EL PND HUELE A MERMELADA

Multimillonario regalo del 

Estado al sector privado, 

envuelto en el salvamento 

de Electricaribe

1. Asumir el pasivo pensional de $1.2 billones; 2. No pagar las deudas de Electricaribe ($3.4 billones); 3. Destinar recursos públicos para infraestructura eléctrica que deberían haber hecho los privados y, 4. fijar una sobretasa al consumo a los estratos altos y a los sectores comercial e industrial.

--

Jorge Vergara Carbó

Edición: REDGES

--

Con la votación de los dos parlamentarios costeños de Cambio Radical: Arturo Char y Luís Díaz Granados, y uno del Partido Liberal: Mauricio Gómez (sobrino del consejero para la política en el despacho presidencial), sumados al uribismo, la U y el conservatismo, se logró aprobar en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Duque. El argumento de los parlamentarios de la región Caribe fue la “salvación” de Electricaribe, al incluir en el PND, la propuesta que hiciera la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Natasha Avendaño García, que comprende siete puntos, que más adelante se analizan.

No hay que cantar victoria. Lo del viernes 21 de marzo no es definitivo. El único que puede echar voladores, de momento, es el presidente Duque ya que logró negociar con la Casa Char y con un disidente liberal, el desconocimiento de la ley de bancadas, pues, los directores del Partido Liberal y Cambio Radical, Cesar Gaviria y German Vargas Lleras, respectivamente, habían dado la orden de no asistir a esa votación, y de asistir, votar en contra. De no haberse presentado ese desacato, el Presidente habría sufrido un duro revés político al quedar abocado a expedir el Plan por decreto, sin incluir la propuesta de la Superintendente sobre Electricaribe. Hubiera sido un hecho histórico importante para el país… Pero siempre existe alguien dispuesto a traicionar a última hora. Me recuerda el caso Yidis Medina, en el gobierno de Uribe: ¿una simple coincidencia? Si el Presidente o sus ministros, o el mismo consejero político, ofrecieron mermelada, eso lo dirá el tiempo.

Las propuestas

Antes de entrar a analizar las propuestas de la SSPD, es bueno recordar algunas cifras de la situación de Electricaribe:

Pérdidas durante 2017, $519.354 millones.
Pérdidas estimadas durante 2018, $551.000 millones.
Pérdidas acumuladas, $1,5 billones.
Pérdidas negras y físicas, =24%.
Nivel de recaudo promedio, =84%.
Facturación promedio mensual, $338.000 millones.
Porcentaje de facturación: sector residencial, =49.9%,  del cual, el 40.6%, es R1, 2, 3 y subnormales; sector comercial, MW =23.5%, del cual, el sector comercial pequeño, consume menos de 0.25%.
Porcentaje industrial consume menos de 0.25 MW, =4.0%
Porcentaje Oficial y alumbrado público, =4.8%
Porcentaje No Regulados, consume más de 0.25 MW =13%
Porcentajes de cobro por peaje, =2.3%

En total, Electricaribe tiene 2’676.000 consumidores, de los cuales, en Atlántico tiene el 25.2%; en Bolívar, el 20.7%; en Córdoba, el 16.3; en Magdalena, el 13.2%; en Cesar, el 9.8%; en Sucre, el 8.9% y en la Guajira, el 5.9%.

Por otra parte, existen en el país 109 empresas comercializadoras de energía; 37 empresas distribuidoras y 87 generadoras. Es importante conocer cómo está repartido el mercado, para poder entender la propuesta de segmentación que se pretende hacer, sin que conozcamos un estudio serio que determine esa decisión: EPM, 26%; Codensa (Bogotá), 24%; Electricaribe, 23.7%; Celsia, 9% (7% de Emcali y 2% de EnerTolima). El resto de empresas tiene menos del 2%.

Con esta base de datos, podemos entrar a revisar las propuestas de la SSPD, para ver si es viable y, por supuesto, plantear otras alternativas.

Segmentación del mercado

Se dice que ya la decisión está tomada, y en un foro en Cartagena, la superintendente manifestó que hay dos alternativas --que pueden ser tres--. Que, en todo caso, Cartagena y Barraquilla no estarían juntas. La decisión de segmentar es dividir el mercado caribeño para que empresas como Condesa y EPM puedan participar sin pasarse del tope que han fijado en su propuesta del 35% del mercado de distribución. Para ello, parten en dos el mercado: el primero, Atlántico – Magdalena - Cesar - Guajira (la antigua Electricaribe) que atendería el 54.1% y, el segundo, Bolívar – Sucre - Córdoba (el antiguo Electrocosta) con el 45.9% del mercado. En esta segmentación, no podrían participar EPM y Condesa, porque pasarían el límite fijado del 35%. La tercera alternativa sería dejar solo al Atlántico. Esta propuesta les abre el negocio a varias empresas como Celsía que estaría interesada en el Atlántico o Bolívar, dadas las inversiones que tiene el grupo Argos en esos departamentos. Es posible que Atlántico solo, como Bolívar solo, pueda ser un buen negocio… Pero la segmentación del mercado, ofrece muchas dudas.

