Amilkar Acosta

Justicia a la justicia

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La justicia está paralizada y los jueces en las calles, demandando del Gobierno central el cumplimiento de una Ley de la República. Se trata de la Ley 4 de 1992, que estableció una nivelación salarial a jueces y empleados de la rama judicial y transcurridos 20 años no se ha hecho efectiva. El costo de esta nivelación es de $ 780.000 millones aproximadamente, cifra esta que puede superar el billón de pesos si se extiende dicha nivelación a cerca de 20.000 fiscales y auxiliares que están también cobijados por dicho beneficio.

El Gobierno ofrece darle cumplimiento a dicha Ley pero de manera gradual y progresiva, para lo cual se tomaría quince años (¡!). Esta oferta del Gobierno, obviamente, ha sido rechazada tajantemente por parte de Asonal Judicial por considerarla inaceptable e irrespetuosa con la rama, tanto más en cuanto que en el Presupuesto General de la Nación que se acaba de aprobar para la vigencia 2013, según el presidente Santos “el mayor que jamás hayamos tenido la Nación”, sólo apropiaron para tal efecto la ridiculez de $ 130.000 millones.

Según la ministra de Justicia Ruth Stella Correa “lo único que ha hecho este Gobierno es hacerles un reconocimiento dentro de la sostenibilidad fiscal”. Pero llama poderosamente la atención que se esgrima la sacrosanta Sostenibilidad Fiscal para no cumplir con algo tan elemental como es hacerle justicia a la justicia, pero se la deje de lado en el momento de proponerle al Congreso de la República en el proyecto de reforma tributaria rebajarles a las empresas entre impuestos y parafiscales casi $ 10.3 billones. Con sólo el 10% de esta suma el Gobierno podría satisfacer el justo reclamo de quienes administran justicia.

Es más, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012, el monto que dejará de recaudar la Nación por cuenta de las gabelas impositivas otorgadas dadivosamente a esas mismas empresas es del orden de los $ 6 billones, seis veces lo que cuesta redimir la deuda insoluta que tiene con la rama judicial. El problema, entonces, no es de plata. Es bien sabido que los recursos aquí, allá o acullá son limitados y que  el dilema estriba en definir a qué gasto se le da prelación. Este es el quid del asunto. Este conflicto servirá de piedra de toque para definir el talante de la administración Santos. ¡Nada menos!

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