El que contamina paga
13.10.2012 09:35
El ministro del Medio Ambiente, el periodista, Juan Gabriel Uribe, acaba de radicar en el Congreso un sugestivo texto de protección a los recursos naturales bajo la consigna de que “el que contamina paga”.
Hace años se debate en el país esta idea, ya implementada en los países más avanzados en el tema de la protección y conservación de la Naturaleza, principalmente dirigida a combatir la la contaminación ambiental provocada por empresas industriales que irresponsablemente descargan sus aguas residuales sin mayor tratamiento a las vertientes de los ríos y quebradas o expulsan al aire por entre los tubos de sus chimeneas emisiones cargadas de tóxicos.
En Tocancipá, Cundinamarca, dos ejemplos han superado la poca o ninguna vigilancia de las autoridades de la CAR y municipales: Top Tex sobre la quebrada la Chucua (ver foto) y PQP en pleno corazón de la población (ver foto).
Arriba ministro
En un confidencial de Semana.com, se saluda la iniciativa del ministro Uribe en el siguiente texto:
Tomó forma la propuesta de que quienes contaminen paguen millonarias sumas de multa por hacerle daño a la naturaleza. Así es en muchos países desarrollados en donde un derrame en una fuente de agua puede llevar a la quiebra a una compañía.
En Colombia no es así, y las sumas a las que hoy son condenadas las empresas que cometen infracciones ambientales son mínimas. La idea de cambiar esta reglamentación es del exministro de Medio Ambiente Frank Pearl, quien fue nombrado negociador para el proceso de paz. Ahora, su sucesor en esa cartera, Juan Gabriel Uribe, en alianza con uno de los principales voceros de su partido, el conservador, lo llevó al Senado. El proyecto acaba de ser radicado por Efraín Cepeda y se espera que en poco tiempo se convierta en ley.
No es tan cierto
Lo de Semana, en el sentido de que en Colombia no se tienen previstas fuertes sanciones a los contaminadores del medio ambiente, no es tan cierto.
Desde el año pasado, tras la expedición de la ley 1453 que reformó los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, se dispuso en el artículo 32, un texto tan claro como el agua:
El artículo 332 del Código Penal quedara así: El que con incumplimiento de la normatividad existente, provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena se aumentará de una, tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concurra alguna de las circunstancias siguientes:
2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.
4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o engañosamente los vertimientos o emisiones.
5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.
6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsaria sobre los aspectos ambientales de la misma.
Bienvenido el proyecto del ministro Juan Gabriel por su buena intención. Pero lo que se requiere en el campo de la protección del medio ambiente y los recursos naturales de Colombia no es más legislación sino más acción, como esa a la que incita Jesús a Judas al decirle (…) “lo que has de hacer, hazlo pronto” (Última Cena, meditación sobre el evangelio: Juan 13, 21-33).
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