El negocio de la salud

Alejandro Garcia Gomez:

El Mundo de Medellín

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“…Creyó y practicó que la salud, más que un derecho humano

fundamental, es un negocio muy rentable que hay que aprovechar y

administrar muy bien. Que el Estado más que un garante efectivo de

derechos sociales debe ser un facilitador del mercado. Que la salud de

los negocios y de los grandes capitales nacionales y transnacionales

amerita el sacrificio y la pérdida de derechos duramente logrados por

millones de trabajadores…”. La afirmación la hizo el médico Saúl

Franco, Ph D, profesor de la U. Nacional, refiriéndose al exministro

Juan Luis Londoño (qepd), documento impreso, febrero de 2003.

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La Ley 100 de 1993 fue su creación siendo ministro de Salud del ex

presidente César Gaviria, ahora adalid antineoliberal: la salud

pública privatizada se convirtió en uno de los mejores negocios, a

costa del trabajo y la vida –la muerte- de las gentes trabajadoras, y

de la corrupción institucionalizada a la tapada. Su ponente y defensor

fue el senador Álvaro Uribe Vélez. Con la Ley 100/93 “(se) logró… la

más radical reforma a la concepción de la salud y a las prácticas de

la compra-venta de servicios asistenciales de salud en la historia de

Colombia” (ibid). Ni el Partido Liberal ni el Conservador se opusieron

entonces, y ahora han seguido en la misma posición de indiferencia, al

igual que lo hacen el Partido de la U, Cambio Radical, el cuestionado

PIN, etc., con la diferencia de que hoy pretenden lavarse las manos,

por boca de algunos de sus dirigentes, los mismos que siempre han

callado.

Antes bien, a mediados de 2008 –segundo gobierno de Uribe- se

pretendió hacer un reajuste peor, por el ministro sucesor de Londoño,

Diego Palacios. Argumentando congestión en los juzgados, el propósito,

dijo, era acabar para siempre con el derecho de tutela a la salud

pública, pero se cuidó de decir que lo que buscaba era mejorar la

rentabilidad del negocio. Pretendía que, desde 2009, cada enfermo

costoso pagara de manera diferencial sus dolencias, es decir, que cada

achacoso se curara y pagara, cuota y medicinas. Tamaña infamia no

pasó. Uribe siempre calló y escuchaba. ¿Era su idea?

Entre fines de 2009 y comienzos de 2010, nuevamente el gobierno Uribe

II pretendió “empeorizar” –perdón el barbarismo- la prestación de los

servicios de salud, por el mismo Digo Palacios, con el apoyo de los

partidos de la coalición uribista. En una acción de masas sin

precedentes y con la valentía de la Honorable Corte Constitucional de

entonces, en 2010 se tumbó el criminal Decreto Ley de Emergencia

Social. Dos grandes fracasos muy seguidos para el gobierno:

inexequibilidad de su segunda reelección el 26 de febrero de 2010 y el

caso en comento en marzo del mismo año.

Hoy el Presidente Santos anuncia un paliativo: inyección de 1,2

billones de pesos al sector en dos meses, comenzando con $450.000

millones. Depuración de EPS, eliminando a las “corruptas” (¿vendrán

demandas y corrupción?). Un “Fogafín” para la salud, parecido al que

salva a los bancos particulares en quiebra. Hay otras promesas. Pero

son lenitivos que no atacan el problema de fondo: nuestro modelo de

salud. Este está concebido como un negocio: ganancia de grandes

cantidades de dinero y propenso a la corrupción. Y somos uno de los

países más corruptos del mundo. La solución sería quitarle su carácter

mercantil y volverlo humano, por acuerdo de partidos, liderado por el

ejecutivo. Dirán, es una propuesta ingenua; Sí, pero si no, vamos al

caos total. Además, ¿podrían también los partidos llevar como

propuesta ante la ONU para que considere que quien(es) por interés

grupal o particular arriesguen la vida de seres humanos con la salud

sean considerados como criminales de lesa humanidad? ¿Es sólo

responsable de genocidio el que dispara u ordena matar a una

muchedumbre o a una población o a una etnia para acabarla? Quien se

lucra con la muerte a gran escala por ganancia de prebendas, ¿no lo

es?