¿Cuál es el problema estructural que tiene Electricaribe?

Eso es lo que hay que responder… Ya vivimos la experiencia cuando se privatizaron las electrificadoras, que el mercado se dividió en dos empresas de un mismo dueño: Electricaribe y Electrocosta, con resultados nefastos, al punto que, quienes compraron (los venezolanos con la Electrificadora de Chicago), decidieron vender el negocio a los españoles dos años después, perdiendo US$400 millones. La segmentación también trae consigo que se pierde el beneficio de comprar con economía de escala y darle una mejor utilización al recurso humano indispensable y necesario para atender este tipo de negocio. Por ello no compartimos la segmentación del mercado como solución.

¿A qué se deben las pérdidas financieras de Electricaribe?

(1) A su estructura de mercado centrada en el sector residencial de los estratos, 1, 2, 3 y subnormales que superan el 85% de los clientes.

(2) A una baja participación del sector comercial e industrial. Situación que se agravó más, al no realizar los españoles las inversiones para remodelar las redes de distribución, aumentando así las pérdidas físicas.

(3) A la mala prestación del servicio por los constantes apagones y el deterioro en los índices de recaudo con la consecuencia de un aumento de la cartera que en muchos casos se convierte en irrecuperable, incrementando así las pérdidas financieras.

(4) Lo otro es que es un mercado muy disperso, lo que dificulta el control, incrementando las pérdidas negras y el fraude que, ante una legislación lenta y un personal contratado por prestación de servicios (OPS), no genera resultados positivos. Las pérdidas de energía deberían estar en el 13%, como máximo, y no en el 24%, como se informó atrás.

(5) Otro factor, y quizás el principal, es la poca o nula participación de la gran industria y comercio como clientes de Electricaribe. Se equivoca la Superintendente cuando afirma, para justificar la segmentación, que el mercado es bueno; que en la región Caribe hay potencial minero altamente consumidor de energía e industrias nuevas dedicadas a la exportación.

Eso es falso: los grandes proyectos mineros, al igual que la gran industria, le compran la energía directamente a los generadores, en contratos de largo plazo o en bolsa, y no a Electricaribe. Además, ni siquiera contribuyen con el pago de subsidios, lo que le cuesta al país más de $800.000 millones.

Si los españoles fueron malos administradores, el Estado, es más. En 19 años, en manos españolas, las pérdidas acumuladas fueron del orden de los $400.000 millones; en cambio, en solo dos años y medio, en manos de la SSPD, las pérdidas suman ya $1.1 billones (tres veces más), lo que demuestra que no conocen el negocio; que nombraron gerentes liquidadores que ni siquiera distinguen entre la generación y la distribución de energía.

Si no se proponen cambios en las leyes 142 y 143, en lo que tiene que ver con la reglamentación de quienes pueden comprar en bloque o en bolsa, difícilmente el negocio puede ser rentable, fragmentado o sin fragmentarlo. Igualmente debería dársele la opción a Electricaribe que pueda generar su energía, como lo hacen quienes manejan EPM, EMCALI, Codensa y otras.

Segmentar el mercado, no hace viable el negocio. Me gustaría que la Superintendente, al igual que los parlamentarios que se deslizaron para aprobar el PND, pudieran explicarnos a los caribeños cuál es el beneficio de la segmentación.

Los riesgos de monopolio

Aumentar 10 puntos la participación del mercado (de 25 a 35%), puede devenir en posición dominante de poderosas empresas como EPM o CONDESA, que las llevaría, a mediano plazo, a imponer el precio de la energía, teniendo en cuenta que ambas son generadoras e influyen en el precio en bolsa.

Vimos en la segmentación que les queda difícil a estas dos empresas participar en este negocio, siempre y cuando estén interesadas. Si esto es así, le pregunto a la superintendente y a la ministra de Minas y Energía (quien no dice nada), ¿para qué segmentar el mercado si la empresa que más tiene participación es Celsía con tan solo el 9%? Es decir, ya está segmentado, el resto, es hablar por hablar, sin fundamento y sin conocimiento del negocio eléctrico.

