¿Quién tuvo la culpa?
16.11.2012 07:00
El Consejo de Estado fijó ayer un plazo de cinco días hábiles que se vencen el próximo viernes 23 de los corrientes como último término para recibir alegatos finales en la instancia previa a la sentencia que determinará las responsabilidades de las distintas autoridades y entes bajo cuya responsabilidad ha sido puesta la recuperación del rio Bogotá.
En la última audiencia, celebrada ayer, intervinieron representantes de la CAR, de los ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EMGESA y otros organismos de control.
Todos quedaron a la espera a la espera de un fallo que será histórico por sus características especiales, como el hecho de responder a una acción popular, y fundamentalmente, por abordar la protección de los recursos naturales, en este caso el río Bogotá, como la defensa de un patrimonio colectivo de todos los ciudadanos de Bogotá, Cundinamarca y Colombia.
La audiencia se celebró en el marco de un proceso que se inicio a instancias de la acción popular interpuesta por un grupo de ciudadanos, y en cuyo desarrollo a lo largo de la última década, el alto tribunal ha adelantado actuaciones para que las diferentes entidades implementen acciones encaminadas a la recuperación ambiental de la principal fuente hídrica del centro del país en especial el fallo de agosto de 2004, que se encuentra en apelación ante el Consejo de Estado.
El director de la CAR, Alfred Ballesteros, manifestó que la autoridad ambiental tiene total disposición para acatar las determinaciones que el alto tribunal adopte frente a la concurrencia de responsabilidades en la recuperación del río, todo dentro del marco de sus competencias.
Ballesteros insistió en la disposición de la entidad de apoyar todos los procesos encaminados a la protección y recuperación del río, como fue en su momento la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, estructuras cuya operación debió trasladarse a los municipios en concordancia con lo observado por la Contraloría General de la República.
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