Si estamos en problemas hoy para financiar los compromisos adquiridos con sectores sociales, ¿qué podemos esperar con la firma de un acuerdo de paz?

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Laura Gil (su columna en El Tiempo)

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El enemigo de la paz no estará sentado en el Ministerio de Defensa, sino en el de Hacienda. Si el país continúa con la lógica Ocde, las exigencias de la paz perderán ante las demandas del puro crecimiento económico. Bien sabemos que este no saca de manera automática a la gente de la pobreza, ni trae, por sí solo, beneficios en el campo social.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) pregona las buenas prácticas macroeconómicas. Entre sus objetivos se encuentran la armonización de políticas económicas y financieras, la supresión de obstáculos al intercambio de bienes y servicios y la liberalización de los movimientos de capital.

En Colombia, la Ocde constituyó el motor de la regla fiscal, que impuso un techo al gasto en relación con el ingreso de la Nación. Útil para garantizar la estabilidad financiera de los Estados en tiempos normales, ¿igual de conveniente en condiciones atípicas?

Este es el debate sobre política económica del posconflicto que evadimos cuando la regla fiscal fue adoptada; ¿lo seguiremos haciendo con las demás recomendaciones de la Ocde?

En un periodo de posconflicto tienen lugar varias transiciones simultáneas: la militar, la política, la social y la económica. Si se adoptan las alternativas óptimas desde el punto de vista macroeconómico, se puede terminar poniendo en riesgo la meta de la paz.

Así se expresa la tesis principal del libro de Graciana del Castillo Rebuilding war-torn states: the challenge of post-conflict economic reconstruction, publicado en el 2008 por Oxford University. Allí elabora planteamientos formulados desde el 2001 y retomados luego por figuras asociadas al Banco Mundial, como Paul Collier y Robert Zoellick.

Del Castillo afirma sin titubear: “La reconstrucción económica no es ‘desarrollo como siempre’: el objetivo de paz debe prevalecer sobre el de desarrollo en todo momento”. Para ella, “las mejores políticas basadas en criterios que maximizan las ganancias económicas no son posibles ni deseables durante la reconstrucción”. Eso sí, reconoce Del Castillo, las políticas transitorias deben ser abandonadas cuanto antes resulte posible.

Basa su investigación en Estados fallidos o con menor capacidad institucional que la colombiana. Pero, como la guerra produce distorsiones en toda economía, sea cual sea el nivel de desarrollo del país afectado, muchas de sus recomendaciones resultan aplicables a Colombia y, más ahora, en medio de la discusión sobre el presupuesto del 2015.

El Gobierno está lidiando con un hueco de 12,5 billones de pesos. Uno quisiera que las empresas del ‘Soy capaz’ también dijeran: “Sí somos capaces de pagar más impuestos para financiar la paz”. Pero no está claro hasta dónde están dispuestas a llegar.

Se le trasladó, entonces, la carga del financiamiento a una clase media urbana, privilegiada en términos relativos, pero lejos del goce de altos niveles de consumo. La ampliación de la base para el pago del impuesto al patrimonio provocó tanto rechazo que el Gobierno dio marcha atrás.

Si estamos en problemas hoy para financiar los compromisos adquiridos con sectores sociales, ¿qué podemos esperar con la firma de un acuerdo de paz? La reintegración a la vida productiva del país, no solo de víctimas y combatientes, sino de territorios enteros, cuesta, pero constituye un requerimiento ineludible de la reconciliación nacional.

Si todo el costo económico de la paz terminara asumido por la clase media urbana, el posconflicto correrá el riesgo de perder apoyo político. Este es un momento para escuchar más a Del Castillo y menos a la Ocde.