¿DE DÓNDE ESTÁN DISPARANDO?

El Defensor del Pueblo acaba de revelar que al menos 4.700 concejales de diferentes ciudades y poblaciones del país están amenazados de muerte y en su mayoría, no cuentan con ningún esquema de protección.

El Defensor revela la macabra cifra en sendas cartas enviadas al Ministgerio del Interior y a la Unidad de Protección en las que pide convocar con urgencia una reunión para hacer un balance de las medidas de seguridad asignadas a los concejales amenazados.

El último crimen de Luis Celima Chalpatar, presidente del Concejo de Puerto Asís (Putumayo), integrante además del Movimiento Social Indígena, está generando mucho ruido, no tanto por el homicidio como por ser quien es.

Y es lo que preocupa: en Colombia ya parece que debemos notificarnos de que también los crímenes son de primera, segunda y tercera categoría, y en esa misma escala va el ruido y la investigación.

En los municipios de Tocancipá y Gachancipá fueron asesinados con intervalo de pocos meses, sendos concejales este año… Y esta es la hora en que nada se le ha informado a la ciudadanía, y peor aún, tampoco la ciudadanía ha demandado ninguna información al respecto. Como en la trágica sentencia popular, aquí se practica “el muerto al hoyo y el vivo al olla”.

Se ha vuelto común amenazar de muerte a los concejales. Tan común, que ya ni parece tomarse en serio, como en el caso del presidente del Concejo de Gachancipá, Joaquín Cubides, al insinuarse que se trata de un invento suyo para hacerse publicidad.

Ojalá que la reunión pedida por el Defensor del Pueblo se ocupe no solo de las medidas de seguridad de los concejales vivos, sino de las investigaciones adelantadas sobre los concejales muertos. Si no sabemos de dónde están disparando y por qué, los asesinos seguirán encima, esperando el papayazo de ese que tienen en la mira.

Y ahí es donde tenemos la batalla perdida porque, como también dicen con gracia  que viene al caso, “ellos sabiendo y uno adivinando”.