Eduardo Sarmiento

En tiempos de diálogos de paz. El debate del modelo económico

(Su columna en El Espectador 28/19/12)

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El diálogo de paz se inició dentro de las expectativas y suscitó las más variadas interpretaciones.

La primera desavenencia corrió por cuenta del modelo económico.

No sobra recordar que el modelo económico no es otra cosa que un marco de referencia abstracto, más aún teórico, sobre las características determinantes del sistema económico. En muchas facetas es un lenguaje para simplificar el problema y destacar los componentes sobresalientes. No es fácil abordar algunos temas económicos específicos sin una visión general.

Así lo confirma el tema de desarrollo agrícola. El monumental retroceso del sector en los últimos 20 años se originó en la apertura comercial y se verá acentuado por el TLC, que a los tres meses de iniciado disparó las importaciones agrícolas por encima del 50%. El desmonte arancelario de los cereales y los productos de la ganadería dejaron el agro desprovisto de demanda mundial. Mientras no existan los compradores que impulsen la expansión del área agrícola y de la producción, no será posible avanzar en las reformas que buscan distribuir la propiedad y erradicar la pobreza y la exclusión.

Algo similar se plantea con respecto al debate nacional sobre el predominio minero, el retraso de la industria, la proliferación de los monopolios en las telecomunicaciones y el caos de la salud. Estas enormidades se ven como aspectos aislados, cuando son simples consecuencias del modelo de libre mercado y competencia que le asignan prioridad al abaratamiento de las importaciones sobre el empleo y le dan rienda al lucro individual.

En mi ultimo libro, Transformación productiva y equidad se muestra cómo el modelo económico tiene un papel dominante en la construcción de una sociedad equitativa. La adopción del modelo neoliberal en 1991 por la administración Gaviria, al igual que en toda América Latina, fue seguida de un deterioro sin precedentes del coeficiente de Gini de la distribución del ingreso. La revista Economist, que se caracteriza por su abierta defensa al libre mercado, en la última entrega reconoce que la globalización y la apertura comercial contribuyeron al deterioro de la distribución del ingreso en las dos terceras partes del planeta.

La gravedad de este diagnóstico no corresponde a las soluciones. Luego de reconocer el aumento de las desigualdades y la necesidad de corregirlas con la política pública, el Gobierno y Economist proponen bajar los gravámenes al capital, y las empresas, trasladarlos a los ingresos medios y ampliar el gasto social de baja calidad. Así, las desigualdades causadas por el modelo y la consecuente depresión de los ingresos del trabajo con respecto al capital se pretenden corregir con impuestos a la clase media y asistencialismo, ignorando que la mayor capacidad tributaria está en los grupos altos.

Ciertamente, el modelo económico no se puede cambiar en unos meses y la mesa de diálogo no tiene poderes para hacerlo. La decisión sobre la organización económica y social les corresponde a todos los colombianos y, en consecuencia, debe hacerse dentro de los canales señalados en la Constitución.

La verdad es que el debate sobre el modelo empezó de tiempo atrás y se encuentra en su momento más álgido. El impasse reside en que el fracaso no ha llevado a la modificación de las concepciones y las instituciones. Como sucede en Europa y Estados Unidos, los responsables de la crisis buscan las soluciones con el mismo modelo que la causó. En su lugar, se plantea reconocer que las enormes iniquidades de la sociedad no se corrigen con recetas neoliberales, avanzar en teorías más representativas de la realidad y aterrizar en la revisión de las instituciones dominantes.

Octavio Quintero

¡Arrancó el ministro Gaviria!

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es un neoliberal confeso en sus libros, documentos y columnas de prensa, bien difundidas por los medios de comunicación. Ejercía, por demás, el cargo de decano de la facultad de Economía de los Andes, el templo sagrado de los académicos neoliberales donde adoctrinan sus delfines. Es apenas obvio que fue llevado a ese Ministerio a salvar los intereses de las empresas que explotan el sector, puestas en tela de juicio tras el bien calificado debate del  “Robo a la Salud”.

Y ya dio los primeros pasos, impulsando en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que elimina el derecho a la salud al prohibir el recurso de tutela para acceder a medicamentos no contemplados en el POS que vienen a ser los mejores, y por lo tanto los más caros que, por ende, reducen las utilidades de las EPS. Esa iniciativa, presentada además por un médico como Roy Barreras, presidente del Congreso, encierra en sí la paradoja elevada a lugar común: “No hay cuña que más apriete que la del mismo palo”.

Por supuesto, los argumentos de los neoliberales para hacer o dejar de hacer algo, siempre van zurcidos a razones populistas, porque para defender los intereses de los más ricos, las falacias son cañones de largo alcance.

El sustento de su propuesta para eliminar la tutela en defensa del derecho a la salud, el ministro Gaviria dice que (…) “Hoy en día la tutela es utilizada por las personas de mayores ingresos”. ¿Y eso qué? O sea que el ministro, como el marido engañado,  piensa vender el sofá en donde la mujer le pone los cuernos.

Y en otra entrevista de medios, el ministro declara que comenzó ya la lucha radical contra la infiltración de la politiquería en la salud… “haremos todo lo posible por terminar con el pasado". Según ese argumento, los responsables del robo a la salud fueron los políticos y no los Palacinos; de ahí a afirmar que los ladrones fueron los partido políticos y no las EPS, no hay sino un paso. Su afirmación esconde la responsabilidad de los principales culpables y termina echándole palo al nido cuando ya la perra se ha peído…

Si este gobierno fuera responsable, empezando por Santos y siguiendo con el ministro Gaviria, debiera estar pensando más bien en derogar por completo el sistema sanitario de Colombia impuesto por la Ley 100 y volver a un sistema en donde la salud sea en primer lugar un derecho humano y no un pingüe negocio.