DEL CIELO A LA TIERRA
Por punta y punta: Colombia es un estado que ofende a Dios y maltrata a la sociedad, especialmente a los más desvalidos
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Octavio Quintero
02 de octubre 2015-10-02
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“Es un pecado abandonar o descartar a los ancianos”, dice el papa Francisco con frecuencia, invocando el principio de solidaridad, un término que puede asimilarse tanto a un alto espíritu de religiosidad cristiana pero, y fundamentalmente, en sentido político, a la forma en que debe organizarse la sociedad en procura del bienestar de todos los asociados.
La solidaridad es el primer postulado de la Constitución Política de Colombia:
“Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la SOLIDARIDAD de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Cualquiera que se detenga a reflexionar sobre los dos párrafos anteriores podría concluir, sin mayor esfuerzo, que (1) Colombia, en el sentido cristiano, está cometiendo pecado con su población de tercera edad y, (2) viola la constitución en su primer postulado, pues, no solo mantiene abandonada a su población de mayor edad sino que, a la poca que con grandes esfuerzos logra hacerse a una pensión a lo largo de su vida, la discrimina e impone cargas contributivas alejadas de toda solidaridad.
Hace unos meses (en la legislatura pasada), se hundió, a petición del gobierno, un proyecto de ley que propendía por la igualdad y equidad con respecto a los pensionados, reduciéndoles del 12 al 4 por ciento su aporte obligatorio al régimen contributivo de salud. En respuesta, y en virtud de la ardua labor que los pensionados han intensificado en defensa de su derecho a la igualdad, un grupo de parlamentarios volvió a presentar el proyecto en esta legislatura, recibiendo el pasado martes ponencia favorable.
El nuevo proyecto de ley coincide con otro gran estudio que acaba de concluir en el país sobre la población de tercera edad denominado, precisamente, “Colombia envejece”, adelantado por Fedesarrollo para la fundación Saldarriaga Concha, en el que, de entrada, se afirma que en Colombia, hoy en día, “hay más viejos que nunca antes: 5,2 millones de personas (el 10,8% de la población) con 60 años o más.
Los retos que, de cara a su población de tercera edad se le vienen encima al país, no se enfrentan solo con hacer más rígidas las condiciones de jubilación, que es lo que propone la OCDE (aumento de la edad y de las semanas de cotización), ni tampoco seguirle cargando la mano a los pensionados con aportes injustos, como este del 12% a salud o incrementos anuales atados exclusivamente a la inflación, o pensar siquiera en gravarles las mesadas actuales, otra de las “brillantes” propuestas de la OCDE.
La primera solución del problema pensional que ya se tiene, y se pronuncia con mayor gravedad hacia el inmediato futuro, es la generación de empleo, pero no cualquier empleo, sino de empleo justo, digno, equitativo y estable.
No puede el gobierno seguir “sacando pecho” con cifras de un dígito logradas en virtud de propender, el propio Estado, por un empleo precario, informal, indigno, esporádico y miserable. El país no puede seguir alardeando con las billonarias utilidades, balance tras balance, del sector financiero, mientras decae el ingreso real de los trabajadores activos, y más el de los pensionados, y se estrecha su capacidad de consumo.
Claro que para generar empleo de calidad hay que cambiar el enfoque de desarrollo nacional de modelo neoliberal a un modelo económico de solidaridad social en donde el interés general de la sociedad no esté subsidiado solo a la eficiencia sino también la eficacia y la efectividad, que es la suma de eso que en la doctrina social de la Iglesia y en la Constitución Política de Colombia, para volver al principio, se denomina “Justicia Social”.
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