Fuente: El Espectador (columnista, Claudia Morales)

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Hace cinco años trabaja en mi casa Jacky, una niñera fenomenal. Como debe ser, de acuerdo con la ley, la tengo afiliada a la seguridad social y, para el caso de esta columna, les cuento que su prestadora de salud es la Nueva EPS.

 

Voy a citarles sólo tres ejemplos de lo que ha sido su viacrucis como resultado del pésimo servicio. El 27 de agosto de 2014 la operaron de unos pólipos en la nariz. Pero antes de eso, estuvo diez meses tratando de que le aprobaran esa cirugía, entre otras cosas porque la pobre mujer no podía respirar. Durante ese tiempo, la pasearon de un consultorio a otro y le dieron tanto antibiótico, por las infecciones que eso produce, y acetaminofén, que con eso habría podido montar una farmacia. Sólo fue posible lograr la operación cuando amenacé con una demanda y llamé a esa EPS a exigir la prestación del  servicio como debía ser. Diez meses, y yo pensaba en la cantidad de pacientes con enfermedades graves que mueren, porque también los he conocido, esperando un tratamiento.

 

En enero de este año, mi empleada viajó a Sampués, Sucre, y le dio chikungunya. Fue a la clínica del pueblo y sin ningún tipo de examen le diagnosticaron la enfermedad. Pregunté en el Ministerio de Salud si no era obligación practicar un examen de sangre en esos casos para verificar si efectivamente eso era lo que tenía y me dijeron que no. ¿Qué le dieron? Acetaminofén a la lata.

 

Duró incapacitada 20 días sin poder moverse, porque lo que no cuentan los médicos ni las autoridades del gobierno es que las secuelas que deja esa infección en las articulaciones pueden ser de por vida, dependiendo de los antecedentes de salud y la edad del enfermo. La puso de pie mi médico particular, que sí le hizo los exámenes que debía.

 

Y el 29 de abril a la nana le dio una gripa. Se fue a la IPS de Suba y le recetaron Trimetropin y un corticoide que debía tomar durante siete días. Una semana después estaba peor, y este lunes llegó a la casa con una tos que la estaba matando y en un estado de debilidad aterrador. Decidí llevarla otra vez a mi doctor. Diagnóstico: ese coctel de medicamentos la estaba envenenando porque, según él me explicó, “deprime el sistema inmunológico. Fue un estado gripal muy mal tratado”.

 

Así como ella, miles de colombianos sufren cada minuto la negligencia e ineptitud del sistema de salud público. A mi correo de La Luciérnaga, donde también trabajo, me escriben decenas de personas desesperadas que no encuentran más salida que acudir a un medio de comunicación porque nosotros les servimos de puente para que les cumplan sus derechos. Ayudamos a mucha gente, y ese no debería ser el camino.

 

Jacky y todos los colombianos tienen derecho a una salud justa y efectiva. Pero un Estado fallido como el nuestro nunca les retribuye ni un pequeño porcentaje de lo que les corresponde. 

 

Ñapa: En mi columna pasada denuncié que Fungescol, bajo un programa del Ministerio de Educación, entregó comida podrida a los niños de los colegios del Chocó. Al día de hoy, las acciones han sido las siguientes: la Gobernación creó un comité de vigilancia y la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia pidió al fiscal investigar. Conclusión: no va a pasar nada. ¿Y la ministra Parody? No sé. ¿Existe?