Crimen de Estado

Suponemos que hay muchos miles de miles  de explotaciones mineras irregulares en Colombia. Allá donde alguien levante una pica y le dé un golpe a la tierra en busca de algún “tesoro”; o simplemente para utilizar el material extraído en algún otro desarrollo industrial o artesanal, ese alguien acaba de abrir, según la ley 1382 de 2010 (Código de Minas), un  frente denominado técnicamente como “Minería de hecho”.

La regulación de la explotación minera, una de las locomotoras del desarrollo económico de la presente administración, es una de las actividades más complejas y corruptas del país. Y parece que está hecha así a propósito, con el conocimiento y consentimiento del poder legislativo, judicial y administrativo.

En efecto, mientras unos “loquitos” se rompen los sesos diciéndonos a toda hora y por todas partes que estamos acabando con el medio ambiente y con los recursos naturales no renovables: agua, bosques, aire, fauna, flora, etc., otros, con sólo llegar a un despacho de Ingeominas que llama “Grupo de información y atención al minero”, puede conseguir a las volandas una patente de corso para arrasar con un pico de monte arrancando sus entrañas sin compasión.

Es lo que tenemos a la vista: un oficio de ese grupo, suscrito por la señora Marisol Gómez Cuervo, autoriza a tradicionales mineros de Tocancipá a emprender un ataque feroz contra los cerros tutelares de Tocancipá.

Es muy probable –se puede apostar de uno a diez- que la tal señora esa ni conoce a Tocancipá. No le importa si la arenera está en un pico de montaña de más de 2.700 metros de altura o se encuentra dentro de un centro poblado, o haga parte de algún ecosistema. No, eso no le importa a la señora Gómez Cuervo. Quizás otros intereses le resultaron más importantes.

Y de remate, la “diligente” funcionaria advierte en el escrito que contra ese simple oficio no procede ninguna acción legal mientras no se resuelva por la autoridad competente, para el caso Ingeominas. Y dice textualmente, como para que no quepa duda de que su intención es ante todo amparar a los predadores… “ que no se podrá suspender la explotación por parte de los alcaldes ni a proseguirles ninguna acción penal”.

¡Qué genialidad! Una anodina funcionaria de Ingeominas le otorga patente de corso a un minero para que arrase con los cerros de Tocancipá, y fuera de eso, le ata las manos al alcalde para que no pueda hacer nada más que mirar pasivo como se va rebanando la montaña que en antes era la casa natural de bosque nativo, flora y fauna en vía de extinción.

Esta es Colombia: qué tristeza.