DE LO MALO SURGE LO PEOR

Octavio Quintero --

Opinión/El Satélite

(25/06/16)

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El proceso de paz que está culminando el presidente Santos con las Farc-EP contempla dos frentes de oposición: política y jurídica; y la oposición política que presenta el expresidente Uribe y su partido Centro Democrático (CD), no es la más importante.

La oposición más importante al proceso de paz es jurídica, y cuenta con el respaldo de respetables juristas y analistas de medios que ven en el proceso un atropello a la Constitución. Estos respetables juristas y analistas no pueden ser metidos dentro del mismo saco de Uribe.

Todos los opositores jurídicos están de acuerdo con el proceso del diálogo; están de acuerdo con la justicia transicional; están de acuerdo con la incorporación a la vida política de los subversivos; en resumen, están de acuerdo en un todo, menos en que para lograr ese anhelado fin, se atropelle la Constitución en la forma como se contempla en la ley del plebiscito por la paz, por ejemplo, fijando un caprichoso umbral reducido al 13%, o  de la manera como quedó blindado el acuerdo,  elevándolo a tratado internacional. También critican los opositores jurídicos que para cumplir con la obligación de consultar al pueblo se apele a un plebiscito y no a un referendo que, si formalmente son iguales, difieren en su objeto: el plebiscito es la consulta al pueblo referida exclusivamente a problemas de índole política, mientras que el referéndum comprende materias jurídicas solamente; en el plebiscito el pueblo aprueba en un solo SÍ o rechaza en un solo NO, una decisión del Presidente; en el referendo, el pueblo tiene la oportunidad de aprobar con un SÍ lo que le gusta o rechazar con un NO lo que no le gusta y, lo que aprueba, tiene poder vinculante; el plebiscito no.

El debate jurídico se ha sesgado y, de alguna manera interesada, se ha potenciado el político en el que, los defensores del proceso de paz a ultranza, han creado el demonio de Uribe, y a su infierno, tratan de mandar a los opositores jurídicos bajo la inapelable sentencia de enemigos de la paz.

Eso no va a dar resultados positivos, ni aun si el Presidente y sus huestes salen adelante. Cuando en un país se viola la constitución, bajo el pretexto más altruista que se quiera, ese país está girando a futuro contra su estabilidad jurídica. El plebiscito con un umbral de solo el 13 por ciento, por ejemplo, es un hueco negro que se abre a disposición de eventuales regímenes autocráticos; las facultades extraordinarias que se le dan al Presidente, es una castración legislativa del Congreso y, una eventual aprobación de la Corte Constitucional a ese adefesio jurídico del plebiscito sería solo comparable al adefesio de la reelección que avaló, ignorando los delitos que se cometieron para poder reformar el “articulito”.

Si en efecto creemos que somos más los amigos de la paz que de la guerra ¿qué tanto miedo se le tiene a Uribe? ¿Por qué no hacemos las cosas correctamente? ¿Por qué no un referendo en vez de plebiscito? ¿Por qué no se depura el censo electoral, sacando de él a los muertos, a los militares y a los abstencionistas consuetudinarios que nunca han votado y nunca votarán ya? ¿Por qué no se le deja la función legislativa plena al Congreso, un órgano directamente elegido por el pueblo, en vez de trasladársela a un congresito elegido en conciliábulos?

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Fin de folio: el refrán, “El que siembra vientos cosecha tempestades”, nos advierte que cuando actuamos mal, estamos propiciando que nos sucedan cosas peores.