¿DÓNDE ESTÁ LA SIP?

México, a punto de acabar

con la libertad de prensa

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Hay un sartal de noticias en Google hablando de la “Ley Chayote” en México, que se considera un atentado a la libertad de prensa, pero no como los escándalos que la SIP les arma a los gobiernos que tratan de zafarse de la coyunda informativa, sino porque la mencionada ley deja a discreción de un burócrata de tercer nivel un impresionante presupuesto de publicidad de 3.000 millones de dólares para repartir entre los “buenos” muchachos que mejor se porten con el gobierno de turno, no importa quién sea y, para el caso, mientras más corrupto, ¡mejor!

Por esto debe ser que la SIP no ha armado la consabida “bulla de grillos” que al unísono hace flotar en escandalosas noticias, editoriales y columnas  en sus medios asociados denunciando dizque la “censura” que se trata de imponer en determinado país cuando el ejecutivo de turno trata de meter en cintura el desbordado e insano poder de los medios corporativos, hoy en manos, por supuesto, de poderosos e influyentes empresarios.

¿Qué es la “Ley Chayote”?

RED-GES se dio a la tarea de investigar el tema, luego que el periodista mexicano, Eduardo Victoria Baeza, denunciara, a través del portal CX36 Radio Centenario, de Uruguay, el avance de una regulación a los medios con una ley “hecha a medida de los empresarios voraces”.

La “Ley Chayote”, explica el colega, es el término por medio del cual los mexicanos se refieren a la “prensa vendida”. “Es el fin de los medios locales y de algunos medios pequeños”, agrega Victoria.   La denuncia mencionada la pueden enlazar al final de este editorial.

El asunto es tan delicado que ya ha escalado hasta el nivel de la ONU y la CIDH, instituciones que pidieron proteger la independencia de los medios de la ‘Ley Chayote’.

“Miembros del gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”, manifestaron, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión.

Bumerang informativo

Todo comenzó, vean ustedes, cuando la Suprema Corte de Justicia mexicana ordenó al Congreso, en una decisión calificada por la opinión pública de histórica, que emitiera una regulación sobre la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018; y el gobierno de Peña-Nieto, ni corto ni perezoso, en un proceso caracterizado por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y otros actores interesados, presentó el proyecto de ley en discusión a la Cámara de Diputados, que ya lo aprobó el 10 de abril.

Los voceros de la ONU y la CIDH, quienes resaltaron en principio la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial, luego que conocieron el proyecto calificado de “chayote” por la sociedad civil y la prensa independiente, prendieron las alarmas y ahora consideran…

“Nos preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad.

“Es esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo.

“La ley debe prohibir claramente el uso de la publicidad oficial para fines electorales o partidarios,  o para infringir la libertad de los medios, y además, debe establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo.

“Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley. La ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados”.

“Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhortamos a los legisladores a llevar a cabo una reevaluación de la legislación propuesta (por el gobierno) realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos”.

Como ven, los empresarios de la prensa corporativa, y más los mexicanos, resultaron ser como Jalisco: que “nunca pierde y cuando pierde arrebata”.

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Fin de folio.-  Tírenme este trompo en la uña: si el único que puede derrotar a Duque en segunda vuelta es Fajardo, ¿entonces, por qué anda tan colgado en las encuestas? Pascal diría: es que las encuestas tienen razones que la razón no entiende.