¿CÓMO QUIERE LA PAZ?

El procurador Ordoñez sigue empecinado en meter a la cárcel a los cabecillas de las Farc que negocian la paz en la Habana, y en ese orden de idea, demandó de la Corte Penal Internacional (CPI) una eventual intervención en Colombia si se concreta un acuerdo "con impunidad".

En su visita a la sede de la CPI, el procurador le manifestó a la juez, Sanji Monageng, primera vicepresidenta y a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, sus preocupaciones frente a la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se base exclusivamente en la justicia restaurativa (verdad y reparación), dejando por fuera el castigo penal exigido por el Estatuto de Roma de la Corte, lo que significaría impunidad, una paz no sostenible y podría impulsar posteriores actos de violencia en el país.

Poco a poco se va llegando a la conclusión jurídico-política de que este punto es crucial en el proceso de paz y poco apoyo le dan quienes se aferran al rigor de la CPI sin tener en cuenta que en la mesa de la Habana están sentados unos tipos negociando la paz y no unos jueces condenando a vencidos en la guerra.

Por eso llama la atención de que el Procurador actúe a priori, prejuzgando la impunidad y no obstante, deje consignada ante la CPI la ladina afirmación de que apoya a todas las autoridades colombianas en los esfuerzos por alcanzar la terminación del conflicto.

La Procuraduría busca que en este proceso de negociación la justicia colombiana se adapte a los estándares internacionales, pero de no hacerlo, estaría dispuesta a solicitarle a la Fiscalía de la CPI, en calidad de representante de las víctimas, que active la jurisdicción subsidiaria, buscando que exista un castigo para los máximos responsables de los crímenes de competencia de la Corte, es decir, delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio.