La paz de Santos no llega a la Guajira, ni al Chocó, ni al Vaupés ni al Vichada. La paz que se negocia en La Habana, no pasa de ser un arreglo ventajoso entre el Gobierno y las Farc

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Opinión/El Satélite

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“El proceso de paz que nosotros queremos es un PRECESO DE PAZ con justicia social”, dice el exmagistrado, Jaime Araujo, en su documento “Paz y sociedad civil: problemas jurídicos y políticos”, del cual, El Satélite, ha venido resumiendo algunos temas…

Araujo explica que “cuando decimos justicia social”, se refiere a que los colombianos tengan más derechos, o por lo menos, que se les cumplan los ya conquistados.

No parece ser el caso de los indígenas Wayuu de la Guajira, según la denuncia que en su columna de El Mundo, de Medellín, hace la senadora liberal, Sofía Gaviria Correa…

Al cabo de un recorrido por la región, la senadora dice: “El abandono por parte del Estado es sistemático: más del 80% de los niños que atendimos sufren de desnutrición crónica. A medida que se asciende a la Alta Guajira, la desnutrición es más severa y más generalizada. La lactancia materna se extiende hasta el próximo embarazo, porque los niños no tienen nada más qué comer”…

Coincide la denuncia de la senadora con una de las dramáticas conclusiones del exmagistrado en el documento mencionado…

“Nada ganamos nosotros con tener un proceso de paz donde al final, los únicos que van a obtener beneficios son los dos actores armados”…

Este tema de la justicia social no es, como se pretende descontextualizar de las negociaciones de La Habana “un discurso de mamertos”. Ni siquiera pertenece al gobierno nacional o a las Farc: es un reclamo de la sociedad civil que ve como de La Habana están saliendo todos los beneficios para el Gobierno y las Farc (los victimarios), y nada para la sociedad civil, y ni siquiera para las víctimas, en particular.

El exmagistrado es contundente en este aparte:

… Con la bandera de la Paz, el Presidente ya obtuvo un beneficio: se reeligió… Y las Farc también, al quedar disminuida, casi que borrada su responsabilidad por delitos por los cuales ya han sido condenados y, fuera de eso, algunos de sus dirigentes podrán llegar en carroza electoral de lujo al Congreso.

Pero más allá de La Habana nos espera un proceso de paz sin justicia social, no al menos por lo que se puede colegir de esta denuncia de la senadora antioqueña en la que acusa, de frente, la negligencia del Ministerio de Salud y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al decir:

… “A la directora de esa entidad nos hemos cansado de invitarla a las actividades sobre la niñez que ha realizado la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que presido, pero nunca ha asistido. Invitamos al Ministerio de Salud a vincularse a esta iniciativa pero, por problemas de tramitología, no nos pudo apoyar. ¡Este país!

“Al constatar, una vez más, la gravedad de la crisis de desnutrición en La Guajira (sin hablar de la que padecen los niños del Vaupés, de Vichada o del Chocó) y la falta de acuciosidad y de aplomo del ICBF para asumir la responsabilidad y enfrentar esta tragedia, debo reiterar que a Cristina Plazas (la directora), le quedó grande el cargo”.

La senadora Gaviria toca solo este tema de la Guajira, pero de ‘guajiras’ del mismo corte está plagado el país de norte a sur y de oriente a occidente, y en todos los campos de los derechos fundamentales, y de la vida cotidiana de los ciudadanos en términos generales.

No es que no se quiera la paz… Es todo lo contrario: es que se quiere que de La Habana salga siquiera un mínimo de paz con justicia social.