El Estado está "Alterado"

04.11.2010 17:59


Por César Paredes

Semana.com.- 

La cooptación mafiosa del Estado, según los propios "paras" alcanzó casi una tercera parte del Congreso.

 

En su más reciente investigación, la organización DeJusticia pone la lupa sobre los principales males de la democracia colombiana: clientelismo, mafias y debilidad institucional.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), acaba de publicar su más reciente investigación, llamada Estado Alterado.

En el libro, que consta de cinco capítulos y que es la continuación del libro Mayorías sin democracia, la organización analiza hasta dónde las mafias, el clientelismo y la debilidad institucional, han afectado la democracia colombiana.

Para el efecto, los investigadores Javier Revelo (columnista de Semana.com) y Mauricio García (columnista del El Espectador) se basaron en investigaciones previas, pero se concentraron en temas fundamentales como la cooptación del Estado en el nivel regional, la fragilidad de las instituciones que intervienen en los procesos electorales y la resistencia de la Justicia al proceso de cooptación de los poderes ilegales.

La conclusión, reza la investigación:

“En Colombia hay instituciones que funcionan más o menos bien, sobre todo en las grandes ciudades… Pero en el resto del país la mafia parasita las instituciones”.

 

A propósito de la publicación de la investigación. Semana.com habló con Javier Revelo, coautor del libro, quien explicó por qué si bien en Colombia no hay un Estado fallido, tampoco se puede decir que hay un Estado victorioso.

 

Semana.com: Ustedes afirman en su libro que el Estado colombiano es un “Estado alterado”. ¿Por qué?

 

Javier Revelo: Colombia siempre ha tenido un Estado débil que no ha logrado llegar a las regiones. Ha delegado poder en caciques y gamonales y a través de esa delegación ha hecho presencia. Esa debilidad y esa delegación generaron prácticas clientelistas. Hay grandes intermediarios que manejan el Estado a su servicio y se usufructúan de él.

Pero eso no es nuevo, eso viene de atrás. Lo que ha pasado en los últimos 15 años es que a ese fenómeno se le sumó el interés de las mafias y las organizaciones criminales de incrustarse en la política. Los intermediarios entre ciudadanos y el Estado pasaron a ser los señores de la guerra.

 

Semana.com: Pero hay quienes destacan que Colombia tiene 200 años de historia republicana. Aun así, ¿las instituciones son débiles?

 

J.R.: Se ha construido una historia de exaltación de la democracia que en cierta medida es verdadera. Si se compara la primera mitad del siglo XX de Colombia con la de otros países, se advierte que este país era una de las pocas democracias vigentes de América Latina, aunque criticable. Eso ha creado una idea del civilismo de nuestra democracia, pero hay que revisar qué tan cierto es. Porque, por ejemplo, el fraude electoral, que se conoce muy poco pero que viene de atrás, demuestra que esa “regularidad de las elecciones” está acompañada de prácticas irregulares. Y a esas prácticas fraudulentas se sumó el poder de la coacción.

 

Semana.com: ¿Qué han hecho los gobiernos recientes?

 

J.R.: Han tratado de fortalecer las Fuerzas Armadas y hacer presencia, pero eso no es per se el fortalecimiento del Estado. Es necesario, pero es importante que se haga dentro de la legalidad. Si el Estado se alía con actores ilegales, que fue lo que pasó en muchas regiones, entra deslegitimado y dejando víctimas a su paso. Tampoco es suficiente. Es necesario fortalecer la administración pública, los servicios sociales, la administración de justicia. Hay que hacer un trabajo de reconstrucción institucional.

 

Semana.com: ¿Cuál fue el objetivo de su investigación?

 

J.R.: Tenemos una preocupación por ver cuáles son esas debilidades del Estado que han permitido, que facilitan o que no se oponen a un proceso de captura del Estado que ya está bien documentado en otras investigaciones. No se trató de hacer el mapa de la captura del Estado, sino que seleccionamos casos para dar una interpretación de lo que ocurrió.

 

Semana.com: ¿Cuáles son los estudios de caso más relevantes?

 

J.R.: Por ejemplo, qué ha pasado en los últimos 10 años con la carrera administrativa, la carrera diplomática, la carrera notarial y la política agraria. Se hizo un recuento de cómo se han intentado regular esas áreas, pero no se ha logrado a pesar de ser mandatos constitucionales.

También se advierte que los problemas del clientelismo siguieron presentes en los últimos 10 años, con la diferencia de que en los últimos ocho, el Presidente tuvo mucho poder, que habría podido utilizar para fortalecer al Estado y combatir la corrupción, pero no lo hizo.

 

Semana.com: A propósito de las carreras, ¿qué encontraron?

 

J.R.: La carrera administrativa es uno de los antídotos fundamentales para combatir el clientelismo, se trata de establecer un servicio burocrático profesional que ingrese a través de un concurso de méritos. La Constitución del 91 se preocupó por eso; hay mandatos expresos para que se regule. Pero encontramos que poderes políticos se han resistido. El Congreso, desde 1991, ha hecho al menos tres leyes que regulan la carrera, pero los congresistas le han incluido artículos que permiten el ingreso a la carrera sin aprobar los concursos de méritos. La Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales esos proyectos.

