Paradojas del salario mínimo

18.01.2011 06:42

Por Luís Pérez Gutiérrez: 

 

La mesa de concertación del salario mínimo ha sido un fracaso año tras año. Los trabajadores piden aumentos generosos y el gobierno y los empresarios se mueven con la austeridad en el bolsillo.

El IPC creció en un 3.4% y el salario mínimo lo aumentaron en 3.5%. Y en una noble decisión del Presidente Juan Manuel Santos, se corrigió al 4%.

Los economistas manejan la teoría que el aumento del salario mínimo es inflacionario y puede crear desempleo. Es una teoría peregrina. La meta primera de todos los estados del planeta es derrotar la pobreza. Incluso el Banco Mundial en sus estatutos tiene como misión esencial acabar la pobreza en el mundo. Pero en práctica, economistas y BM, no muestran avances.

Aumentar el mínimo en cifras cercanas a la inflación sería aceptable si de  verdad existiese una disciplina económica de gobierno y empresarios que logre que los productos de primera necesidad crezcan por debajo de la inflación. Si empresarios y gobiernos son tan radicales para encarcelar el salario mínimo, no se entiende porque no tienen la misma energía para controlar precios de productos y servicios bajo su tutela.

Mientras el salario mínimo creció en 4% y el subsidio de transporte de los trabajadores aumentó solo en 3.7%, se autoriza incrementos del 8% en tarifa de transporte público; del 13% en los tiquetes del Metro; y del 8% en tarifas de taxis. Y la gasolina la aumentan en más del 12%; la Energía y los SSPP en más del 12% y los peajes subieron hasta el 20%. Y nunca vuelven a disminuir. Y este episodio se repite año tras año. Esta es la paradoja de la inflación. Todo sube más que el IPC.

Colombia quiere acabar con la pobreza y ha firmado pactos internacionales. Si no hay mejores salarios y una moderada redistribución del ingreso, la pobreza será la herencia eterna de Colombia.  Según Naciones Unidas, 10 millones de colombianos viven con menos de US2 dólares diarios. Y según el DANE, en 2011, el 52% de los trabajadores colombianos son informales; y el 85.9% de estos informales ganan menos de UN salario mínimo. De otro lado, de los trabajadores formales, el 49% ganan menos de un salario mínimo. Y en total, el 92% de los colombianos en edad de trabajar tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Es claro, que el 92% de los colombianos son dependientes del salario mínimo.

El futuro del ingreso de los ciudadanos se ve muy oscuro. Y la pobreza no parará en el largo plazo, pues, la pensión de jubilación es escasa para el colombiano. Solo el 9.1% de los trabajadores informales tiene seguridad social. Y en general, de los 19 millones de empleados, 11.5 millones no aportan para jubilación, y a estos se suman los 2.5 millones de desempleados. O sea, 14 millones de colombianos que trabajan o buscan trabajo hoy, en los próximos 15 años ni estarán en capacidad de trabajar ni tendrán pensión; esos futuros ancianos escogerán entre ser, pobres o indigentes.

La pobreza de Colombia depende del salario mínimo. Y en la agenda de los economistas no está derrotar la pobreza sino mostrar índices económicos elogiosos que embolaten el hambre de la gente. El dilema es: Sirve o no el salario mínimo para combatir la pobreza?

 

Desde el punto de vista humano, el principio que orienta a los economistas, al gobierno y a los empresarios es deleznable. No aumentar más el salario mínimo porque es inflacionario, es combatir la inflación a costa de la pobreza. Es preferible soportar un punto más de inflación y disminuir un punto de pobreza.

Nadie sale ni saldrá de pobre ni podrá ahorrar un centavo si se gana de por vida un salario mínimo.

Nuestro modelo económico tiene que replantearse o simplemente dejar de soñar en la derrota de la pobreza. Con el modelo actual, Colombia seguirá teniendo el 60% de la gente con ingresos menores a un salario mínimo y el 90% con menos de dos salarios mínimos.

Muy buena la reacción del Presidente Santos de romper esquemas y revisar el aumento del salario mínimo pues muestra una gran sensibilidad en reformar un hecho fallido y repetitivo que le quita derechos a la clase trabajadora.