¿Será, señora superintendente, que usted con la segmentación lo que está tratando es de conseguir uno o dos inversionistas que propongan atender el mercado del Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, dejando por fuera del negocio a los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira? que, de por sí, es un mercado en peores condiciones que los dos anteriores y sin posibilidades de conseguir un inversionista para salir después a decir que el Estado asuma esas electrificadoras. ¿En eso consiste su propuesta?

La feria de los regalos a los privados

Son cuatro regalos que se le dan a los señores de Unión Fenosa y a los posibles nuevos inversionistas.

1. Asumir el pasivo pensional de $1.2 billones, cifra cuestionada por los pensionados que dicen que eso no es lo que arroja el estudio actuarial. Me pregunto: ¿por qué el Estado tiene que asumir un costo del sector privado? ¿Será que, de entregarle la empresa a otro inversionista, en diez años el negocio no le resulte, el gobierno pagará sus cuentas incluyendo su pasivo laboral? Si hay tanta benevolencia por parte del gobierno Duque, porque no le pagan el pasivo laboral y pensional a las empresas privadas que están en liquidación, tales como Peldar, Vanilón, Aluminios Reynolds, la fábrica de cepillos y otras cien que les han birlado las prestaciones a sus empleados con la anuencia del Gobierno y los jueces, como en Aerocóndor que no ha podido ser liquidada después de 30 años.

2. Proponer, absurdamente, no pagar las deudas de Electricaribe al 14 de noviembre de 2016, que suman $3.4 billones. En mi vida no había escuchado semejante e irrespetuosa propuesta, que sea el Gobierno quién diga que no se le reconocerá la deuda de $1.8 billones al sector financiero; ni a los contratistas y proveedores de $1.6 billones. ¿Quién va a pagar esas deudas? ¿El Gobierno? ¿Jurídicamente y moralmente puede el Gobierno hacer esa propuesta de no pagar las deudas al sector privado que, a su vez, paga impuestos y confían en las instituciones? ¿Es esa la manera adecuada de buscar clientes para salvar a Electricaribe, dándole todo sin contraprestación alguna?

3. La tercera es forzar, modificando nuevamente la ley de regalías, no solo en lo de los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), como lo quiere el presidente Duque, sino destinando recursos para construir la infraestructura eléctrica que deberían haber hecho los privados pero que no lo hicieron, por culpa exclusiva de la SSPD que nunca cumplió con sus funciones de supervisión de esa empresa, como también de las otras en la región Caribe y por su desconocimiento del tema y el alto grado de corrupción en esa institución que  tuvo funcionarios de primer nivel que terminaron en la cárcel, justamente en el negocio de la  privatización en el año 1997, cuando venían de intervenir a las electrificadoras y las acabaron, e incluso, feriaron la cartera, porque los venezolanos, una de las condiciones que pusieron para comprar, fue no recibir la cartera y algunos contratos que quedaron en manos de las electrificadoras en liquidación, originando una alta corrupción en manos de los gerentes que nombró la Superintendencia y de los políticos que eran sus jefes, pidiendo altas comisiones para reconocer las deudas que tenía con particulares y negociando la cartera por debajo de la mesa.

Eso significa que haremos las obras con plata de todos los colombianos (regalías) para que esos activos los exploten comercialmente los privados, sin que los colombianos nos beneficiemos de ello (solo diciendo que no harán parte de la tarifa). Es decir, les vamos a regalar las obras, al igual que lo hemos hecho con los programas del PRONE (Programas de Normalización de Redes Eléctricas) y otros, cuyas inversiones las explotaron los españoles y nunca se capitalizaron en cabeza del Gobierno colombiano. Estamos hablando de obras por encima de $1.5 billones, que al capitalizarse cambiaría la participación accionaria del negocio.

4. El cuarto regalo, es más atrevido todavía: fijarle una sobretasa de $4 pesos por kilovatio consumido a los estratos 4, 5 y 6 y a los sectores comercial e industrial, con la finalidad de recaudar $2,16 billones anual, por dos años, es decir, $4.32 billones, para el fondo empresarial de la Superintendencia, una entidad inoperante e incapaz y corrupta para dilapidar más nuestro dinero. O sea que los caribeños y el resto del país, tienen que pagar un precio adicional a una empresa ineficiente y a una superintendencia que nunca fue capaz de controlar el manejo técnico y financiero de esa empresa.

