EL CAMPESINO TAMBIÉN ESTÁ EN EXTINCIÓN

Nadie protege más la tierra que el campesino raso. Él ha convivido con la tierra desde chiquito. Si ahora se ve como amenaza ambiental en ciertas zonas de páramo y de reserva forestal, es porque la sociedad urbana lo ha empujado a los confines de sus propiedades ancestrales.

Es un contrasentido rayano en lesa humanidad que por defender a la madre Natura se agreda al ser humano. En las zonas de páramo y en las de reserva forestal hay que combinar una política de defensa del campesino integrado al medio ambiente. Solo en poesía se admite “sacrificar un mundo por defender un verso”; en la vida real no se pude sacrificar un humano por defender un árbol.

Lo anterior con motivo de la correspondencia remitida a El Satélite por nuestro habitual colaborador, Álvaro Rodríguez, basada en una declaración emitida por delegados al Congreso de Dignidad Agropecuaria, que textualmente relata:

La Corporación Autónoma Regional (CAR- de Cundinamarca), declaró Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado al páramo de Guargua y Laguna Verde. El acuerdo compromete un territorio conocido como el páramo de Guerrero en más de 26.507 hectáreas que prácticamente elimina toda actividad campesina existente.

Desde entonces, los campesinos de los municipios cundinamarqueses de Carmen de Carupa, Cogua, Tausa y Zipaquirá se han movilizado en defensa de sus derechos con resultados negativos. De nuevo han resuelto bloquear la carretera que conduce del municipio de Ubaté hacia Carmen de Carupa, con el fin de presionar un acuerdo con el gobierno que les permita seguir viviendo como lo han hecho por generaciones de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y continuar conviviendo y preservando la naturaleza y las fuentes hídricas, a diferencia de empresas gravilleras ampliamente reconocidas en el departamento que gozan de todas las garantías de las autoridades, mientras a los campesinos se les presiona con toda clase de medidas administrativas abiertamente ilegales, en las que se anuncia hasta la expropiación.

Todo esto ocurre en medio de una gran propaganda gubernamental por la defensa del ambiente, mientras se ejecutan las llamadas licencias exprés.

Nadie se opone a la defensa de los páramos y de los recursos hídricos, pero el Estado y su política minero-energética es el primero en atentar contra el ambiente en beneficio de multinacionales que saquean nuestros recursos. Los campesinos poseen sus propiedades desde antaño legalmente constituidas. Quienes aplican las medidas administrativas y los acosan no pueden desconocer su existencia y deben atender sus reclamos justificados para acordar procedimientos y planes de manejo concertado y no impuestos antidemocráticamente como si se tratara de invasores. El gobierno trata mejor a los extranjeros que a nuestras gentes del campo.

Abogamos por una solución civilizada de esta grave situación por parte de las autoridades y rechazamos la constante intimidación de que son objeto estos colombianos.

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Con el apoyo de Rosa Helena Rodríguez. Cel. 313-8170333