¡EXIGIMOS CONSTITUYENTE!

JAIME ARAUJO RENTERÍA--

NO MAS FRAUDE AL SOBERANO

(Cualquier otra propuesta sin efecto jurídico, como un nuevo plebiscito, sería inocuo)

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Columnista/Grupo Editorial El Satélite/Director Octavio Quintero

(Análisis jurídico-político 06/10/16)

A juzgar por la orientación que va tomando la salida de la crisis posplebiscitaria, los 6 millones de  Uribe y los 6 millones de Santos, quieren excluir a 34 millones de la sociedad civil. ¡Qué absurdo y qué abuso!

Decíamos al momento de conocer los resultados electorales que al 63% de los colombianos con derecho a voto, miembros de la sociedad civil, no los motivó el llamado plebiscito por la paz, lo que constituye un rotundo fracaso tanto para el presidente Santos y su equipo –toda la administración pública-- (promotor del SÍ), como para el expresidente Uribe y su equipo (promotor del NO). Tanto a uno como a otro los rechazaron individual y colectivamente pues, unidos, sólo representaron el 37% del potencial electoral; y si a esto se agrega que los votos nulos sumaron más de un cuarto de millón, también fueron de rechazo al presidente y su administración, como a los expresidentes Betancur, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe que se jugaron tanto por el SÍ como por el NO. Es decir, el rechazo de la sociedad civil fue al establecimiento entero y a su régimen gubernamental.

Señalamos también recientemente, que los rechazados “están proponiendo como solución” un nuevo frente nacional, ya no entre dos bandos sino entre tres: Uribe & Cía.; Santos & Cía.; FARC & Cía., para repartirse el poder y el gobierno entre ellos, con exclusión de estos 34 millones de ciudadanos de la sociedad civil: 21 millones con derecho a voto y 13 millones más de menores de edad que son personas, y como tales, tienen los mismos derechos humanos de todos los demás y hacen parte de la misma sociedad civil que debe ser tenida en cuenta al momento de decidir sobre su destino.

Soberanía y poder constituyente

No pueden excluirnos, porque cada uno de los miembros de la sociedad civil somos titulares de una fracción de la soberanía popular consagrada en la constitución. Por excluirnos desde el principio de las negociaciones de La Habana, les pasó lo que les pasó. Como titulares de esa soberanía, somos también titulares del poder constituyente, que no es más que el principal atributo del soberano. En consecuencia, la sociedad civil es la titular de la soberanía y del poder constituyente. No lo son los poderes constituidos, como el Congreso, el Presidente o las Cortes, que como todo poder constituido, están sometidos a la constitución.

Frente a la crisis que vive Colombia, cae bien recordar la sentencia del abate Emmanuel Sieyes, en plena revolución francesa: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo a través de una representación extraordinaria,… Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”.

Este principio se encuentra plasmado en  nuestra constitución en el “Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público...”, y tiene valor, no porque lo diga la constitución, que es hija del ejercicio de la soberanía y del poder constituyente del pueblo. Si la constitución no lo dijera expresamente, ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente, porque como dijera Rousseau “de suerte que, en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y los ciudadanos, recobrando de derecho su libertad natural, están obligados por la fuerza, pero no por deber, a obedecer”.

Si los verdaderos dueños de la soberanía y del poder constituyente es el pueblo, y no los poderes constituidos, llámense presidente, congreso o cortes sometidos a la constitución queda claro que el pueblo, como poder soberano, está por encima de esos poderes establecidos, y de la misma constitución; queda definido que el pueblo puede siempre reformar, cambiar o destituir a los poderes constituidos; que el árbitro supremo en la democracia siempre es el pueblo y NO los poderes constituidos, y que en los momentos de crisis, debe ser consultado obligatoriamente. Por tanto, viene a ser un absurdo y un abuso, como se afirma atrás, querer excluir a la sociedad civil del proceso de paz, excluyendo, de paso, a las víctimas de la violencia de participar en las decisiones que las afectan, cuando nuestra constitución ordena precisamente lo contrario (artículo 2): “son fines esenciales del Estado:… Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política administrativa y cultural de la nación…”).

