2019: AÑO DE AGITE SOCIAL Y POLÍTICO

La indignación urbana 

se extiende al campo

Es inconcebible que Colombia, con 21 millones de hectáreas de suelos aprovechables, esté importando 12 millones de toneladas de alimentos, desde frutas, carnes, pescados, lácteos, quesos, maíz, legumbres y hortalizas, hasta café: ¡No hay derecho, carajo!

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Editorial REDGES

Octavio Quintero

Director

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El 23 de este mes, también empieza a venírsele encima el mundo agropecuario al presidente Duque, como resultado del inconcebible rechazo de Colombia a la declaración de los Derechos Campesinos expedida por la ONU, desconociendo el pedido de más de 140 organizaciones sociales vinculadas con el sector y 17 congresistas que en septiembre del año pasado le enviaron una carta pidiéndole el apoyo de Colombia a esa importante declaración universal.

Lo irónico del episodio protagonizado por este Gobierno, es que la importante iniciativa salió adelante, gracias a la lucha aportada por una colombiana, Ana María Suárez Franco, abogada javeriana, defensora de derechos humanos, doctorada por la universidad Mannheim de Alemania, vinculada a la organización FIAN Internacional sobre el derecho a la alimentación, fundadora de “La Vía Campesina”, un movimiento que congrega a más de 100 organizaciones alrededor del mundo que empezó por documentar ante la ONU las frecuentes y continuas violaciones a los derechos humanos de los campesinos en todo el mundo.

La respetable organización “Dignidad Agropecuaria”, esa que casi tumba al presidente Santos en el 2013 cuando, con arrogante menosprecio dijo: “El tal paro nacional agrario, no existe”, está verdaderamente indignada de nuevo, según su director ejecutivo, Oscar Gutiérrez, al decir:

(…) “De verdad, alegar, como lo hace el Gobierno colombiano, que esa declaración está por encima de la Constitución Nacional -lo que no es cierto- pero, además, hacerlo a sabiendas de que la suscripción no es vinculante, es una afrenta para los más de cinco millones de campesinos del país”.

Si la Dignidad Campesina se sintió maltratada con Santos, hoy más, pues, la posición de Colombia ante la ONU es una clara capitulación de soberanía nacional alimentaria ante las transnacionales, al argumentar que los derechos plasmados en la declaración se contraponen con las políticas comerciales acordadas por Colombia, es decir, con los TLC suscritos, sobre todo con EE.UU. “Ahí el asunto es más grave. La vulneración a la soberanía nacional es evidente y descarada”, agrega Gutiérrez.

Y es que resulta inconcebible, bajo cualquier análisis, que un país como Colombia, con una serie de ventajas agropecuarias relacionadas con su diversidad de climas, disponibilidad de aguas y con alrededor de 21 millones de hectáreas de suelos aprovechables, esté importando anualmente más de 12 millones de toneladas de alimentos, desde frutas, carnes, pescados, lácteos, quesos, maíz, legumbres y hortalizas, hasta café y otros 300 productos, principalmente de EE.UU.: ¡No hay derecho!

¿Por qué importamos tanto alimento?

Es la pregunta que pone patas arriba el sentido común. Un editorial de Gerencia.com, dice: “Importar es un negocio para algunos empresarios bien conectados con las altas esferas de poder en Colombia. Millones de campesinos que cultivaban granos y cereales se arruinaron porque no pudieron competir con lo que importan los grandes empresarios”.

El desplazamiento continuo de millones de familias campesinas a engordar los cinturones de miseria de las ciudades, no pesan más que unos cuantos empresarios haciendo negocios con la importación de alimentos.  Su poder de lobby y de corrupción pagan bien la indiferencia del Gobierno al respecto, al colmo de abstenerse de suscribir una declaración universal sobre la reivindicación de sus derechos ancestrales.

La Dignidad Agropecuaria también retomará otra discusión de fondo: la implementación de las ‘Zidres’ y las implicaciones que tienen las decisiones de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) con los cambios proyectados sobre la vocación de las tierras agrícolas del país.  

Al respecto, Gutiérrez dice que resulta “muy grave” el empeño del Gobierno en cambiar las costumbres de lo que siembran y cosechan los campesinos en sus tierras, buscando implantar una política de cultivos tropicales que genera exportaciones a costa de sacrificar la soberanía alimentaria. “Las Zonas Zidres, que hacen parte de la política propuesta por Santos y desarrollada por Duque, (porque en eso no tienen diferencia alguna), conlleva la creación de enclaves territoriales al servicio de grandes multinacionales en vastas zonas del país”, agrega el líder de los indignados.

En síntesis, lo que se avizora en el horizonte agropecuario es la suma de los campesinos al malestar general que se respira en el país, desde que los profesores y estudiantes se lanzaron a las calles reclamando recursos básicos para la educación superior, movimiento que también se revive a fines de este mes, esta vez exigiendo el desmonte del SMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) acusado de exceso de fuerza contra la población civil, aparte de estar seriamente sindicado de infiltrar revoltosos en las masas sociales para justificar, precisamente, sus maltratos, al punto que bien pudiera llamársele más bien, “escuadrón móvil prodisturbios”.

“Ante esta realidad que nos agobia, dice finalmente Dignidad Agropecuaria, solo queda la resistencia civilizada y organizada de los productores del agro nacional. Debe buscarse un haz de voluntades que permita unir a la gran mayoría de los productores, elaborar una propuesta que recoja las aspiraciones de los diversos sectores y concretar un plan de acción que eleve los reclamos ante el gobierno y, si no hay soluciones, generar la movilización social del sector en búsqueda de sus derechos. Hagamos de la misma un escenario de definiciones sobre la hoja de ruta para 2019. Acometamos con decisión los retos que posibiliten el progreso del agro nacional”. 

Si las calles colmadas de protestas sociales ponen condiciones políticas, debiera esperarse en este año electoral de gobiernos departamentales y municipales, junto con sus asambleas, concejos y juntas administradoras, un resultado en las urnas acorde con lo que se refleja en las protestas; si los 12 millones de ciudadanos que votaron la consulta anticorrupción (hundiéndose el Congreso punto a punto), vuelven a salir poniendo condiciones políticas en estas elecciones locales, la primavera colombiana pudiera insinuarse en el horizonte…

Pero, en política, nada es predecible, sobre todo cuando esa política se maneja a nombre de una democracia corrompida.

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