El lado oscuro de los acuerdos con las Farc-Ep

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RED-GES EL SATÉLITE

Director: Octavio Quintero

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Referencia: Implementación acuerdos de paz

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Son monstruosas las conclusiones del constitucionalista, Pedro Medellín, en su columna de Semana.com, desde el mismo título: “¡El Estado acepta la responsabilidad por el paramilitarismo!”, hasta el final: (…) “no habrá presupuesto alguno que pueda pagar la cadena  de condenas que se pueden venir como consecuencia de esta decisión de carácter constitucional.”.

Y la comparación que sigue es válida: todos los argumentos del gobierno para objetar los proyectos de ley de reducción de semanas en la cotización a pensión de las mujeres, junto con la reducción del aporte a salud de los pensionados, están basados en la sostenibilidad fiscal…

También, con el mismo argumento, se atajó la restitución del recargo por trabajo nocturno a partir de las 6:00 pm a los trabajadores y se proponen grandes recortes en el presupuesto del año entrante en materia de inversión social; y con el mismo argumento, finalmente, el gobierno central le está trasladando a los departamentos y municipios un cúmulo de gastos para aliviar su propia carga nacional como, p.ej.: la gestión del riesgo, la puesta en marcha de la Ley de Victimas, gestión ambiental de las cuencas de los ríos, responsabilidad penal adolescente y en general políticas de infancia y adolescencia, atención a desplazados y al adulto mayor, salud (atención a la población no asegurada en el sistema de salud, unificación de planes obligatorios de salud y cubrimiento de pagos no POS de regímenes subsidiado y contributivo), programas de la mujer, delegación minera en la verificación efectiva de las concesiones mineras, conservación del patrimonio cultural y la creación de cuerpos de bomberos y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Resulta inadmisible y, por demás sospechoso, que el acucioso ministro de Hacienda,  Mauricio Cárdenas, con ojo de águila para ver estas hendijas, no se haya percatado del huraco fiscal que implica la aprobación del proyecto de acto legislativo 04 de 2017, al sustentarse textualmente que, con la aquiescencia del Estado, se crearon, armaron y desempeñaron distintas formas de organización paramilitar.

Esto, de suyo implica –dice Medellín--, preconstituir una prueba en contra del Estado colombiano ante cualquier tribunal de derechos humanos, nacional o internacional, que entenderá que tras esta reforma constitucional queda explícita la responsabilidad del Estado por acción u omisión en la acción de los grupos armados privados, de carácter paramilitar.

A solo un debate de convertirse en reforma constitucional, alguien debiera pedirle concepto al ministro de Hacienda, a ver qué dice; y alguien debiera echarle ojo al texto de los acuerdos suscritos con las Farc-Ep a ver si por algún lado establece que en su desarrollo el Estado colombiano deberá responsabilizarse de la negra noche del paramilitarismo y, preguntarse ahí mismo, a quién deberá responsabilizarse por la negra noche de la violencia en Colombia que duró más de 50 años.

Si vamos a buscar responsables, busquémoslos a todos; no solo del lado del Estado que, por supuesto los hay, y deben encontrarse para penalizarlos a ellos, y no a todos nosotros, la sociedad civil, puesta en medio del fuego cruzado que, frente a la avalancha de demandas de las víctimas contra el Estado, tendrá que apretarse más el cinturón para poder financiar las condenas que se vendrán en sartas.

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