¿REGLAMENTAR LA PROTESTA SOCIAL?

La propuesta del nuevo ministro de Defensa, ojalá no pase de ahí, porque ahí sí, vámonos para Venezuela o Nicaragua.

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Editorial RED-GES/El Satélite

Octavio Quintero –Director

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Habrá que coger con guantes quirúrgicos la primera declaración pública del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero:

“Creemos que la protesta social debe ser reglamentada para que represente los intereses de todos los colombianos y no de un pequeño grupo” (¿?).

Esa visión de la protesta social en boca de la persona que va a tener semejante poder entre las fuerzas militares y de policía, suena a amenaza contra las protestas parciales, es decir, aquellas que se circunscriban a algún aspecto en particular como, p.ej., la protesta programada por los educadores para el próximo 25 de julio, o las continuas protestas (armadas de improviso), contra la desalmada atención de las EPS en clínicas y hospitales o, también, contra alguna marcha de vendedores ambulantes exigiendo su derecho al trabajo.

En la declaración del ministro, la protesta social solo será admitida legalmente cuando “represente los intereses de todos los colombianos”. Todos son todos, es lo que debe leerse en la desafortunada advertencia.

Un ejemplo más: una marcha, como la que hicieron los pensionados entre Cali y Bogotá cuando intentaban visibilizar el debate sobre la reducción de sus aportes a salud, de la que participaron relativamente pocos viejos, en la ley del nuevo ministro Botero, hubiera sido ilegal porque no representaba los intereses de “todos los colombianos” sino el interés de unos pobres pensionados que al final, de todas maneras, le fue denegado.

Y como todo atropello siempre empieza con un… “perdón, pero”, el ministro empieza afirmando que “en el ámbito social, respectamos la protesta social, pero…”, y agrega muy en tono sentencioso: “el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”.

“Grandes avances” ¿en qué?, cabría preguntarle al ministro porque, en democracia, seguramente que no, al tenor del artículo 37 de la Constitución: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.

Así, cuando el ministro dice “los intereses de todos los colombianos”, la Constitución establece que “toda parte del pueblo” … Es decir, determina la protesta social en su particular interés, y es lo lógico, porque los intereses en una sociedad son diversos y solo resultan generales cuando se vean afectados en bloque, evento en el que ya estaríamos llegando a una revuelta social. ¿Es eso lo que quiere el ministro Botero? ¿Qué todo el pueblo se manifieste contra el gobierno porque, si lo hace en forma parcial, sería restringida su protesta social?

El antecedente del ministro Botero, en su calidad de presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes que marginó al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, del panel de candidatos presidenciales que invitó en la pasada campaña a exponer sus propuestas de gobierno, habría que considerarlo en el contexto de su anticipada intención de reglamentar la protesta ciudadana.

Esa actitud del vocero de los comerciantes refleja animadversión, no solo a la persona, que sería hasta comprensible, pues, nadie es monedita de oro, sino a unos principios ideológicos, que es lo grave, porque, por cerrarle anticipadamente el camino a Petro a la Presidencia en el 2022, puede empezar desde ya a perseguir a todo aquel que piense distinto al régimen de ultraderecha que se está instalando bajo el faro de Duque y a la sombra de Uribe.

Si cuaja su propuesta, y el nuevo gobierno le compra al ministro “el gran avance”, vamos a ver en todo su esplendor al ESMAD haciendo de las suyas, como en Venezuela; como en Nicaragua o, para no salirnos del corral, como en los tiempos de Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad Nacional; y, para ser más directos, estaríamos apuntando a la reedición de la Seguridad Democrática, corregida y aumentada.

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