BOTANDO CORRIENTE (recomendado)
22.04.2019 17:16¡TRANQUILOS!: ROBEN (o dejen robar) QUE YO PAGO
Es muy probable que se pierda una demanda contra la nación, en el caso de Electricaribe, instaurada por Energy, que hoy vale 5 billones 240.000 millones de pesos. ¿Fue una intervención negociada para que los españoles justificaran la demanda?
En resumen
(en la foto de izquierda a derecha)
Todo, gracias a José Miguel Mendoza (exsuperservicios); Javier Lastra (exagente liquidador Electricaribe); Natasha Avendaño García (actual superservicios) y Ángela Patricia Rojas (actual agente liquidadora) , los cuatro principales responsables de: (1) Haber intervenido Electricaribe en vez de dejar que se quebrara; (2) La mala gestión al frente de la empresa hasta el punto que en dos años perdieron el 270%, de lo que la empresa había perdido en 19 años; (3) Violar el contrato de seguridad inversionista firmado entre España y Colombia que dio pie a la demanda por expropiación de activos y, (4) Nuevamente la mala administración por parte de la SSPD (Superservicios Públicos Domiciliarios) que dio razón a los reclamos de inviabilidad de Electricaribe bajo el marco regulatorio impuesto por la misma SSPD.
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Jorge Vergara Carbó
Edición: REDGES
Barranquilla, abril 22/19
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Desde el mismo instante en que la SSPD decidió intervenir a Electricaribe con fines de liquidación, manifestamos que el señor superintendente, José Miguel Mendoza, se había equivocado en esa decisión, así como en el nombramiento del señor Javier Lastra (agente liquidador), persona con antecedentes en la liquidación de Telecom y en el concejo de Bogotá, además, por no tener idea del negocio de distribución y comercialización de energía.
Al intervenir Electricaribe, en vez de dejar que los españoles siguieran explotando el negocio hasta que se declararan en quiebra, ya que ellos no estaban interesados en capitalizar la empresa para poder realizar las inversiones que se necesitaban para prestar un mejor servicio. Sus índices de gestión se venían deteriorando significativamente, y la SSPD tenía que tener conocimiento de ello al tener acceso a la información financiera y técnica de la empresa. Lo que tenía que hacer el Superservicios era penalizar a la empresa por incumplimientos forzando a los inversionistas a que se declararan en quiebra y le entregaran la empresa al Gobierno central para no seguir perdiendo plata.
Pero no, lo que hizo Mendoza fue actuar de común acuerdo con el Intergremial del Atlántico y, por supuesto, con el ministro de Minas y Energía y los españoles. Prueba de ello, fue el nombramiento del presidente del Intergremial en un cargo en la empresa intervenida. Esa fue una intervención negociada para que Energy pudiera tener justificación para una demanda tal como la hizo ante la CIADI (Tribunal de arbitramento del Banco Mundial), alegando expropiación de sus activos que son de ellos y, malos resultados administrativos de parte de la SSPD.
La administración de la empresa por parte de la SSPD, arrojó los resultados que esperábamos quienes, de una u otra forma, conocemos el sector eléctrico y lo habíamos anunciado a tiempo: “los funcionarios designados para dirigir la empresa carecen de experiencia”.
En la intervención de hace 20 años, por parte de la Superservicios, llevaron a las empresas a la quiebra con malos manejos. Hoy en los dos años que llevan al frente del negocio, han perdido $1,1 billón de pesos, para una pérdida acumulada de $1.5 billones, muy superior al capital suscrito de la misma. Contratación a dedo, sin existencia de junta directiva y sin ningún tipo de control. Afectando con su actuación el patrimonio público. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: “la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa”. Eso implica que los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, con lo cual, se evite el detrimento patrimonial.
De nada han servido las denuncias presentadas en la Fiscalía y Procuraduría en contra del Superservicios y del agente liquidador. Mendoza, para que se sepa, salió de la Superintendencia directo a la oficina, como socio, del hijo del fiscal general Néstor Humberto Martínez. No conocemos una sola investigación por parte de los organismos de control. Tampoco hemos escuchado comentario alguno de la actual SSPD, Natasha Avendaño, sobre los malos manejos al interior de Electricaribe, y en especial, de las altas pérdidas económicas que muestran sus estados financieros: $1,2 billones. Ni la CGR (Contraloría General) ha vuelto a hablar de los desvíos de recursos en los programas FAZNI, FAER, FOES Y PRONE (todos, fondos eléctricos que captan recursos para la socialización del servicio), y otros. Es un ‘tapen –tapen’.
También se han resistido a realizar una auditoría forense (técnica que integra conocimientos criminalísticos, contables, jurídicos, procesales y financieros para la lucha contra el fraude) a las cuentas de Electricaribe, para ver si detectan sobreprecios o contratos ficticios, como se dieron en la Triple A. Ellos también utilizaban empresas filiales de Unión Fenosa para contratar. Esa es una de las varias formas para girar recursos a la casa matriz y, además, pagar menos impuestos en el país. Eso fue lo que hizo la Triple A, por la falta de control, y en Electricaribe era más fácil este tipo de contratos porque no había control alguno. Nunca la SSPD ejerció el mandato constitucional de controlar y vigilar a Electricaribe y a la Triple A, cuyas juntas directivas, el gerente era ‘yo con yo’. El Distrito de Barranquilla era en la Triple A, un invitado de papel. En los últimos 11 años, revisando sus actas, nunca dijeron nada y todo lo aprobaron. Como tampoco los representantes en la junta de Electricaribe, designados por el Gobierno, nunca dijeron nada.
