Eduardo Sarmiento

Tomado de El Espectador

La reforma tributaria anunciada

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A mediados del año pasado (3 de julio) denuncié que el Gobierno estaba fraguando una reforma tributaria regresiva.

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Partiendo del compromiso del presidente Santos de no subir las tarifas, el ministro de Hacienda presentaba la reforma como una manera de estimular los negocios y la competitividad, a tiempo de ampliar la base tributaria para incorporar más gente en el sistema. Definida en esos términos, no era difícil advertir que se trataba de la clásica estructura tributaria neoliberal, en la cual el mayor peso tributario recae en los ingresos del trabajo y los bienes más necesarios.

Pues bien, la divulgación de la reforma gota a gota confirma que mi interpretación no estaba lejos de los hechos. Los elementos centrales de la reforma son la baja de la tarifa máxima del impuesto a la renta de 33 a 27%, el establecimiento de retención en la fuente a las personas con ingresos de menos de dos millones de pesos y la elevación del IVA a los productos más necesarios mediante la nivelación de las tarifas y la inclusión de la canasta familiar. Adicionalmente, se contemplan otras determinaciones para reducir las exenciones, que todavía no se conocen, pero en principio parece que recaerán mucho más en las rentas del trabajo que en las del capital.

Así, la baja de la tarifa de los estratos altos se compensará con mayores gravámenes al trabajo que al capital y una mayor tributación de los pobres, tanto por la vía de la retención como del IVA. El resultado es un impuesto a la renta menos progresivo, porque ahora recaerá más en los grupos medios y bajos, y un IVA más regresivo. Basta sumar y restar para advertir que estamos ante un total adefesio en el cual los que ganan más pagan menos.

La propuesta está fundamentada en la teoría ideal de tributación planteada al principio del siglo XX, que consideraba que los sistemas basados en los gravámenes al trabajo y a los bienes necesarios son más eficientes y estimulan más los negocios, porque son menos sensibles a los precios e interfieren menos con el mercado, y redundan en mayores recaudos tributarios. Sin embargo, el modelo fue seriamente cuestionado y rechazado por sus enormes efectos inequitativos. El mayor peso recae en los grupos laborales que tienen menos ingresos que los del capital y en los bienes más necesarios, que son más consumidos por las personas de menores ingresos.

Parte de la explicación está en el TLC con Estados Unidos. Ante los efectos destructivos de la baja de aranceles, agravada por la revaluación, sobre las empresas, en el desespero se busca compensarla con un aumento del gravamen al trabajo con respecto al capital. De nuevo, los platos rotos del libre mercado corren por cuenta de los ingresos laborales.

Ante el rechazo de la opinión publica, el presidente Santos, que llevaba un año discutiendo la reforma, se precipitó a descalificar la propuesta de incluir productos de la canasta familiar en el IVA. La rectificación se ha presentado como una objeción a aspectos menores, como podría ser el gravamen de 5% a los alimentos. Pero aun sin ese elemento, la reforma es totalmente regresiva, porque está viciada en sus fundamentos y propósitos. Se trata de un experimento para mejorar la competitividad a las empresas y aumentar los recaudos tributarios a cambio de ampliar la inequidad.

La propuesta no corresponde a la realidad de una economía que revela los peores índices de desigualdad del mundo. Lo que se plantea es una reforma tributaria que le dé abierta prioridad a la equidad sobre la eficiencia. Como mínimo debe contemplar la eliminación de las exenciones al capital y los ingresos altos y el establecimiento de elevados gravámenes al patrimonio, las excesivas pensiones y la repatriación de capitales.

Los rechazos a la propuesta del Gobierno

Tras conocerse que efectivamente el documento en borrador que estaba trabajando el Gobierno sobre la reforma tributaria proponía un IVA del 5% sobre algunos alimentos de la canasta familiar, Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, dejó claro que “no estamos dispuestos a respaldar una medida que afectará el bolsillo de todos los colombianos, justo en estos momentos en que los alimentos han sufrido alzas desmedidas a raíz de la ola invernal”.

Gaviria recordó que ya la Corte Constitucional había manifestado su inconformidad al respecto y en su momento había declarado la inexequibilidad de la Ley 788 de 2002, aquella que buscaba gravar con el 2% varios productos de la canasta familiar.