Los políticos se dieron cuenta de que la Corte les iba a seguir declarando inconstitucionales estas leyes, entonces decidieron, en lugar de hacer una buena Ley, reformar la Constitución en 2008.

Afortunadamente la Corte nuevamente declaró inconstitucional esta norma.

 

Semana.com: Hay una afirmación polémica en su libro: que la “descentralización”, que fue uno de los principios de la democracia liberal incorporados en la Constitución, ayudó a consolidar a las mafias locales. ¿Por qué?

 

J.E.R.: El tema de la descentralización se debate entre su bondad teórica y su aplicación práctica. Este libro no es la respuesta a este difícil dilema, pero hace preguntas en ese sentido bajo el entendido de que el diseño territorial del Estado es un tema clave para examinar la debilidad institucionalidad.

La descentralización está justificada teóricamente porque acerca a los ciudadanos al Estado.  Además, para el caso colombiano se justificó porque ayudaba a reducir la violencia. La ecuación era simple: descentralización más democracia igual paz. Nadie está en contra de esa idea.

Si hay ciudadanos con garantías de igualdad para competir por las elecciones, eso funciona. Pero aquí el problema es que no en todos los municipios del país se cuenta con instituciones estatales y con ciudadanos. En muchas regiones, no todas, el poder armado tiene una gran capacidad de incidir en el mapa electoral. Freddy Rendón Herrera, alias el ‘Alemán’, dijo que la base de la democracia estaba en el municipio porque ahí es donde están los votos. Tenía toda la razón.

Hizo una buena interpretación, porque los constituyentes creyeron que abriendo el régimen político iban a entrar los ciudadanos, pero en algunos casos, donde la competencia y la libertad no existían entraron las mafias.

 

Semana.com: En el capítulo referente a la rama judicial ustedes subrayan que resistió la cooptación. ¿En qué casos específicamente?

 

J.R.: Sin medios de comunicación, sin organizaciones sociales y sin rama judicial, el país estaría en otro nivel de captura del Estado por cuenta de las mafias.

En algunos casos, la justicia ayudó a la captura del Estado, hay casos de fiscales u otros funcionarios que han colaborado con políticos e ilegales, pero creemos que eso ha sido marginal. Hay importantes parcelas de la Justicia que han resistido esa captura. El ejemplo más claro de esta resistencia estaría en la Corte Suprema de Justicia que ha investigado y juzgado la clase política, o ha emitido conceptos desfavorables a extradiciones.

 

Semana.com: Hay quienes dicen que el Estado colombiano es un Estado fallido. ¿Ustedes qué opinan?

 

J.R.: Nosotros no creemos que sea así. Así como uno puede hablar de debilidades, también puede hablar de fortalezas. El Estado no es homogéneo, ni fracasó completamente, ni triunfó.

Hay zonas en las que funciona relativamente bien y otras en las que no. Mauricio García (coautor del libro) explica esa condición con una metáfora: dice que el Estado es como la luz de una lámpara que ilumina una superficie: en Colombia esa iluminación es parcial, deja espacios en tinieblas y otros a media luz. Pero eso no quiere decir que haya fracasado.

 

Semana.com: ¿En la escala de importancia de los asuntos de los que se ocupa el Estado, los procesos electorales qué lugar ocupan?

 

J.R.: La captura del Estado entró por la política. Los mafiosos, los corruptos, en algunas regiones, ganaron las elecciones, a veces convenciendo a la gente, a veces intimidando, y a veces porque se las robaron. Una combinación de todo eso impulso el proceso de captura del Estado.

 

Semana.com: Al final ustedes hacen recomendaciones. ¿Cuáles son las más importantes?

 

J.R.: Más que macro reforma de la Justicia, por ejemplo, el Estado tiene que comprometerse con incrementar la probabilidad de que si alguien comete un delito sea sancionado. Eso disuade. Cuando los paramilitares se desmovilizaron sólo había 307 con antecedentes judiciales. Se convirtieron en un monstruo increíble y la justicia no se dio cuenta. Si no tenemos una justicia que sea capaz de enfrentarlos, que los desarticule, se vuelve a crear otro monstruo de ese tipo.

En segundo lugar, es necesario reformar la Constitución para excluir a los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral. Hay que integrar ese Consejo con magistrados que puedan actuar independientemente de los intereses partidistas. También es necesario actualizar la normatividad electoral. El Congreso tiene una deuda histórica en ese sentido, porque hay una Constitución y dos grandes reformas constitucionales, la de 2003 y la de 2009, y tenemos un Código electoral del 86. Eso es fundamental, porque los vacíos normativos, generan dobles interpretaciones, y facilitan el esguince a las normas, es decir, la corrupción política y el fraude.

Pero además hay que hacer un trabajo de concientización para que la sociedad sancione la corrupción con su voto, si no hay una cultura política en este sentido, las capacidades institucionales serán siempre limitadas.