Ahora resulta que el Gobierno Duque está sentado con Energy para tratar de llegar a un arreglo sobre el monto de la demanda, US$1.660 millones ($5,24 billones). ¿Presienten que la demanda la vamos a perder? Ya van tres reuniones y tienen programada la cuarta. Si esa demanda se pierde, será gracias a los señores José Miguel Mendoza, Javier Lastra, Natasha Avendaño García y Ángela Patricia Rojas, ya que ellos son responsables: primero, de haber tomado la decisión de intervenirlos y no dejarlos que se quebraran; segundo, su mala gestión al frente de la empresa hasta el punto que en dos años perdieron el 270% de lo que la empresa perdió en 19 años ($1.2 billones versus $400.000 millones); en tercer lugar, violar el contrato de seguridad inversionista firmado entre España y Colombia, por lo que afirmaron que les habían expropiado sus activos (Electricaribe no es una concesión); y, en cuarto lugar, la mala administración por parte de la SSPD, contribuyó a reafirmar lo que Unión Fenosa venía diciendo, que el negocio era malo, que el recaudo era bajo, las pérdidas de energía eran altas , la cartera oficial seguía creciendo, por lo que había que modificar el marco regulatorio. Lo que afectaba el flujo de caja y los resultados financieros impidiendo hacer inversiones y menos capitalizar la empresa. Ahora Energy dice, razón teníamos nosotros, ya que ustedes administrando la empresa en dos años, llevaron las pérdidas de energía a niveles del 25%, cuando nosotros las teníamos en el 18%, incrementaron la cartera al bajar los niveles de recaudo y aumentaron los daños en las redes. O sea, los españoles para su defensa no necesitan sino mostrar los resultados de la SSPD, que vuelve a fracasar en su segundo intento del manejo de Electricaribe.
La PGN y la CGN no pueden pasar de agache, en este caso. Deben investigar, por lo menos, a los cuatro funcionarios que hemos señalado en este documento, no solo desde el punto de vista disciplinario, sino penal… Es posible que todo haya sido acordado con los españoles para después justificar la presentación de una demanda que vale $5,24 billones, lo que significa que hay mucho dinero de por medio. Es que si la SSPD no los interviene, vuelvo a recalcar señores entes de control, se quiebran y no nos hubiera costado un solo peso recibir esos activos.
Hoy, todos los colombianos, gracias a esos cuatro funcionarios públicos, nos toca pagar la suma que acuerden los negociadores jurídicos del país, con los abogados de Naturgy, suma que estamos seguros no será inferior a los US$800 millones ($2,52 billones). Recuerden que Unión Fenosa compro en US$400 millones a Electricaribe y Electrocosta, que le habían costado a los venezolanos US$800 millones. ¿Serán capaces nuestros abogados de cobrarles a los señores de Energy, los $1,2 billones del pasivo pensional; ¿Los $1,8 billones que les quedaron debiendo al sector financiero y, $1,6 billones a los contratistas y proveedores a quienes volvieron a quebrar? Hablamos de $4,6 billones, que propone la actual superintendenta de sociedades, Natasha Avendaño, que se los regalemos a los privados, asumiéndolos, a través de tarifa todos los colombianos, para conseguir un nuevo operador.
Mientras tanto, el culpable principal hoy está sentado en la oficina de abogados del hijo del señor fiscal general de la república, excluido de todo tipo de investigaciones, al igual de quienes lo apoyaron en la decisión de intervenir a Electricaribe y nombrar al señor Javier Lastra como gerente liquidador a pesar de sus antecedentes.
Están protegidos como han estado quienes se han robado al país en los casos de Reficar, Odebrecht, Navelena, Dragacol, Hidroituango, túnel de la Línea, autopista Bogotá-Girardot, Vía de la Prosperidad, el PAE (Programa de Alimentación Escolar), cartel de las aulas y tantos otros ladrones de cuello blanco que cabrían en una larga lista, sin agotar la cuenta.
Por último, con relación a la convocatoria que se ha hecho nuevamente para conseguir uno o dos inversionistas privados, segmentando el mercado y pagando los pasivos al corte de la intervención, creemos que si no se cambia el marco regulatorio del mercado de distribución y comercialización, en el sentido de permitir, por una parte, la integración vertical de la empresa y, por la otra, modificar la participación en el mercado y volver a llevar a 2MW, la base para que las empresas puedan comprar energía en bloque (contrato a largo plazo) o en bolsa, el negocio no será rentable, ya que no podrá contar con clientes de alto consumo, lo que, de por sí, le ayuda a disfrazar los índices de pérdida de energía y a aumentar los niveles de recaudo. De lo contrario tendría que aumentar las tarifas en un 20%, lo que a su vez incrementaría el fraude y la cartera.
Siguen con su terquedad, no quieren entender en el alto Gobierno que la estructura de mercado de Electricaribe es mala, no es rentable y, peor aún, segmentada.
No debe seguirse dando vueltas al asunto, dado que el servicio cada día se deteriora más. Volvamos al pasado. Creemos una empresa de economía mixta donde participen Gecelca, Urra, Transelca, las electrificadoras y, de ser posible, los generadores térmicos de la región Caribe. Eso sí, cambiando el marco regulatorio existente para poder competir y prestar un buen servicio a un bajo costo… De lo contrario, les garantizo, seguiremos con los mismos problemas y los mismos corruptos. ‘et non erit’: que así no sea.
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