UNA PRUEBA DE ÉTICA PARA EL PROCURADOR CARRILLO

2018: un año para elegir la ética

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Opinión RED-GES/El Satélite

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Octavio Quintero: Director

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El 27 de diciembre el procurador Fernando Carrillo escribió en la columna que le acoge el diario El Tiempo, algo que probablemente en el esplendor de las fiestas de Navidad y Año Nuevo haya pasado un tanto desapercibido: “2018: un año para elegir la ética”.

Es de suponer que si lo dice el procurador, es porque ya él mismo eligió para este aún joven año de 2018 la ética, y tiene en sus manos una linda oportunidad de hacer coincidir lo dicho con lo hecho: el caso del contralor departamental de Antioquia, Sergio Zuluaga.

Como ya se ha informado ampliamente, este alto funcionario departamental, elegido para garantizar el buen uso de los dineros públicos de Antioquia, fue sancionado, en primera instancia, por el procurador delegado en lo departamental por proporcionar información inexacta y falsedad ideológica en documento público para acceder al concurso, al consignar en su hoja de vida datos que no corresponden con la realidad.

“Colombia exige una reingeniería institucional para combatir las viejas y nuevas formas de corrupción”, dijo en ese mismo editorial el procurador Carrillo, y tal vez pensó al momento de escribir lo anterior, quién quita, en el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, envuelto también en falsedad ideológica al mantener por muchos años consignada en su hoja de vida la falsedad de que tenía un doctorado en administración pública en Francia.

Este caso del alcalde Peñalosa, denunciado hace casi un año atrás, cursa por la Procuraduría de Carrillo y la Fiscalía de Martínez, y nada de nada, hasta el momento…

La defensa en los dos casos se parecen, por lo ridículas: en Peñalosa se dice que la falsedad se debe a un “error de traducción”; y en Zuluaga, él mismo dice que por tener tan mala letra manuscrita, le pidió a un amigo que le llenara la hoja de vida que presentó a la Asamblea con lo que resultaría que la culpa no es de él sino del amigo que le hizo el favor…

Y parece que, en Zuluaga, el procurador delegado le “comió el cuento”, porque ante semejante falta gravísima solo le impuso una sanción de 10 meses, al cabo de los cuales volverá impoluto a asumir la inmaculada gestión ética de garantizar la honradez de todos en el manejo de los dineros públicos del departamento: ¡Hágame el favor!

El procurador general debe conocer “al dedillo”, el Código Disciplinario que en su Capítulo V, establece las faltas leves, graves y gravísimas del funcionario público en el ejercicio del cargo, y en ese orden, el numeral 56 del artículo 48 del mencionado Código, establece como falta gravísima…

“Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, acenso o inclusión en carrera administrativa”.

Lo que sigue a la configuración de una falta gravísima de un funcionario público es la destitución del cargo y la inhabilidad general para volver a ejercer cargos públicos por el resto de su vida.

¿Qué lectura entonces hizo el procurador delegado que solo le impuso 10 meses de sanción? Ojalá el procurador general corrija a su subalterno y en el fallo de segunda y última instancia le imponga a este señor la sanción correspondiente a su falta gravísima. Eso sería, “elegir la ética” en este año del 2018.

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Fin de folio.- “Ir por lana y salir trasquilado”: en que la cogió la cogió.