MURIÉNDOSE DE SED JUNTO A LA FUENTE

La población indígena de los Wuyúu, en la Guajira colombiana, la más grande de este país, unos 500.000 aborígenes, tuvieron que acudir el pasado 6 de febrero a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en procura de una medida cautelar que les permita recuperar el uso del río Rancherías, el único que poseen, y con ello detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores.

Las estadísticas hablan de unos 5.000 niños, de una población de 37.000, que han muerto de hambre, aunque autoridades tradicionales Wayúu, como Armando Valbuena, sostienen que el número de pequeños muertos de hambre se acerca, en realidad, a los 14 mil.

El periodista colombiano, Gonzalo Guillén, ha elaborado un documento-denuncia de esta situación titulado “El río que se robaron”, que será estrenado próximamente en un canal de TV de Miami y será, además, soporte probatorio de la demanda presentada ante la CIDH a través del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dirigido por la abogada Carolina Sáchica, quien elaboró la solicitud legal de medidas cautelares.

La mayor parte del cauce del rio fue desecado, pues, su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón a cielo abierto del Cerrejón.

Esta demanda pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que restringen el libre curso del rio del cual han vivido por centenares de años la población prehispánica de los Wayuú.

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Fuente principal: Las 2 Orillas/Diana López Zuleta/Resumen: El Satélite