Equivocados en la forma y en el contenido

Ya vimos como, en todo el proceso de cesación parcial de un conflicto armado, tanto el gobierno como la FARC y el Uribismo, de hecho, excluyeron a la sociedad civil soberana y constituyente, y especialmente, a sus víctimas; y apenas estas y aquellas pudieron expresarse, los rechazaron individual y colectivamente.

Ahora, ante la crisis planteada, la fórmula es la misma: la exclusión del pueblo soberano y constituyente, la exclusión del árbitro supremo de la democracia: el pueblo, cuando deberían estar haciendo precisamente lo contrario: convocándonos a dirimir el conflicto.

Quieren sustituir la constituyente, como hacen los políticos tradicionales, por una reunión de “compadres”: el compadre Uribe, el compadre Santos y el compadre Pastrana, cuando saben más  que nadie que la sociedad civil los rechazó, como saben también que si ante la Registraduría se escribieron más de 500 comités por el SÍ y por el NO, viene a ser la prueba fehaciente de que ellos no son los auténticos dueños del SÍ o del NO.

Hay que partir nuevamente de CERO

A pesar de que ahora el nuevo combo político quiere engañar al pueblo colombiano diciéndole que sólo se trata de renegociar unos “pequeños ajustes”, la realidad es que el proceso de cesación parcial del conflicto armado, debe comenzar nuevamente de cero.

La razón de nuestra afirmación está basada en el propio fallo de la Corte Constitucional cuando estableció claramente que si el NO triunfaba, era imposible jurídicamente implementar el acuerdo final…

Veamos lo que dice la sentencia en la página 336: “En cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una decisión de política pública específica y a cargo del gobernante”.

En otro aparte de la sentencia (numeral 116) se precisa:

“A juicio de la Sala, dadas las implicaciones de la refrendación popular, sus efectos deben reflejar cabalmente las preferencias mayoritarias de quienes participan en el plebiscito.  Por ende, debe conferirse un efecto jurídico definido tanto a la decisión aprobatoria como aquella que niegue la validación de la decisión política del Presidente sometida a plebiscito especial.  Sostener lo contrario significaría una inaceptable instrumentalización de la decisión popular como mecanismo de simple validación de las políticas gubernamentales. En cambio, conferir efectos sustantivos a las dos posibles opciones de expresión popular es una postura respetuosa de las preferencias de los ciudadanos, manifestadas a través de los mecanismos de participación.”.

El camino es la CONSTITUYENTE

Demostrado como queda, que el plebiscito que ya pasó u otro nuevo no produce ningún efecto jurídico, sino político y sólo respecto del Presidente; que el que ya pasó, por haber ganado el NO, es imposible, jurídicamente, para el presidente adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico, puesto que fue esa decisión de política pública la que fue negada al someterse a la refrendación popular, el camino que sigue es la CONSTITUYENTE.

La sociedad civil soberana, titular del poder constituyente quiere la paz con justicia social; la preservación del medio ambiente; la lucha contra la corrupción y el desempleo; las reformas agraria, urbana y del sistema financiero; la reforma del congreso, de la Justicia, de la educación y la salud; la redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación, incluidas la sexual y la racial. La sociedad civil quiere libertad e igualdad de los colombianos; creación del estado autonómico o federal; el derecho a la vivienda; que de verdad se respeten los derechos de las víctimas de la violencia a la verdad, a la justicia, a la reparación y la garantía de no repetición, etc..

 No podemos dejar que estas ideas, en síntesis: Paz con justicia social, democracia política y económica, desaparezcan de la sociedad colombiana; y ellas sólo puede hacerlas realidad una asamblea constituyente popular y democrática que cree las nuevas instituciones que hagan posible los cambios estructurales que requiere el Estado y la sociedad colombiana. Cambios que no nos darán ni Uribe ni Santos, ni la clase política representada en el Congreso.

