Amylkar Acosta

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¿Alivio para quién?

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Lo más grave de la desaceleración de la economía es que ésta ha impactado fuertemente a la actividad industrial, agobiada como ha estado por los deletéreos efectos de la enfermedad holandesa, mientras las autoridades económicas siguen hablando de la amenaza de la misma y por ello mismo se han mostrado renuentes a tomar medidas prontas y eficaces, no para conjurarla sino para contrarrestarla.

Las cifras son aterradoras: la producción industrial creció a duras penas el 1.2% en el mes de octubre en contraste con el crecimiento del 3.8% el mismo mes del año anterior; sólo 21 de los 48 subsectores, según el Dane, registraron incremento de la producción. En los últimos 12 meses la producción industrial creció un lánguido 1.3% frente al 4.9% de un año atrás.

Esta baja en el ritmo del crecimiento del sector industrial lógicamente se refleja en la baja absorción de mano de obra; ello explica que el empleo en el sector industrial tuvo una disminución y en octubre pasó de crecer 1.7% a sólo 0.2% y en los primeros 10 meses de este año pasó de crecer del 1.4% a 1.2%. Tal situación la quiere utilizar el Director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, como muletilla para defender la reforma, aduciendo que “ese 13.5% que les va a bajar la carga laboral a las empresas aliviará la situación de sectores que han estado afectados, como la manufactura y el agro, entre otros”.

La pregunta que queda en el aire es hasta dónde dicho “alivio”, que le va a representar a las empresas los menores costos laborales merced a la eliminación de los parafiscales para el Sena y el ICBF y la cotización al SGSSS, les va a servir de salvavidas.

Ya hemos hecho referencia al hecho de que son otros factores los que gravitan sobre las empresas restándoles competitividad, como son los sobrecostos inherentes a las enormes falencias en la dotación de infraestructura y logística, así como también los altos costos de la intermediación financiera, especialmente para las Mipymes, por no tener estas acceso al mercado de capitales como sí lo pueden hacer las grandes empresas.

A este propósito, el contraste no puede ser mayor: mientras el Dane daba este lúgubre reporte para la economía real, la Superfinanciera daba cuenta de las pingües utilidades del sector financiero, las cuales crecieron el 265% al pasar de $9.58 billones de utilidades netas en 2011 a $34.97 billones en 2012.

Lo cierto es que, como lo afirma el profesor Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, “los estudios demuestran que una rebaja en los impuestos no genera más empleos. El Gobierno se basa en estudios que están mandados a recoger porque son muy viejos”.

Lo único que puede contribuir a generar empleo es el mayor crecimiento de la economía, particularmente del postrado sector industrial y ello no será posible mientras no se tenga una política industrial clara y definida de apoyo al sector por parte del Estado, la cual se echa de menos. Ningún “alivio” le servirá mientras no se frene la revaluación del peso frente al dólar, mientras no se superen los cuellos de botella en materia de infraestructura y logística y mientras no se meta en cintura al sector financiero.

En última instancia el mayor y mejor incentivo para que las empresas inviertan, ensanchen sus factorías y enganchen más mano de obra, además de propender por su formalización es la mayor demanda por lo que produce, tanto interna como externa.

Y lo que se viene observando es que el sector manufacturero pierde cada vez mayor participación en las exportaciones y con la firma atolondrada de más y más tratados de libre comercio está viendo invadido el mercado interno por la avalancha de importaciones aupadas por la revaluación del peso.

Los mayores recaudos que se esperan por concepto de IVA más lo que se esperan por cuenta del nuevo impuesto al consumo afectan el consumo interno, así como lo afecta el Iman, pues este recae sobre los ingresos provenientes de sueldos, salarios y honorarios, porque aquellos que se reciben como dividendos siguen exentos. No hay que perder de vista que los sectores de menores ingresos dedican hasta el 80% de los mismos al consumo y por lo tanto en la medida que se afecta su poder adquisitivo ello frena el crecimiento de la economía.