Tomen nota

03.12.2010 05:42

¡Nadie puede perder el año escolar! Fue la orden de la ministra María Fernanda Campo a los secretarios de educación, a las instituciones educativas y a los docentes del país, mediante la directiva Nº 29 sobre evaluación de los aprendizajes de los estudiantes emitida el 16 de noviembre de 2010.

Esta nota oficial ha causado un maremágnum en los colegios, atestados por estos días de padres de familia que, a decir verdad, es la única vez que se hacen presenten en los planteles donde estudian sus hijos a ver qué pasó; por qué perdieron el año…

La directiva, publicada en todos los medios, es enarbolada por los padres reclamando el derecho de sus hijos porque, prácticamente, la ministra responsabiliza a los docentes de la crisis actual causada por la pérdida del año de un amplio número de estudiantes al afirmar que “la reprobación de los estudiantes puede deberse a múltiples causas, entre ellas, ineficaces prácticas pedagógicas, y no solamente a las falencias de los estudiantes”.

Tamaña acusación ministerial desconoce los desastrosos efectos que trajo para la calidad de la educación la promoción automática introducida en el país con la imposición del decreto 230 de 2003 sobre evaluación y promoción de los estudiantes y el caos que ha generado la puesta en marcha de su remplazo, el decreto 1290 de 2009, sobre el mismo tema.

Claro que en el fragor de estas reclamaciones pagarán “justos por pecadores”. Algunos padres tendrán razón, como, por ejemplo, las denuncias que ha recibido El Satélite en el municipio de Tocancipá en donde, en el colegio Industrial se han presentado maltratos a estudiantes y padres de familia a quienes les arrojan a los pies sus calificaciones diciéndoles… “Y haga lo que quiera”; o en el Departamental en donde las notas se extravían y en vez de buscarlas optan por “rajar” al estudiante por la no presentación de sus trabajos.

El periódico tiene las denuncias de varios padres de familia que pidieron reserva de sus nombres con el fin de evitar retaliaciones de los profesores a sus hijos.

Pero, en justicia, no parece prudente que el gobierno nacional haya desatado una jauría contra los profesores con esa directiva que esconde más una avaricia fiscal que el ánimo altruista con los niños y jóvenes del país que pierden el año.

Aunque resulte difícil, la única solución posible es emprender una cruzada nacional por el rescate de la dignidad docente, el restablecimiento de una verdadera autonomía escolar dentro de la cual, efectivamente, sean las instituciones las que determinen qué se enseña y cómo se enseña; qué se evalúa y cómo se evalúa, y sean los criterios de la calidad y de servir a los intereses nacionales los que se impongan y no los de la “racionalización económica” y el servicio a los intereses de las multinacionales, que el modelo neoliberal impone.