ESCUPIENDO PA'RRIBA

Octavio Quintero/Opinión

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Le siguen ‘dando madera’ al partido Liberal por el costo que significó la elección de su candidato presidencial mediante consulta interna que contempla, tanto la inversión misma en la jornada electoral, como la reposición pecuniaria por votos válidos registrados: en total, $43.254 millones.

Ningún político o partido político que esté ‘mamando’ del Estado tiene autoridad moral para cuestionar el costo de esa consulta partidista, porque la misma obedece a normas constitucionales y legales expedidas por la clase política. No se puede hallar mal lo que uno mismo aprobó, todo porque en su momento el beneficio no sea de uno. Eso es doble moral, y de eso sí que está plagada la política nacional.

“La democracia cuesta”, dice el partido Liberal, y se califica su respuesta de “cínica”, al considerar sus detractores, bajo la premisa de defender los intereses del pueblo, que tal suma pudo haberse invertido en cosas más necesarias a la comunidad.

¿Cuánto cuesta la democracia? ¡Mucha plata! Y sería mucho lo que se pudiera ahorrar, si a eso vamos.

Suprimamos, por ejemplo, el artículo 109 de la Constitución, que en lo pertinente dice:

El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados. (…) Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado (…).

La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo. La cuantía de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas. Las consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este Acto Legislativo.

Y podemos ahorrar más:

Suprimamos el sistema bicameral y dejemos solo un cuerpo legislativo de dos miembros por departamento (uno por los grupos mayoritarios y otro por los minoritarios); dos más por cada capital de departamento constituida en área metropolitana con la misma conformación propuesta para los departamentos; y uno más por cada grupo social diferente: los indígenas; afrodescendientes; población LGBTI y, uno más, por los colombianos residentes en el exterior. Y fuera de eso, reducir su asignación a una proporción razonable del salario mínimo que gana la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos. Y si se quiere más, exigirles rendimiento laboral. Y así en escala descendente a las asambleas y concejos.

No nos metamos aquí con la estructura del Ejecutivo y el Judicial. Dos ejemplos bastan para ver que sí se podría también ahorrarnos una ‘platica’ para los pobres; tanto más, que haría ver una ‘pichurria’ lo gastado en la consulta interna del partido liberal: por ejemplo, todo el costo de la flamante JEP (Justicia Especial para la Paz) que pudo haber sido asumida, mutatis mutandis, por la justicia ordinaria; y unas cuantas superintendencias: digamos, esa de Salud que autorizó el criminal funcionamiento de la EPS Medimás, sin tener siquiera contratos con los hospitales y clínicas para atender a más de 5 millones de afiliados que iba a recibir.

Así que, si nos vamos a poner serios, que sea en serio; de lo contrario no sigamos escupiendo ‘pa’rriba’; y sobre todo, tanto comentarista y columnista de prensa, radio y televisión cuyos altos honorarios se derivan del presupuesto público que este gobierno les ofrenda a manotadas a los medios de comunicación en procura de mantener una falsa imagen pública.

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Fin de folio.- Que levante la mano el partido político o político que no esté ‘chupando’ del Estado.