como el resultado de una concertación entre las partes, y en ese sentido publicaron en los medios:

(…) “Esta es una gran noticia, pues, es la tercera vez que logramos un acuerdo concertado sobre el aumento del salario mínimo”, señalo Santos en un comunicado.

Según la Ley 278 de 1996, la Comisión tiene entre sus funciones (…) “fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general…”.

Si la CUT no fue invitada, y aunque hubiera sido, si no estaba de acuerdo con la propuesta de los empresarios, no pudo haber concertación. Luego, el Presidente miente cínicamente cuando le comunica al país que se logró un acuerdo “concertado sobre el aumento del salario mínimo”.

La actitud de Santos, siendo perversa, no supera la doblez del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, el peor dirigente que haya tenido la historia sindical de Colombia, pues, gracias al contubernio que en su presencia se fraguó en la Casa de Nariño, lo que se consigue es justificar con la mentira la Comisión de Concertación que año tras año le roba a los pobres (trabajadores) para darle a los ricos (empresarios).

No tiene ningún sentido mantener una Comisión que ha permitido en los últimos 11 años un robo continuado a los asalariados estimado por el Centro de Estudios de Trabajo (Cedetrabajo) en 18 billones de pesos.

Miren esto que advierte la Corte Constitucional en su sentencia C-815/99:

 “…al fijar el salario mínimo, (…) el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos".

¿Qué tanto ha tenido en cuenta el Ejecutivo estos parámetros obligatorios al fijar el salario mínimo año tras año, en atención a la sentencia mencionada?

Si la CUT ciertamente va a demandar el decreto de este año, esta sentencia de la Corte debería ser la sustancia de la demanda, no el hecho de que no se hubiera invitado a sus representantes a la degustación de mermelada en Palacio. De hecho, ese estudio desarrollado por Cedetrabajo, que no ha sido refutado por esfera oficial alguna ni por el sector empresarial, en el que se denuncia el robo continuado por 18 billones de pesos en 11 años al salario mínimo de los trabajadores, sería cabeza de proceso para que la Corte Constitucional, en atención a lo prescrito sobre salario mínimo reafirme la jurisprudencia.

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Fin de folio.- Desde el Presidente de la República hacia abajo, todos los funcionarios públicos de alguna connotación son perjuros, un grave delito penal que cometen al violar la constitución y las leyes que juraron cumplir al momento de posesionarse.

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