¿Tendremos este año una repetición de los hechos escandalosos emanados de la reforma judicial del 2012?

--

Enrique Santos Molano

(Su columna en El Tiempo)

--

Una visita de evaluación al Estado hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la semana pasada, en compañía de los delegados de los países responsables de calificar a Colombia. El análisis de la situación del país en materia económica, reseñado por Guillermo Perry en su columna del domingo anterior en EL TIEMPO, concluye que la economía colombiana es “sólida” y formula algunas recomendaciones para “consolidarla”.

En cuanto al trabajo de contrarrestar la delincuencia y la corrupción, pasando por el crimen financiero y los atentados a los Derechos Humanos, la Ocde manifiesta su preocupación por la posibilidad de que tales flagelos puedan salirse de madre si el sistema de Justicia en Colombia colapsa por la politización de las reformas que, sin el debido sustento jurídico, cursan en el Congreso, aprobadas ya en primer debate.

Esas reformas son una secuela de la que se hundió en el 2012 y tienen, como aquella, la misma soterrada intención de acabar con la independencia del poder Judicial. El segundo debate de la llamada ‘reforma a la Justicia’ comenzará en marzo y, de aprobárselo, es lo más seguro que en el segundo semestre sobrevenga el caos jurídico, en el que navegarán a su acomodo las organizaciones criminales.

No se discute la necesidad de limpiar la rama Judicial de los elementos impuros que en los últimos años han contribuido a desprestigiarla. No solo no se discute, sino que, por los mismos magistrados que desempeñan un trabajo ímprobo, se reconoce la urgencia de esa limpieza. No obstante hay que hacer la distinción entre la institución que, como tal, es incorruptible, y los elementos corruptos y corruptores que se han colado en sus entrañas. Se trata entonces de sanear la institución de la Justicia, no de destruirla, ni de someterla al arbitrio de los demás poderes públicos.

Precisamente el proyecto de reforma a la justicia que el Congreso intenta aprobar y convertir en ley o en reforma constitucional, por ser un proyecto de carácter eminentemente político, y no jurídico, no busca sanear la Justicia, sino destruirla. No la limpiará de los elementos impuros que la han desprestigiado ante la opinión pública, pero sí eliminará a los que, hasta ahora, han resistido el tremendo poder de la corrupción. Es esta nada remota posibilidad la que suscita las inquietudes que al respecto se perciben en el informe de la Ocde, pues no basta con proyectos de ley como el que crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Resulta indispensable separar para siempre la reforma política del equilibrio de Poderes y efectuar una seria reforma a la Justicia que, a la luz de las evaluaciones nacionales e internacionales, se puede alcanzar con más eficacia, con mayor rapidez y dotada de contenidos de veras estructurales, mediante las reformas de Ley Estatutaria y de Ley Ordinaria.

Por lo mismo, el Senador Luis Fernando Velasco acaba de preguntarle públicamente al ministro de Justicia, Yesid Reyes, jurista muy respetado, cuál fue su papel frente el paro de Asonal, que, según se anuncia, será reanudado en los próximos días. Todo el país le pregunta al Ministro por qué no hace respetar su rectoría en una reforma propia, y por qué no les insinúa a los ministros o superministros, Néstor Humberto Martínez y Juan Fernando Cristo, que se ocupen de sus exigentes responsabilidades en la Presidencia de la República y en el interior, y que dejen al ministro de Justicia ocuparse de la Justicia. Sería lo justo.

Por actuaciones invasivas e intrusivas de unos funcionarios en los asuntos de otros, el país presenció estupefacto la exhibición de los testimonios procesales rendidos bajo juramento por el presidente Juan Manuel Santos y el exministro Juan Carlos Esguerra, que encarecieron, uno y otro, al Consejo de Estado declarar la pérdida de investidura de los senadores y representantes que también quisieron hace tres años entrar a saco en la Constitución para acabar con el sistema colombiano de justicia, encabezados por el ahora embajador en San José de Costa Rica, también payanés, y por los senadores Enríquez Maya, Juan Manuel Corzo y Juan Carlos Restrepo, entre otros padres de la Patria.

¿Tendremos en el 2015 una repetición de los hechos escandalosos emanados del Congreso que aprobó precipitada y dolosamente una reforma judicial (muy parecida, si no idéntica, a la que ahora se discute) y que obligó al jefe del Estado a objetarla por inconstitucional y… desatinada?