Eduardo Sarmiento

Privatizaciones, un mecanismo perverso.

La inequidad no se da silvestre.

La globalización se ha convertido en factor de desigualdad mundial.

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El presidente Santos se manifestó avergonzado por los índices de desigualdad de Colombia, pero no avanzó en la explicación de las causas ni en las soluciones. La dolencia no se dio silvestre.

La globalización ha sido factor de inequidad mundial. La competencia internacional para colocar los productos puso los salarios por debajo de la productividad y aumentó las ganancias empresariales. Por lo demás, el desmonte de la protección a los bienes de menor contenido tecnológico amplió la brecha entre trabajadores calificados y no calificados.

Los aspectos anteriores se acentuaron en Colombia por el predominio de la minería, sector que ocasiona las mayores ganancias del capital y el menor empleo, y los servicios, que generan la mayor parte de la ocupación en la informalidad. El resultado ha sido una estructura económica que reduce los ingresos del trabajo en el PIB y amplía la informalidad.

El otro aspecto son las privatizaciones. Telecom, Ecopetrol, las electrificadoras y las empresas de servicios públicos se entregaron a menos de la tercera parte del valor real. Por otra parte, los inversionistas adquieren poderes monopólicos que emplean para establecer los precios por encima de los costos o suministrar servicios de mala calidad a los sectores menos favorecidos. El sumo se dio en Telecom y en las empresas de salud (EPS), donde los gobiernos han intervenido con sumas billonarias para subsanar las pérdidas de las empresas y mantenerlas en pie. Así, las privatizaciones se han convertido en un mecanismo perverso de traslado del patrimonio público a los consorcios nacionales e internacionales.

A todo esto se agrega la política pública, que incumple el mandato constitucional de la progresividad tributaria y la prioridad del gasto social. La contribución tributaria relativa de los estratos medios y bajos es similar a la de los altos. El presupuesto nacional se destina en una gran proporción al gasto militar, la infraestructura física y los subsidios al capital y las pensiones, que favorecen a los sectores más pudientes. Las transferencias regionales se reducen a la salud y la educación, y en ambos casos el gasto por estudiante y paciente es muy inferior al de los países avanzados de América Latina. El gasto público que llega al 50% más pobre no corresponde ni a este porcentaje y los presupuestos regionales no son ni la mitad del nacional.

En síntesis, el deterioro de la distribución del ingreso en las últimas dos décadas se encuentra en la globalización, la prioridad de la minería, privatizaciones y estructura fiscal. Algo similar se advierte en la información de América Latina recopilada por la Cepal.

Todos los países de la región experimentaron un gran deterioro de la distribución del ingreso en la década del 90, cuando se aplicaron en forma en todo su rigor las reformas neoliberales. Asimismo, se advierte que los países que se apartaron del modelo del Consenso de Washington lograron revertir la tendencia y compensar parte del deterioro. El caso más ilustrativo es el de Argentina, que pasó de un coeficiente Gini de 0,50 a 0,58 durante la década del 90, y lo redujo a 0,51 en los últimos 10 años. En contraste, Colombia experimentó uno de los mayores retrocesos en la década del 90 y continuó en la misma dirección en la primera década de 2000.

La información comparada de la región en las dos últimas décadas revela que los grandes cambios en materia de equidad fueron determinados por los modelos económicos. Las transferencias presupuestales pueden aminorar los efectos del libre mercado, pero nunca contrarrestarlos en su totalidad. Por eso, el país no sólo tiene que avergonzarse por los índices de distribución del ingreso, sino reformar el modelo económico que los causa.