PARA SALIR DEL ATRASO EDUCATIVO
Lo que está en juego en la educación superior
La naturaleza de la universidad, la articulación del sistema de educación superior, calidad, equidad y autonomía, son temas esenciales en una política pública, asegura el rector de la U.N. Ignacio Mantilla.
Enfocados en los retos de la educación superior de nuestro país, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), entregó al Presidente de la República la propuesta de política pública sobre educación superior a 20 años. El documento denominado Acuerdo por lo superior 2034 propone una hoja de ruta para la estructuración, desarrollo y fortalecimiento del sistema de educación superior colombiano.
En la formulación de esta hoja de ruta han transcurrido dos años de discusiones y reflexiones alrededor de la esencia de la educación superior. Las divergencias, entendidas como la diversidad de opiniones o pareceres, siguen siendo válidas y son el combustible para avanzar en la construcción de un sistema de educación superior.
El rector Mantilla hace referencia a los temas que como Universidad Nacional de Colombia considera que siguen abiertos en la discusión del cesu, donde predominó la participación amplia sobre la opinión ilustrada.
La idea de universidad
¿Se puede tener una visión de la educación superior a 2034 sin tener una visión de Nación, sociedad o país? Se genera un círculo vicioso cuando no existe una visión de país compartida por la sociedad. Se pretende superar esta falencia imponiendo a la educación superior la tarea de ayudar a construirla y a hacerla realidad, porque no hay otro lugar del país con tantas inteligencias juntas, tiempo, ni motivación para pensar en el futuro. No tener un consenso social acerca de un país imaginado, en paz, equitativo, competitivo y feliz y, especialmente, no contar con una hoja de ruta para hacerlo realidad a nivel estructural, limita el alcance de toda política pública. ¿Cómo concebir las regiones en el país? ¿Qué tipo de relaciones se deben establecer entre las partes de la Nación? ¿Cómo resolver las inequidades entre regiones y ciudades? ¿Qué tecnologías se desarrollarán con ingenio y capacidad propia para darle valor agregado a la educación y a la generación de conocimiento? ¿Cómo lograr un desarrollo sostenible y asegurar la sostenibilidad ambiental del desarrollo?
El país, a pesar de todos los esfuerzos, ha perdido posiciones en competitividad; se ha mejorado en los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, pero otros países lo están haciendo más rápido y de forma más eficaz.
Este tema ha de ser considerado por los que pregonan que la educación es el instrumento privilegiado para ganar en competitividad. Una buena parte del sector privado nacional piensa, lo cual se refleja también en el cesu, que la educación superior debería tener un papel más incisivo en el aquí y el ahora del sector real de la economía, dando respuestas, casi que exclusivamente, a sus demandas actuales.
En cualquier caso, el rector Mantilla considera necesario diferenciar los fines de la universidad de los fines de la educación técnica y tecnológica, así como también en la universidad debe generarse la diferenciación entre disciplinas y profesiones.
La Universidad Nacional traicionaría su esencia si cae en el pragmatismo de corto plazo que podría reducirla a una simple oficina de investigación y desarrollo o convertirla en una empresa productora de profesionales funcionales y de mercancías cognitivas, como dijo el exvicerrector Carlos Augusto Hernández.
La investigación es lo que caracteriza a la universidad, enfatiza y potencia la formación posgradual, especialmente la de doctores. Así pues, el directivo de la U.N. no concibe una universidad sin investigación. Sin embargo, contrario a esta posición, se ha propuesto que deberían existir universidades concentradas únicamente en la formación profesional y que, por lo tanto, en los procesos de evaluación y acreditación se les juzgue con criterios diferenciados y especiales, distintos a los que tienen en cuenta las actividades investigativas.
Lo que está en juego es el concepto mismo de universidad que se ha venido construyendo, fundamentado en comunidades académicas consolidadas soportadas por la investigación, fuerte en la cooperación e hibridación de las disciplinas y profesiones, de alta calidad académica, con visión de largo plazo y al servicio de los más altos intereses de la Nación.
La política pública del Estado debe dejar claro que en la educación superior ha de primar lo público sobre lo privado. En este sentido, debe ser un derecho garantizado progresivamente por el Estado hasta lograr cobertura universal; eso sí, manteniendo la calidad y la equidad. Bajo esta premisa, el papel de la universidad es gestionar el conocimiento como bien público, formando ciudadanos con integridad, al más alto nivel, que estén dispuestos y en capacidad de transformar la sociedad y que, por supuesto, aporten sus conocimientos para eliminar la desigualdad.
