UNA VERDAD A FLOTE

20.08.2017 15:26

RED-GES/EL SATÉLITE

 

 
Por: Hernando Gómez Buendía

Pelea de patanes

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Dudé mucho de escribir esta columna porque he vivido el problema en carne propia.

Pero me decidí, precisamente, porque me constan cosas que otros callan y que de veras importan a Colombia. Me refiero al periodismo independiente y al lugar de los medios en una democracia, que revivió a raíz del incidente entre Daniel Samper y Álvaro Uribe.

Acusar a alguien de “violador de niños” sin tener la prueba es por supuesto una infamia y un delito. Pero en este caso la calumnia y el debate fueron puro teatro, que incluyó mucho ruido en las redes sociales, más de 20 columnas de opinión, cartas de solidaridad y hasta un fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Y sin embargo, desde “le doy en la jeta, marica”, es evidente que Uribe es un patán. También era evidente que ni el jefe de Estado iba a fajarse a puños con aquel “marica”, ni que de veras creyera que fuera homosexual.

Tampoco nadie creyó que Uribe crea que Samper es literalmente violador de niños, y desde el “trino” inicial él se cuidó de que todos lo entendiéramos así. O sea que en efecto no hubo daño a la honra, sino una patanada más de Uribe que sirvió para que los amigos de Samper se rasgaran las vestiduras en defensa de “la libertad de expresión”.

Solo que a Samper nadie le va a quitar su columna de Semana ni a impedirle que escriba lo que le dé la gana: hubo un insulto y tal vez un delito, pero no hubo ni sombra de censura.

Y es aquí donde yo mismo soy testigo. Fui un crítico severo del gobierno Samper, y años después su sobrino me pasó la cuenta desde Soho, en un montaje que aprovechó el entonces presidente Uribe para pactar con Felipe López mi salida de Semana y para que Alejandro Santos escondiera el fallo del “tribunal ético” que ellos me habían montado y que me había absuelto de manera categórica.

Fue un caso —como hay varios— de censura contra un columnista independiente, y con la complicidad de los dueños de los medios. Y es aquí donde viene el problema de fondo: el de la relación y la confusión entre el derecho a la honra, la libertad de empresa y la libertad de expresión:

—Samper tenía el derecho de demandar a Uribe por calumnia, pero su honra no sufrió precisamente porque los medios lo absolvieron a coro (¿qué pasa en cambio con las personas de a pie que día tras día son difamadas por esos mismos medios?).

—La libertad de empresa permite que los dueños escojan o despidan a sus periodistas sin ninguna restricción; pero esta libertad protege al empresario y no a la sociedad.

—La libertad de expresión es otra cosa porque no protege al medio y ni siquiera al periodista, sino a la sociedad. Esta es la base y es la condición primera de una democracia, para que todas las ideas y los valores se puedan debatir.

Pero entonces tendríamos que entrar en las preguntas incómodas sobre la propiedad y el control de los medios, sobre la relación entre sus directivos y el poder, sobre la organización interna y las regulaciones éticas de ese periodismo que a fin de cuentas decide de qué se habla en Colombia.

Y de qué no se habla.

* Director de la revista digital Razón Pública.

 
Por: Hernando Gómez Buendía

Pelea de patanes

Dudé mucho de escribir esta columna porque he vivido el problema en carne propia.

Pero me decidí, precisamente, porque me constan cosas que otros callan y que de veras importan a Colombia. Me refiero al periodismo independiente y al lugar de los medios en una democracia, que revivió a raíz del incidente entre Daniel Samper y Álvaro Uribe.

Acusar a alguien de “violador de niños” sin tener la prueba es por supuesto una infamia y un delito. Pero en este caso la calumnia y el debate fueron puro teatro, que incluyó mucho ruido en las redes sociales, más de 20 columnas de opinión, cartas de solidaridad y hasta un fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Y sin embargo, desde “le doy en la jeta, marica”, es evidente que Uribe es un patán. También era evidente que ni el jefe de Estado iba a fajarse a puños con aquel “marica”, ni que de veras creyera que fuera homosexual.

Tampoco nadie creyó que Uribe crea que Samper es literalmente violador de niños, y desde el “trino” inicial él se cuidó de que todos lo entendiéramos así. O sea que en efecto no hubo daño a la honra, sino una patanada más de Uribe que sirvió para que los amigos de Samper se rasgaran las vestiduras en defensa de “la libertad de expresión”.

Solo que a Samper nadie le va a quitar su columna de Semana ni a impedirle que escriba lo que le dé la gana: hubo un insulto y tal vez un delito, pero no hubo ni sombra de censura.

Y es aquí donde yo mismo soy testigo. Fui un crítico severo del gobierno Samper, y años después su sobrino me pasó la cuenta desde Soho, en un montaje que aprovechó el entonces presidente Uribe para pactar con Felipe López mi salida de Semana y para que Alejandro Santos escondiera el fallo del “tribunal ético” que ellos me habían montado y que me había absuelto de manera categórica.

Fue un caso —como hay varios— de censura contra un columnista independiente, y con la complicidad de los dueños de los medios. Y es aquí donde viene el problema de fondo: el de la relación y la confusión entre el derecho a la honra, la libertad de empresa y la libertad de expresión:

—Samper tenía el derecho de demandar a Uribe por calumnia, pero su honra no sufrió precisamente porque los medios lo absolvieron a coro (¿qué pasa en cambio con las personas de a pie que día tras día son difamadas por esos mismos medios?).

—La libertad de empresa permite que los dueños escojan o despidan a sus periodistas sin ninguna restricción; pero esta libertad protege al empresario y no a la sociedad.

—La libertad de expresión es otra cosa porque no protege al medio y ni siquiera al periodista, sino a la sociedad. Esta es la base y es la condición primera de una democracia, para que todas las ideas y los valores se puedan debatir.

Pero entonces tendríamos que entrar en las preguntas incómodas sobre la propiedad y el control de los medios, sobre la relación entre sus directivos y el poder, sobre la organización interna y las regulaciones éticas de ese periodismo que a fin de cuentas decide de qué se habla en Colombia.

Y de qué no se habla.

* Director de la revista digital Razón Pública.

 

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