Usurpación de soberanía popular

Para quienes afirman que el Presidente no está obligado a consultar al pueblo, y mucho menos a permitir una constituyente, con el argumento de que en el pasado, en otros procesos, también llamados de paz, que como este mantuvieron el modelo económico y la falta de derechos del pueblo, la consulta al pueblo (como fue el plebiscito) es un “REGALO” que el Santo monarca nos concede a los súbditos colombianos; como si él fuera “L'État, c'est moi”, y nosotros sus súbditos feudales sin derechos, les contestamos con Aristóteles que “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está, por encima de las Leyes”; les recordamos que hace 2.500 años, los griegos atenienses crearon la democracia, el poder y la soberanía del pueblo; que hace 240 años, los revolucionarios norteamericanos reconquistaron la soberanía popular (we people), ejemplo seguido por la Revolución Francesa… Que el argumento de que el Presidente no está obligado a consultar al pueblo es tan deleznable, como decir que, porque otros le han robado o usurpado la soberanía al pueblo, también yo puedo robársela o usurpársela.

Orden público y soberanía

Tampoco es cierto, como afirmo Santos el día que perdió el plebiscito, que como es responsable del orden público, es el dueño de la paz y puede imponernos el modelo de paz que él quiera.

Mi derecho fundamental a la paz no está constitucionalmente condicionado por el orden público. Al contrario, yo puedo ejercerlo contra cualquier gobierno porque el gobierno tradicionalmente ha sido su más grande violador. Constitucionalmente, como derecho fundamental, es un derecho irrenunciable y no podemos desprendernos de él, aun que quisiéramos; es de aplicación inmediata, y ni siquiera el legislador puede restringir su núcleo esencial, mucho menos el gobierno.

En nuestro sistema constitucional, es un derecho individual, de modo que lo tenemos cada uno de los colombianos, y podemos ejercerlo solos o acompañados y lo conservamos aunque lo ejerzamos individualmente. Como individuos titulares del derecho a la paz, podemos ejercerlo frente al Estado, en primer lugar contra los gobiernos, que históricamente son los principales violadores de los derechos humanos y frente a cualquier otro sujeto que pueda violarlo, público o privado.

Como titulares del derecho a la paz, y miembros de la sociedad civil, no aceptamos ninguna justificación para la violación del mismo, ni siquiera la que dan los combatientes de que lo hacen porque la otra parte también lo hace…

Por eso le exigimos, tanto al gobierno como la FARC, que no lo hagan y que mantengan el cese al fuego bilateral; que ninguna de las partes adopte la estrategia perversa, de ponerle plazo, que no es más que una amenaza de guerra; lo que está prohibido en el derecho internacional, que penaliza no sólo la guerra sino también la sola amenaza de ella; que es una manera vil y cruel de cobrarle a los colombianos que queremos la paz con justicia social por medio de una Constituyente, el hecho de no Haber votado por el SÍ.

El plazo al cese al fuego del gobierno, las conversaciones inocuas entre santos y Uribe, son todos actos de una misma estrategia: evitar que Santos asuma su responsabilidad política por la pérdida del plebiscito; cuya única manera de asumirla es renunciando, como lo hizo David Cameron, el general de Gaulle y hasta un dictador como Pinochet; es evitar que el pueblo soberano, titular del poder constituyente, árbitro supremo en los momentos de crisis, se reúna en la asamblea constituyente y logre, no la cesación parcial de un conflicto armado, sino la verdadera paz con justicia social, diseñando las instituciones que hagan realidad sus derechos.

Sabemos que los principales enemigos de esta asamblea constituyente son la clase política representada en el Congreso y el propio Presidente que quiere seguir fungiendo de “L'État, c'est moi”, antes de que el pueblo le impida que continúe usurpando su soberanía.

¡No más fraude al pueblo titular de la soberanía y del poder constituyente! ¡CONSTITUYENTE INMEDIATAMENTE!