Este último regalo se complementa con la propuesta de aumentar un punto la contribución que pagan las empresas que están bajo su control, al pasar del 1% al 2%. Porcentaje este que a mi juicio limitará más el control por parte de la SSPD, tal como el 1% lo limito.

Conclusión

a) Por ninguna parte veo los beneficios que las propuestas de la Superintendencia le traerán al país y, menos a los caribeños. No sé cuáles sean los argumentos de los parlamentarios costeños que votaron esas propuestas sin estudiarlas, y de pronto sin leerlas, como lo afirmó públicamente el parlamentario Diazgranados.

b) Los resultados financieros arrojados por la SSPD en sus dos años y medio de intervención, le dan la razón a Unión Fenosa de que no podía cumplir con sus compromisos de inversión y pago de deudas, porque el flujo de caja no era suficiente producto de una estructura de mercado mala, en una región sumamente pobre.

c) En escritos anteriores he manifestado que la intervención por parte de la SSPD en cabeza de José Miguel Mendoza, y en el haber nombrado como gerente liquidador a una persona sin idoneidad para el cargo (Javier Lastra), lo que hizo fue favorecer a los españoles en su demanda por US$1.600 millones. La SSPD en 2 años y medio ha perdido $1.1 billón, y los privados en 19 años, perdieron $400.000 millones, es decir, en la “magnífica” gestión del señor Lastra y su reemplazo se perdieron en tan corto tiempo 2.7 veces lo que los privados en 19 años.

d) Porque he afirmado que la intervención fue imprudente, por la sencilla razón de que de no intervenir a la empresa y cumplir con sus funciones de control y sanción no dudamos que los españoles se habrían declarado en quiebra, entregando la empresa al Gobierno, sin ningún costo.

e) También he creído que esa intervención fue premeditada y acordada con los españoles y el Comité Intergremial del Atlántico, por el nombramiento de Edgardo Sojo que era el presidente del Intergremial, como presidente de una empresa intervenida con fines de liquidación. Por ello le he pedido varias veces a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía que investiguen al señor José Miguel Mendoza por su actuación, y además, realice una auditoría forense sobre todos los contratos que la SSPD ha efectuado en el tiempo que lleva interviniendo la empresa.

f) Recordemos que los únicos argumentos que tienen hoy los españoles en su defensa, es mostrar los malos resultados de la SSPD, al punto que las propuestas que se incluyeron en el PND también les servirán para ganar su demanda, y mucha gente hasta aplaudiría.

g) El único culpable de lo que pasó en el Electricaribe es la SSPD. Jamás ejerció el debido control. Igualmente, nunca sancionó ejemplarmente a la empresa por los malos servicios y la falta de inversión que le correspondía hacer. También, lo tiene la Contraloría por no ejercer control a los recursos públicos entregados: investigó y nada se sabe de esa investigación. Lo que debemos hacer es depurar y reformar a la SSPD, nombrando gente capaz.

Qué proponemos

En vista de que el interés del Gobierno es invertir recursos en una empresa privada, le proponemos que lo haga en una empresa del Estado creando una nueva empresa conformada por Cecelca, Urra y Transelca, que cuentan con tres presidentes de alta experiencia, gran capacidad gerencial y alto conocimiento del sector eléctrico, cada uno con más de 30 años. A esas tres empresas que son generadoras (hídrica una, térmica la otra y trasmisora la tercera), se les uniría la comercializadora y distribuidora Electricaribe. Esto era Corelca, la que acabó la clase dirigente de la región, al permitir con la Ley 143/94 que la desmembraran, situación que no aceptaron ni EPM, ni EMCALI ni EEBB. A Corelca, con excepción de URRA, que era independiente, le quitaron primero la distribución; después la trasmisión y después crearon Gecelca y Transelca.
No veo una salida distinta a que los caribeños recuperemos nuestra empresa, eso sí, dándole todos los estímulos que se le ofrecen al privado. Pero para que funcione bien, debe revisarse en la ley lo del límite para comprar energía en bloque, este debe regresar a los 2MW, para que empresas industriales y comercios medianos puedan ser clientes de Electricaribe, y se siga subsidiando a los estratos 1, 2 y 3. Con esa conformación podemos montar una empresa que pueda competir con las grandes.

Esta salida, señores parlamentarios, es fácil. Hoy, el dueño de Gecelca-Urra es la nación. Transelca depende de ISA, donde la nación tiene inversión. Por lo menos hagan el esfuerzo, debatan el tema y piensen en la región. Para salir de la pobreza, necesitamos contar con empresas de servicios públicos domiciliarios sólidas y eficientes.