Calidad y equidad
Mediante el ejercicio responsable de la autonomía, la universidad debe garantizar los derechos al acceso, disponibilidad, permanencia y calidad. La dimensión de equidad en la universidad no puede reducirse a la proporción vulnerable de quienes acceden o permanecen en ella. La universidad será equitativa si el conocimiento que construye y los profesionales que forma aseguran, donde quiera que se desenvuelvan, la circulación social del conocimiento. La mala calidad es una forma de segregación e inequidad que debe ser eliminada.
El derecho a la permanencia implica aceptar los ritmos individuales diferentes y las restricciones que impone la desigualdad de entrada. Asimismo implica que no debe hacerse una doble victimización de las personas por el hecho de haber sido segregadas desde su infancia, por no tener un capital académico previo suficiente o por no tener el mismo ritmo de la mayoría. La permanencia es tan importante como la disponibilidad, el acceso y la calidad.
Es necesario diseñar el modelo de educación superior que permita currículos flexibles y acceso con equidad y calidad. No se trata de crear universidades en todos los municipios, incluyendo sus áreas rurales, para acercar la demanda y la oferta, pues esto puede llegar a ser tremendamente ineficiente y costoso. La oferta de calidad debe atraer hacia ella la demanda como se hace en la mayoría de países desarrollados.
El sistema y la regionalización
Es importante reflexionar sobre el papel que debe jugar el Estado en la orientación del sistema de educación superior. Así, es indispensable buscar la formulación de una política de Estado que articule todos los niveles, agentes y componentes alrededor del sistema.
El país debe diseñar un sistema de educación superior que tenga en cuenta la diversidad cultural, la economía regional, la equidad, la inclusión y la propia estructura del Estado. Sin embargo, esto no implica construir un modelo de sistemas regionales autónomos que se repliquen en cada rincón del país. Se debe buscar, por el contrario, la consolidación de un sistema compuesto de subsistemas que respondan y se orienten por una política nacional única, de lo contrario, seguiremos descuadernando al país, como decía Eduardo Aldana.
En el sistema de educación superior el papel de la Universidad Nacional, como universidad de excelencia, debe ser de liderazgo, de articulación del sistema, de puente, de catalizador para el desarrollo de las diversas regiones, cada una en su particularidad.
Autonomía y financiación
La autonomía universitaria, que se fundamenta en lo académico y la investigación, debe ser vista con las profundas implicaciones de responsabilidad ante la sociedad. En las discusiones del cesu se presentaron dos grandes controversias en relación con este concepto fundamental del quehacer universitario. En primer lugar, si la autonomía es un derecho exclusivo de las universidades o si más bien se extiende a todas las Instituciones de Educación Superior (ies). En segundo término, si pueden existir diferentes grados de autonomía en función de la calidad, madurez y responsabilidad de las IES.
Desde la perspectiva del rector Mantilla, otras instituciones pueden asumir la responsabilidad de la autonomía, siempre y cuando demuestren calidad y madurez. Para esto es indispensable que estén acreditadas con criterios transparentes, que tomen en cuenta lineamientos internacionales y que rindan cuentas permanentemente a la sociedad. La autonomía no es un premio para malgastar, es más bien una gran responsabilidad frente a la sociedad.
La autonomía se garantiza, principalmente, mediante la adecuada financiación. Esta no debe ser únicamente para incrementos de cobertura, sino con objetivos más ambiciosos y responsables frente al fomento de la calidad. Sin una financiación sostenible de la oferta pública, garantizada por el Estado, la educación superior dejará de cumplir su responsabilidad, pues su autonomía se verá seriamente limitada y, para subsistir, necesitará desdibujar su esencia como constructora de nación, convirtiéndose en una empresa en busca de recursos.
El Estado debe apostar por la oferta pública, para que esta no pierda participación relativa frente a la oferta privada, garantizando a las IES públicas el 100 % de los recursos destinados a su funcionamiento y los recursos de aquellas inversiones que mantengan e incrementen la capacidad operativa actual.
La financiación de las IES públicas no puede depender prioritariamente de los recursos de matrículas o de fuentes inciertas, como se ha hecho en los últimos años. Recientemente, han aparecido nuevas formas de financiación que valoran más la calidad, como la asignación del porcentaje del CREE o la Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales. En este último caso, la asignación de recursos a las universidades públicas sigue el criterio de la graduación, ponderándola por niveles, como debe ser. Sin embargo, la equivalencia que se hace entre programas presenciales, semipresenciales, virtuales y a distancia, resulta desacertada.
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